La escasez y encarecimiento de la vivienda es uno de los problemas más graves que afrontamos como sociedad porque destruye el consenso social que nos une. Hay motivos para el pesimismo y la razón es clara: todo problema complejo exige un diagnóstico acertado y una evaluación realista de las terapias, y en este caso no contamos ni con uno ni con otra.
La política de control de los precios (declaración de zonas tensionadas, etc.) afronta los síntomas del mal –el precio–, pero no la causa –la escasez de vivienda–. Por este motivo, son medidas que favorecen a los inquilinos actuales, pero no a los que aún no lo son: los jóvenes, los inmigrantes y cualquiera que tenga necesidad de alquilar por primera vez.
Por lo que se refiere a la construcción de vivienda nueva, ya he argumentado que hacerlo en la Barcelona metropolitana se enfrenta a una dificultad física: la falta de espacio Ahora bien, este no es el problema principal. que, al carecer de trabajadores, la construcción masiva exige una incorporación de nuevos inmigrantes que, a la corta, agravará el problema porque, antes de empezar a construir, los inmigrantes necesitan vivienda. primeros ocho años del siglo construyendo viviendas como desesperadas sin solucionar nada. ¿Qué nos hace pensar que esta vez será diferente?
Deberíamos ser conscientes de que en el fondo de nuestro problema existe el aumento de la población. La de la Barcelona metropolitana crece desde principios del siglo al 1% anual y es fácil demostrar que crear vivienda para una población que crece a este ritmo exige un esfuerzo inversor por encima de nuestras posibilidades a corto plazo.
La población no crece por razones demográficas, porque la fertilidad catalana es baja desde el siglo XIX y excepcionalmente desciende (muy por debajo de la tasa de reposición) desde hace cincuenta años. Crece a base de inmigración; hasta 1975 a causa de la industrialización y desde 2000 lo hace fundamentalmente por el crecimiento del turismo y, concretamente, del turismo urbano. También hay expatriados y estudiantes extranjeros, pero su volumen, sin ser despreciable, es menor.
El turismo urbano tiene un doble impacto sobre la vivienda: por un lado, atrae a inmigrantes que los necesitan; y, por otra, reduce su oferta porque los turistas también necesitan. En concreto, en la ciudad de Barcelona existen más de 150.000 plazas turísticas legales, fundamentalmente en hoteles y viviendas de uso turísticos (HUT). En 2000 había menos de 50.000. Las 100.000 adicionales se han logrado, en una pequeña parte, a base de construir hoteles de nueva planta, pero fundamentalmente transformando vivienda en hoteles, apartamentos turísticos y HUT. A esta cifra hay que añadir la oferta de habitaciones y viviendas realizada ilegalmente por los propietarios o por falsos inquilinos motivados por la posibilidad de obtener unos ingresos extraordinariamente elevados.
Superada la pandemia, el número de pernoctaciones en Barcelona sigue creciendo, por lo que en 2024 se cerrará con un récord histórico y nada hace pensar que el crecimiento tenga que parar por sí solo, de modo que el problema, aparentemente, parece agravará indefinidamente.
Afortunadamente, el turismo está dejando de ser una actividad económica incuestionable por parte de la gente de orden. Ha costado cambiar la mirada, pero ha cambiado. La prueba es que ya en 2019 la Generalitat autorizó al Ayuntamiento de Barcelona a implantar un recargo en la “tasa turística” de 4 € por noche, por lo que las pernoctaciones en los hoteles de 4 estrellas han pasado de aplicar 1 ,1 € a 5,7 €. Por otra parte, el gobierno español propone aumentar el IVA sobre los HUT del 10% al 21% sin que se hayan oído voces en contra importantes.
Sin embargo, estas medidas son poco más que placebo y la prueba es que es imposible distinguir el impacto de la “tasa turística” en un gráfico que refleje la evolución del número de pernoctaciones en Barcelona.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona –fundamentándose en una disposición de la Generalitat– acaba de anunciar una medida con un potencial extraordinario: la eliminación de las 10.000 licencias de HUT que existen en la ciudad. No quiero pecar de optimismo, pero las consecuencias pueden ser definitivas. En primer lugar, por la entrada en el mercado en muy poco tiempo de 10.000 viviendas, y poca importancia tiene si se realiza en forma de alquiler o venta. Esta posibilidad eclipsa a todos los planes –siempre fallidos– de construcción de nueva vivienda asequible que se han ido anunciando en los últimos años.
En segundo lugar, los HUT representan un tercio de las pernoctaciones turísticas que se realizan en la ciudad, por lo que eliminarlos puede representar un paso decisivo para reducir la dependencia de la economía de la ciudad respecto a este sector, una dependencia que es del todo excesiva.
