La apuesta federalista del PSC para reformar el modelo de financiación

BarcelonaEspaña se ha acostumbrado a vivir desde el 2014 con un modelo de financiación caducado. Por eso cuando el presidente español, Pedro Sánchez, se compromete a abordar la reforma del modelo esta legislatura, hay muchas voces que no se lo acaban de creer. Entre ellas, la de la Generalitat, que de momento no tiene ninguna intención de participar, a pesar de las peticiones insistentes del PSC. Este miércoles los socialistas han hecho pública su propuesta para Catalunya, que no dista mucho del documento que el ministerio de Hacienda hizo llegar en diciembre a los gobiernos autonómicos –y que el catalán ya criticó de manera vehemente–. El líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ha presentado el modelo del PSC como un punto de partida: incorpora el concepto de "nivelación parcial" para el reparto de recursos –una fórmula que permite respetar el principio de ordinalidad–, hace énfasis en la necesidad de tener en cuenta el coste de la vida en cada autonomía –como exige la Generalitat– y apuesta por los cambios en el concepto de "población ajustada".

En un acto en el Colegio de Periodistas en Barcelona, Illa ha advertido de que sin una mejora del modelo de financiación "no hay solución" al conflicto político, y ha hecho un llamamiento a abordarla con propuestas "viables". "La persistente insatisfacción con el sistema de financiación solo se puede recomponer si se analiza en clave federal", ha subrayado Montserrat Colldeforns, autora del informe junto con Maria Antònia Monés. En este sentido, el PSC se inspira en modelos como los de Suiza, Alemania y Canadá para plantear acordar el criterio de "nivelación parcial" con un único fondo de garantía que asegure el acceso "igual de todos los ciudadanos a los servicios del estado del bienestar".

Esta fórmula permite respetar el principio de ordinalidad, que implica que la comunidad que más aporte sea también la que más reciba al final, la segunda sea la segunda que más reciba, y así sucesivamente. "Las transferencias redistributivas pueden ser horizontales o bien con una fórmula mixta, todas cumplen el principio de ordinalidad", ha defendido: "La región más rica no acabará con menos recursos que la que tiene menos renta", a pesar de que la propuesta del documento es de una nivelación parcial, que no busca "igualar los recursos de los diferentes territorios, sino reducir las diferencias". Monés ha defendido que el principio que "rige los estados federales es el de la equidad y la autonomía, y no el de la igualdad total": "Se respetan las diferencias con una nivelación para que nadie se quede atrás".

Las autoras del informe han abierto la puerta a revisar el hecho de que el reparto de recursos se haga a partir de la población ajustada y no de la población total: esto quiere decir que se tienen en cuenta varios indicadores sobre los costes que tiene cada comunidad para proveer un determinado servicio. Por ejemplo, los grupos de edad. Un cálculo que nunca ha estado exento de polémica, porque cada indicador puede beneficiar o perjudicar los recursos que recibe una comunidad. En su respuesta enviada a la Moncloa a finales de enero, el Govern ya defendió que el criterio de población ajustada "no se ajusta a la realidad de Catalunya". La propuesta de la Moncloa era subir el peso que tendría el coste de Sanidad hasta el 45% del total y el de Educación podría llegar al 30%.

En paralelo, las autoras del escrito han instado a aclarar mejor las competencias compartidas entre comunidades y Estado, y a abordar una "reforma federal de las instituciones". Colldeforns ha remarcado además la "fuerte competencia" entre comunidades que se ha creado "sobre todo desde 2011": "Esto genera un empobrecimiento del conjunto del sector público y más desigualdad". Por lo tanto, se propone trabajar en una vía para que las comunidades autónomas "participen de manera mucho más activa en el rendimiento y la elaboración de impuestos", incluidos los impuestos compartidos, pero también limitar la "competencia fiscal a la baja", lo que implicaría más la puesta en marcha de los consorcios tributarios que prevé el Estatut. Ahora hace unos días los comuns planteaban su propia propuesta –también en el Colegio de Periodistas– y partían de las mismas premisas: ordinalidad, único fondo de garantía y una imposición mínima obligatoria para todas las comunidades.

"Catalunya no puede ausentarse del debate"

"Nos gustaría que hubiera más ámbitos que hicieran aportaciones en este debate, en el que Catalunya no puede ausentarse", ha sentenciado Illa, acompañado del ex president del Govern José Montilla. La reforma del sistema de financiación genera tensiones entre comunidades autónomas, pero en el último año los gobiernos socialistas de las Islas Baleares y el País Valenciano han hecho piña para defender una reforma y han instado reiteradamente a Catalunya a sumarse. Pero el Govern de Aragonès se ha negado. Illa ha admitido que el debate sobre financiación es "complejo" y ha presentado el documento como un punto de partida de un "proceso de reflexión que tiene que contar con más aportaciones y que será sereno". El ex president Montilla, por su parte, ha dicho que Catalunya "había liderado este tema hasta el 2009" y ha lamentado que actualmente "otras comunidades ejerzan más liderazgo que nuestro Govern".