La prueba de fuego del Govern antes del verano
La nueva financiación, la operadora de Cercanías y el informe de los expertos sobre la ampliación del aeropuerto deben presentarse este mes de junio
BarcelonaSalvador Illa ha atado esta semana el apoyo de Esquerra para el último suplemento de crédito –con Comuns aún está cerrando la negociación– y se garantiza al menos un año de estabilidad ante la falta de presupuestos y hasta que llegue el momento de abordar las cuentas del 2026. Que el presidente lo haya cerrado antes del verano responde a dos razones de fondo: que la Generalitat pueda utilizar estos recursos adicionales antes de que acabe el año y que peligre las negociaciones paralela con sus socios de investidura. Hay tres claves que deben concretarse este próximo mes: el nuevo modelo de financiación catalán pactado hace casi un año con los republicanos, avanzar en el traspaso de Cercanías o una cuestión de la que recelan especialmente republicanos y Comunes: la ampliación del aeropuerto de El Prat.
Precisamente sobre esta última cuestión, hace meses que el Gobierno encargó un informe a un grupo de expertos que debían hacer una propuesta de ampliación. Un texto que desde el ejecutivo afirmaban que debía estar listo en enero, pero que después el propio Gobierno se ha asegurado de no hacer público hasta que ha tenido los tres suplementos de crédito validados. El propio presidente, Salvador Illa, ha dicho que el informe se dará a conocer "antes del verano". Desde la Generalitat remarcan que la propuesta de ampliación no necesita pasar por el filtro del Parlament, es decir, que no necesitan de los votos de sus dos socios. Ahora bien, si la propuesta pasa por una ampliación de la tercera pista que afecte al espacio natural de la Ricarda, tendrá el rechazo de Comuns y ERC, y habrá que ver si hacen valer esta oposición de alguna manera. En el acuerdo de investidura entre los socialistas y los republicanos, se situó la línea roja de mantener intacto ese espacio natural y se puso el foco en la gobernanza de la infraestructura, que quisieran que asumiera la Generalitat.
Además, tanto la nueva financiación como el traspaso de Cercanías tienen una fecha marcada en rojo en el calendario: el 30 de junio. Socialistas y republicanos ya fijaron en el acuerdo de investidura que "habrá que formalizar [el nuevo modelo de financiación] durante el primer semestre de 2025 en la comisión bilateral entre el gobierno de la Generalitat y el del Estado". Una reunión que por ahora no tiene fecha. Antes, el grupo de expertos que se constituyó hace unos meses y coordina Martí Carnicer debería hacer público su informe sobre la financiación, ya que debe ser la base del nuevo sistema.
El primer reto que tendrá la hacienda catalana es recaudar todo el IRPF del 2025 el próximo año, por eso el Govern ya ha empezado a hacer crecer la estructura de la Agencia Tributaria de Catalunya –antes del 30 de junio deberían convocarse 200 nuevas plazas–. Una de las cuestiones que tendrán que resolver los expertos y los negociadores por un lado y por otro es si finalmente Catalunya saldrá del régimen común. Los republicanos habían dicho que lo pedirían, a través de una reforma de la Lofca, mientras que los socialistas enfrían salir del régimen común.
La constitución de la operadora de Cercanías
El traspaso de Cercanías es una carpeta que viene de más lejos –ERC lo pactó con el PSOE por la investidura de Pedro Sánchez de hace dos años– y de la que deberían verse ya las primeras concreciones. Hace pocos meses se inició el proceso para traspasar la primera línea, la R1, pero queda pendiente una de las cuestiones relevantes: la empresa que deberá gestionar Cercanías. Esquerra se ha comprometido con el PSC con tener a punto esta nueva operadora el 30 de junio –los estatutos debían hacerse públicos en marzo, pero los negociadores todavía se están intercambiando documentos adicionales–, es decir, que la empresa esté constituida ya punto para asumir el funcionamiento de la red ferroviaria catalana a partir del año. En la constitución de esta empresa también deberá quedar por escrito el período de transición de dos años en que la empresa sería una filial de Renfe. Este período transitorio que los republicanos acabaron aceptando ha generado malestar entre varios cuadros del partido, que son escépticos que sea un paso reversible en dos años.
