Limitar o no el precio del alquiler: la vivienda entra en campaña

BarcelonaSon muchos los datos que acreditan que el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema de primer orden. Y desde hace tiempo. Pero lo que le ha situado como nunca en el centro del debate han sido las medidas para garantizarlo, especialmente el control a los precios de los alquileres, recogido en la ley de vivienda aprobada hace un año, justo un mes antes de las elecciones municipales y autonómicas. Ahora, un año después, ese debate sigue más vivo que nunca.

Y es que las cifras no han hecho más que empeorar: alquilar un piso en Barcelona vale de media 1.178 euros al mes, mientras que en Catalunya cuesta 854 euros, según datos de las fianzas de alquiler depositadas en Incasòl. Hace año y medio que se baten récords. Esto ocurre especialmente en las zonas tensionadas; en Cataluña agrupan 140 municipios, aunque el Gobierno ha iniciado la declaración de 131 localidades más.

Los alquileres de temporada crecieron un 17 por ciento en un año, mientras que los residenciales lo hicieron un 0,5 por ciento, según datos del Observatorio Metropolitano de la Vivienda (OHB). Otro dato: el 40% de los anuncios de alquiler de la Barceloneta son de temporada. En las grandes ciudades hace tiempo que se busca calibrar el impacto de los expados, mientras que en otras partes del país, como en la Alta Ribagorça o el Valle de Boí, el conflicto nace de la proliferación de los pisos turísticos. En esta legislatura, el Gobierno intentó regularlos vía decreto, pero el Parlamento lo dejó en manos de los ayuntamientos. También quedaron en papel mojado los 1.219 millones de euros para la vivienda previstos en los presupuestos catalanes, puesto que finalmente no sacaron adelante las cuentas y se han convocado elecciones anticipadas.

La vivienda, en campaña

Si bien estos datos han situado como nunca la crisis de la vivienda en el debate público, como también lo han ido haciendo paulatinamente las sonadas acciones legislativas para revertirla –desde del tope catalán en los alquileres, que duró 18 meses para que la tumbó el Tribunal Constitucional, hasta la ley de vivienda estatal, que incluye el índice de control a los precios de gobierno español–, el maratón electoral iniciado hace un año con las municipales y autonómicas del 28 de mayo, seguidas de las generales del 23 de julio, ha terminado de situar la vivienda en boca de todos.

En abril del 2023, en sólo 10 días, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llegó a realizar tres anuncios en materia de vivienda que suponían más de 100.000 pisos destinados al alquiler social –20.000 inmuebles nuevos en terrenos del ministerio de Defensa, 50.000 de la Sareb y 43.000 pisos de obra nueva y rehabilitados–. De hecho, España necesita 1,5 millones de alquiler social para atrapar a los países de la OCDE. Un mes antes, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, había prometido 10.000 nuevos pisos de alquiler social en tres años. Faltaban pocas semanas por la primera contienda electoral del pasado año.

Ahora, pocos días antes de una nueva cita electoral en Catalunya, la tónica se ha repetido: Sánchez anunció la eliminación de los visados ​​de oro, las llamadas golden visa, que desde 2013 permitían a la población extranjera obtener el permiso de residencia a cambio de una inversión de más de 500.000 euros para la compra de una vivienda. En otros lugares del mundo, como Nueva Zelanda, Amsterdam, Canadá y Andorra, directamente han apostado por la prohibición de que los extranjeros compren pisos.

Lo cierto es que ya hace muchos meses que hipotecarse sale caro, mientras los precios de compraventa se han mantenido por la compra al contado y la ayuda familiar, sobre todo en las grandes ciudades. En este ámbito, el gobierno español habilitó un aval para que jóvenes y familias compren su primera vivienda. Sánchez también anunció su aprobación en plena campaña de las pasadas elecciones gallegas. Y, como todas las iniciativas anteriores, no le han faltado partidarios ni detractores. Pero si hay un elemento que sobrevuela todo lo demás es el impacto del control en los alquileres: ¿provocará los efectos deseados? Es todavía una incógnita. Recientemente el Gobierno ha aprobado un decreto ley para regular el alquiler de temporada y el de habitaciones para evitar su uso fraudulento.

¿Están a favor de que el Gobierno limite el precio del alquiler? ¿Cómo?