Las (otras) carpetas de la partida con el Estado

Barcelona / MadridEl proceso de negociación que los gobiernos catalán y español abrieron en septiembre con la reanudación de la mesa de diálogo será largo. A pesar del margen de dos años de confianza que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, arrancó a JxCat y la CUP en sendos acuerdos de investidura, las dos delegaciones acordaron trabajar sin plazos. Entre otros motivos, después de constatar y reiterar públicamente que las posiciones de partida están muy alejadas en ambos lados de la mesa, donde de momento solo sentaron consellers de ERC. “Ni referéndum ni amnistía son posibles”, remarcó una vez más el presidente español, Pedro Sánchez, mientras Aragonès aseguró que la Generalitat ya trabaja en los “detalles jurídicos” para plantear cómo sería una nueva votación sobre la independencia.

El muro español a las dos principales demandas catalanas, sin embargo, no impide que los dos ejecutivos se hayan conjurado para una negociación de largo recorrido de donde salgan acuerdos concretos. Y esto a pesar de trabas evidentes, como la detención del expresident Carles Puigdemont el 23 de septiembre en Cerdeña. Si el líder socialista apuesta por “empezar a hablar de las cosas en las que haya posiciones más próximas”, el conseller de Trabajo y miembro de la delegación catalana en la mesa, Roger Torrent, también admitía en una entrevista en el ARA que “antes del resultado final” hará falta que las conversas desemboquen en “hitos intermedios”. ¿Pero cuáles son estos puntos comunes donde puede haber pacto? La Moncloa está convencida de que están en la “agenda del reencuentro”, el compendio de propuestas para Catalunya basadas -a excepción del referéndum- en las demandas que los presidents Carles Puigdemont y Artur Mas habían reclamado sin éxito al gobierno de Mariano Rajoy. Un documento genérico en la parte más política y que, contrariamente a lo que querría el independentismo, busca derivar los acuerdos hacia los ámbitos y órganos más sectoriales, como la Comisión Bilateral.

¿Avances en el diálogo?

Con una previsible divergencia de interpretaciones -entre gobiernos y dentro del independentismo mismo- sobre cuáles de estas cuestiones supondrían o no un adelanto en el diálogo, la partida con el Estado se juega en al menos cinco carpetas más allá de la autodeterminación y la amnistía. Una de las primeras es la negociación de los presupuestos del Estado, pero también se mantienen activos el pleito por la ampliación o no del aeropuerto de El Prat y los traspasos pendientes, además de la protección del catalán a la nueva ley del audiovisual que aprobará pronto la Moncloa. La evolución de la judicialización y los detalles de la ley de memoria histórica completan los puntos calientes del futuro inmediato.

Presupuestos y gestión de los fondos europeos

A pesar de que Esquerra ató la duración de la legislatura a la mesa de diálogo, lanza avisos para que no se dé por hecho su apoyo a los presupuestos del Estado. “Estamos lejos”, va repitiendo el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián. Los republicanos piden que se cumpla con el pacto para las cuentas de 2020: reunir una comisión de seguimiento sobre el cumplimiento de los acuerdos -no ha pasado-, unas inversiones que se adecúen al peso catalán en el PIB español, la gestión del ingreso mínimo vital -no se ha cumplido- y la cogobernanza de los fondos europeos. El conseller de Economía, Jaume Giró, también la reivindica y hace unos días criticó el “afán recentralizador” del Estado.

El Govern quiere abordarlo en la Bilateral, pero la Moncloa se niega e insta al president Pere Aragonès a acudir a la Conferencia de Presidentes autonómicos, donde se aborda esta cuestión. Sobre las cuentas, Junts vacila con una posible negociación, a pesar de que la portavoz en Madrid, Míriam Nogueras, dijo a Sánchez: “Con ustedes no se puede negociar nada”.

