Diez años de desgaste y la estocada de una pandemia: así sobrevive el sistema sanitario catalán

Santa Coloma de GramenetLa sanidad catalana ya iba con el agua al cuello antes de que estallara la pandemia, pero el covid ha evidenciado las carencias que durante una década sus profesionales han intentado compensar con sacrificios y, a la vez, visibilizar con protestas a las puertas del departamento de Salud. El sistema continúa debilitado por los recortes que empezaron en la época del conseller Boi Ruiz, en plena crisis económica.

Los expertos aseguran que el presupuesto anual que se tendría que dedicar a la sanidad tendría que incrementarse en más de 5.000 millones de euros durante cinco años, puesto que la infrafinanciación crónica se centrifuga en condiciones precarias y salarios bajos, falta de inversión en equipamientos y más listas de espera. Y ahora el virus también ha resaltado que había una carencia de previsión en ámbitos esenciales como la salud pública o la protección de los entornos sociosanitarios y las residencias de mayores, los espacios más afectados y castigados por la fragilidad de las personas que los usan.

El sistema sanitario está desgastado y rompió costuras en marzo y abril con la primera oleada, una emergencia sin precedentes en el mundo. Según los últimos datos de ejecución del presupuesto del sector público, hasta el 30 de noviembre el gasto en Salud creció un 16% respecto al mismo periodo de 2019, unos 1.519 millones de euros más dedicados íntegramente al covid.

Los hospitales tuvieron que ampliar instalaciones a pabellones y polideportivos y los consultorios locales y los ambulatorios se cerraron para dar respuesta en los centros de atención primaria grandes que, entre la falta endémica de personal y el aumento de las neumonías a visitar, no daban abasto. En el momento más crítico, los proveedores se quedaron sin stock de materiales de protección, como mascarillas, respiraderos o test de diagnóstico.

Los profesionales estaban expuestos al virus y muchos caían enfermos o eran aislados después de estar en contacto con compañeros positivos. La bolsa de trabajo es escasa y hace años que no se tiene una mirada a largo plazo en la formación de nuevos profesionales. El año pasado, el sistema sanitario integral de utilización pública de Catalunya (Siscat) hizo un 10% más de contrataciones –sin tener en cuenta al personal en formación–, y la mayoría (66%) se incorporaron a los hospitales. Un 30% lo hizo a los CAP.

Aceleración de cambios

Hasta muy entrado el verano era imposible obtener un diagnóstico antes de diez días e impensable hacer un rastreo de positivos y contactos. La Agencia de Salud Pública de Catalunya era un organismo en vías de desarrollo por su corta historia. Fue creada en 2009 y disuelta cuatro años después “en nombre de la simplificación y racionalización del sector público”, y hasta julio del 2019 el Govern no la recuperó.

Así, el pasado mes de marzo la entidad gestora de las alertas epidemiológicas no estaba preparada para asumir el alud del coronavirus y se acabó colapsando. No fue hasta junio que el servicio se reforzó con el polémico contrato con Ferrovial, la creación de la figura del gestor covid y el despliegue de nuevas herramientas tecnológicas.

Pese a las dificultades, los profesionales se han erigido como los actores más importantes en la respuesta a la pandemia y prueba de esto es la asunción continuada de nuevas responsabilidades a cada embate. No solo diagnostican y curan, sino que hacen seguimiento y mantienen como pueden las agendas del resto de patologías.

El virus también ha acelerado cambios pendientes desde hace años, como por ejemplo la gran burocracia en las consultas, que cada vez son más telemáticas, o la supresión de aquellas pruebas y visitas prescindibles. Ahora bien, si por un lado el ciudadano se ha vuelto más responsable con el uso de los servicios sanitarios, también hay más miedo a acudir a ellos.

Los sanitarios se han enfrentado a retos de gran magnitud, como sectorizar y fijar circuitos asistenciales diferenciados, hacer jornadas más largas, o asumir la gestión de las residencias. Este cambio ha obligado a compatibilizar el trabajo en los CAP con la atención a estos espacios y ha reabierto el debate sobre el futuro modelo de los geriátricos; por ejemplo, si hay que medicalizar los centros o si es mejor crear una agencia sociosanitaria a caballo entre Salud y Asuntos Sociales. En Catalunya han muerto 19.885 personas por covid, el 43% de los cuales eran usuarios de residencias.

Vacunar a la gente mayor (ya hay un 75% de centros inmunizados) es clave para parar de raíz las muertes por covid, pero, a pesar del adelanto de los últimos meses, la campaña de vacunación tropieza casi cada semana con una nueva traba. 

El Govern no puede decidir a quién prioriza y destina las vacunas –depende de lo que se decida en los consejos interterritoriales con el resto de comunidades autónomas–, y debido a los recortes en el suministro de las dosis apenas han acabado de vacunar en las residencias y a los sanitarios.

Mientras no se logre la anhelada inmunidad de grupo, pues, las autoridades sanitarias continúan desplegando restricciones a la interacción social y la movilidad para controlar la epidemia.