Quien es quien en la guerra judicial entre el PP y el PSOE

MadridA Pedro Sánchez se le multiplican los frentes políticos y judiciales. La imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es el último quebradero de cabeza para el presidente del gobierno español. Se suma al caso de corrupción que salpica al exministro José Luis Ábalos, la investigación por tráfico de influencias contra su esposa, Begoña Gómez, o las trabas que tiene la aplicación de la ley de amnistía. El líder socialista, por su parte, contraataca con la causa por fraude fiscal contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Todo ello con el telón de fondo de la debilidad parlamentaria del gobierno español, que no tiene garantizados los apoyos para aprobar unos presupuestos generales del Estado para el próximo año y con el PP haciendo ruido, una vez más, desde el Senado planteando otro choque institucional con el Congreso por la reforma que favorece a presos de ETA.

El caso Ábalos o Koldo

Aunque esta rama de la batalla PP-PSOE lleva los nombres de José Luis Ábalos, el ex ministro de Transportes y ex número tres del PSOE, y de Koldo García, su ex asesor; quien es el blanco principal es Pedro Sánchez. Ábalos fue hasta 2021 un cargo de su máxima confianza. De ahí que el PP haya aprovechado que el último informe que aportó la Guardia Civil a la causa abierta en la Audiencia Nacional incluya a Ábalos en la trama corrupta para ir a por todas contra el líder del PSOE. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien lidera esta ofensiva, dio el paso esta semana de registrar una querella en la Audiencia Nacional contra el PSOE por "corrupción sistematizada". Ahora bien, se trata de una querella que aún no se ha admitido a trámite y que tiene opciones de quedar en nada porque no aporta indicios sólidos. Quien lo tiene más complicado es Ábalos, que está al borde de la imputación al Tribunal Supremo, por ser aforado, una vez la Fiscalía Anticorrupción ha defendido que se le investigue.

El flanco del fiscal general y el caso Ayuso

El flanco por el que ha recibido más ataques el presidente del gobierno español en los últimos días es el del fiscal general. Álvaro García Ortiz lleva desde el miércoles investigado en el Supremo por revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, investigado a su vez por fraude fiscal y falsedad documental en un juzgado de Madrid. En esta rama aparece otro de los protagonistas habituales cuando se trata de poner piedras en el zapato del jefe del ejecutivo español. El presidente de la sala penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha liderado la decisión inédita de imputar al máximo responsable de la Fiscalía. Esta guerra también tiene como damnificada a Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid, la otra investigada por la filtración de los correos sobre la propuesta de un pacto de conformidad del abogado de González Amador.

Marchena ejecuta el ataque, pero quien va a por todas contra García Ortiz es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo hace espoleada por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que se ha dedicado a vaticinar a través de mensajes a X de que la investigación iría "pa'lante". A consecuencia de ese movimiento del Supremo que se engloba en la estrategia de defensa de Ayuso y su equipo, que presentan a González Amador como víctima de una conspiración del PSOE, el PP exige la dimisión no sólo de García Ortiz sino también de Sánchez. La investigación contra el fiscal general nombrado por el gobierno español se origina por una querella de la pareja de Ayuso contra otros miembros del ministerio público. Sánchez se ha defendido pidiendo a su vez la dimisión de Ayuso por estar maniobrando para proteger a su pareja, que en los correos investigados admitió haber cometido varios delitos.

En esa batalla entran también los cuatro fiscales del juicio del Proceso. Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza son las caras visibles de la oposición a García Ortiz. Todos ellos le han pedido su dimisión junto con otros fiscales conservadores. El fiscal general les apartó de las causas sobre la ley de amnistía.

La aplicación de la amnistía

Otro de los elementos que utiliza la derecha política y judicial en su particular guerra contra Sánchez es el entorpecimiento de la aplicación de la ley de amnistía. Vuelve a intervenir Marchena, que ha rechazado aplicarla a los líderes independentistas condenados por el 1-O. Se suma el magistrado instructor de la causa del Proceso, Pablo Llarena, que ha evitado que se beneficie de ello Carles Puigdemont. Los cuatro fiscales anteriormente mencionados son actores de la batalla que han tenido que bajar las armas porque García Ortiz puso en manos de su número dos en la Fiscalía, Ángeles Sánchez Conde, elaborar los posicionamientos con relación a este asunto. Intervienen también, opuestos a la derecha judicial, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, quien resolverá los recursos y está en el punto de mira del PP.

Caso Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado se ha convertido en otro de los arietes contra Sánchez por la investigación por tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gómez. El titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid la tiene entre ceja y ceja. Aunque el gobierno español niega que la causa de Peinado tenga fundamento, la Audiencia de Madrid dio luz verde a que continuara y este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha echado por tierra la herramienta con la que Sánchez había contraatacado: la querella que presentó en su nombre la Abogacía del Estado contra el juez por prevaricación no ha sido admitida a trámite.