Inversión en El Prat y traspasos pendientes

La inversión estatal en El Prat ha quedado por ahora suspendida, pero la reforma del aeropuerto promete nuevos capítulos. El plan del Govern aprobado hace poco se fijaba el objetivo de reclamar al Estado el traspaso de la gestión, y también cuestiones como unir los aeropuertos de Barcelona, Girona y Reus con alta velocidad. Pero esta carpeta todavía será mucho más gruesa. Cuando la Generalitat y el gobierno español acordaron en agosto reactivar la Comisión Bilateral, el Govern trajo una lista de 56 traspasos pendientes. Este mes se reunirá un grupo de trabajo entre los dos ejecutivos para empezar a concretarlos. Hace unos días el director general de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Bernat Costas, estuvo en Madrid para empezar a preparar la cita. Algunas de las demandas que el Govern ve maduras para conseguir son la gestión de las becas, la de la formación de MIR en Catalunya y la de Salvament Marítim. Pero reclamará otros temas como el traspaso de Cercanías o de edificios de titularidad estatal. Entre ellos, la comisaría de Vía Laietana.

Estatus del catalán en el audiovisual

“La lengua es un pilar fundamental y no se puede avanzar en ninguna negociación ni mesa si no se preserva”, defendía hace dos semanas el conseller de Economía, Jaume Giró. Hacía referencia a la especial protección del catalán en la nueva ley española del audiovisual, demanda de la Generalitat que se mantiene excluida del proyecto con el que trabaja la Moncloa. Tanto el Govern como los comuns presionan al PSOE para que, entre otros, la norma fije cuotas específicas de obras y producciones en catalán, y la negociación continúa abierta a pesar de que el proyecto de ley se prevé que llegue de manera inminente al consejo de ministros. Ante las alarmas que han saltado durante las últimas semanas por este hecho, la Moncloa ha dejado claro que no hay nada cerrado, y fuentes del ejecutivo español confían en que habrá un acuerdo para que el redactado final satisfaga las demandas catalanas. Fuentes del Govern confirman que ha habido conversas recientes para acercar posiciones. De momento, sin embargo, la Generalitat ha decidido tirar hacia delante -como quería JxCat- y ha aprobado la memoria preliminar para elaborar una nueva ley del audiovisual catalana. Habrá que ver si los dos textos acaban chocando.

Causas abiertas por el Procés

Ni el PSOE ni Esquerra han afirmado públicamente que los indultos a los presos políticos hayan formado parte de una negociación, a pesar de que la derecha política, judicial y mediática advirtió que era la contrapartida al apoyo de ERC en las cuentas de 2021 -desde Unidas Podemos se dice en privado que la Moncloa los asumió al poco del acuerdo de coalición-. Revertir la judicialización del Procés es la actuación más delicada por las dificultades de intervenir, como se demostró, por ejemplo, con la detención de Carles Puigdemont en Cerdeña. En cuanto a la causa del Tribunal de Cuentas, la Abogacía del Estado no se ha querido mojar sobre los avales del ICF, pero se ha retirado del proceso. La Fiscalía, en cambio, continúa, y también acusa a los CDR de terrorismo. Los indultos han supuesto un primer paso para deshacer el camino de la represión, y la reforma de la sedición pasa ahora a debatirse en la mesa de diálogo.

Ley de memoria democrática

Uno de los muchos frentes abiertos entre el PSOE y ERC será la ley de memoria democrática que impulsa el gobierno español. Aprobada ya en el consejo de ministros, ahora es la hora que el Congreso decida si lo admite a trámite. Se votará jueves. La norma impulsa cuestiones como la extinción de la Fundación Francisco Franco, la creación de un fiscal específico para llevar a cabo investigaciones o la declaración de nulidad de las “condenas y sanciones” de los tribunales franquistas. Esquerra, sin embargo, lo ve insuficiente. Por ejemplo, la ley descarta expresamente que las víctimas del franquismo puedan reclamar indemnizaciones al Estado. Los republicanos exigen que las víctimas puedan reclamar la restitución material, por ejemplo, del patrimonio confiscado. El síntoma del desacuerdo es que el grupo de Gabriel Rufián ya ha presentado una enmienda a la totalidad -con un texto alternativo- para que el Congreso frene la norma y la Moncloa lo tenga que rehacer. El precedente es la ley de memoria histórica de 2007. Se aprobó, pero sin el voto de ERC porque entonces ya creía que se quedaba corta.