Presión a Sánchez para que aclare el papel del CNI en el espionaje

Barcelona / MadridSi el independentismo ha visto desde el primer momento el Catalangate como una operación del Estado contra el movimiento, el president Pere Aragonès ha ido este miércoles un paso más allá y ha señalado directamente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como responsable del ciberespionaje masivo. Ni el independentismo ni el president están solos en esta percepción. También el socio de gobierno de Pedro Sánchez, Unidas Podemos, ha reclamado que se investigue a fondo la cuestión y ha puesto su firma a una iniciativa para que se cree una comisión de investigación en el Congreso para aclarar quién hay detrás de los hechos. Crece la presión sobre el presidente español, Pedro Sánchez, para que empiece a tomar alguna medida. Aragonès ha amenazado incluso con retirar el apoyo parlamentario al PSOE en Madrid.

El president se ha entregado a una intensa agenda mediática desde que el Lunes de Pascua estalló el caso. Este miércoles en RAC1 ha dicho que hay "evidencias claras" de que detrás de todo esto hay los "servicios de inteligencia" españoles. El argumento es que el software israelí utilizado para espiar solo está al alcance de los estados y que tiene un coste muy elevado. "¿Qué otro servicio de inteligencia querría destinar millones de euros para espiar a una gente con la cual no tiene nada que ver?", se ha preguntado, para acabar resolviendo que "no hay que ser Sherlock Holmes para mirar hacia el CNI".

La gran incógnita del Catalangate solo tiene, hoy por hoy, una respuesta parcial. Según publica este miércoles El País, los servicios de inteligencia españoles compraron el programa de espionaje Pegasus a principios de la década pasada. La información no resuelve si se usó para espiar el independentismo catalán porque explica que la adquisición –por valor de seis millones de euros, a pesar de que su coste puede variar en función del uso– estaba pensada para actuar en el extranjero. Con todo, el artículo no descarta que el organismo haya hecho el espionaje masivo con Pegasus.

A pesar de todas las evidencias, los ministros socialistas del gobierno español continúan huyendo de estudio. En una entrevista en TVE, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha amparado en la ley para no revelar si el CNI utiliza Pegasus. Sí que ha reprochado a Aragonès sus críticas: "Es muy fácil imputar al CNI determinadas actuaciones porque se sabe que no se puede defender". Lo mismo ha hecho el ex director del CNI Félix Sanz Roldán, interpelado en los pasillos del Congreso. "¿Usted se imagina a un ex director de un centro de inteligencia hablando de estas cosas en la televisión? En absoluto lo puedo confirmar, ni desmentir ni hablar", ha afirmado. Con las relaciones entre la Generalitat y la Moncloa colgando de un hilo, el presidente español, Pedro Sánchez, ha evitado referirse al caso en una comparecencia sin preguntas en Málaga. La reacción en el gobierno español ha contado, sin embargo, con algunos matices. En la parte del PSOE, el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ha calificado de "inaceptable" que se intervengan comunicaciones sin autorización judicial.

Un "cara a cara"

Al margen del papel del CNI, la principal deriva política del caso es hasta qué punto quedan malogradas las relaciones entre el gobierno catalán y el español. Aragonès ha revelado que ha trasladado vía WhatsApp su malestar a Pedro Sánchez y le ha pedido un encuentro "cara a cara". Para la Generalitat, las explicaciones dadas hasta ahora por el gobierno español no son suficientes y ha reclamado de nuevo una "investigación interna con supervisión independiente". También ha explicado que Sánchez le ha trasladado su "voluntad de reconducir la situación", pero ha insistido que esto se tiene que "traduir en hechos". En estos momentos la confianza del Govern con el ejecutivo estatal está "extremadamente dañada".

En sus críticas al gobierno español, esta vez Aragonès ha ido un paso más allá. Ha reiterado que su partido no tirará la toalla en la vía de la negociación para resolver el conflicto político, pero ha avisado que "sin asunción de responsabilidades será muy difícil que continúe la estabilidad parlamentaria" del gobierno español. ¿Esto quiere decir que los republicanos retirarán el apoyo al gobierno del PSOE si la investigación sobre el Catalangate no se hace o no es satisfactoria? "ERC tendrá que debatir si tiene que continuar como hasta ahora o cambiar. Yo soy partidario de no continuar igual", ha dicho el president, que este jueves se reunirá en Madrid con los electos espiados de Esquerra, Junts, la CUP y EH Bildu. Al mismo tiempo, sin embargo, ha querido alejar las consecuencias políticas del escándalo de espionaje de proyectos como los Juegos de Invierno del 2030: "No debemos mezclar cuestiones de carácter sectorial y técnico".

Una de las primeras oportunidades que habrá para medir el compromiso del PSOE de investigar los hechos se vivirá en el Congreso. Unidas Podemos, ERC, Junts, el PDECat, la CUP, EH Bildu, el PNV, Más País, Compromís y el BNG han pedido conjuntamente abrir una comisión de investigación para aclarar quién hay detrás del espionaje al independentismo catalán y vasco a través de Pegasus. Con los votos de los socialistas habría bastante para poder sacar adelante la iniciativa. Los votos que sí que están garantizados son los del otro socio de la coalición, Unidas Podemos, cuya líder, Ione Belarra, ha reclamado "llegar hasta el fondo" del Catalangate y "depurar las responsabilidades que se deriven de ello". "Podemos sabe qué es que te persigan las cloacas del Estado ", ha añadido.

JxCat: un paso más allá

Mientras Aragonès ha apostado por dar un cierto margen al gobierno del Estado para que mueva ficha, desde JxCat presionan para que haya más contundencia en la respuesta del independentismo. En Catalunya Ràdio, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha reclamado directamente la dimisión de Pedro Sánchez "por haber permitido una guerra sucia estructural". El Parlament fijará en el pleno de la semana que viene su posición sobre el caso y decidirá si emprende acciones legales. De todos los espiados, 25 son diputados o exdiputados.