La legislatura de la quebradiza

BarcelonaEl mandato de Pere Aragonès arrancó en mayo de 2021 con el apoyo de Esquerra, Junts y la CUP y ha acabado con el presidente convocando elecciones después de no poder sumar los comunes al pacto con el PSC para los presupuestos de 2024. Son tres años marcados por las tensiones con los ex socios de coalición, la geometría variable, el diálogo con el Estado y una acción de gobierno con luces y sombras. Estos son los momentos clave de la legislatura de la quebradiza.

De la coalición a la rotura con Junts

La legislatura arrancó tras unas elecciones marcadas por la pandemia y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligó a celebrar el 14 de febrero de 2021 después de que Aragonès, entonces vicepresidente en funciones de presidente en sustitución de Quim Torra, las intentara aplazar para evitar contagios. Ese día todavía se registraron 1.338 contagios y 43 muertes por cóvido y en los comicios se habilitó una franja horaria para que pudieran votar a los contagiados, con miembros de mesas protegidos de pies a cabeza con EPIS. Las urnas dieron la victoria al PSC, que ganó las elecciones con 33 diputados, por delante de Esquerra, también con 33 diputados pero menos votos, y Junts con 32. Vox fue cuarta fuerza (11 diputados), seguida de la CUP (10), los comunes (8), Cs (6) y el PP (3).

Después de dos meses y un fin de semana de negociaciones en dos masías, ERC y Junts formalizaron un pacto de gobierno por "materializar el mandato independentista del 52%" en el que ya dejaron por escrito sus discrepancias respecto a la negociación con el Estado. La CUP dio sus votos a Aragonés a cambio de que, a medio mandato, se sometiera a una cuestión de confianza, un compromiso que Esquerra dio por roto cuando los cuperos se negaron a apoyar sus primeros presupuestos. Las primeras diferencias entre los nuevos socios afloraron con la ampliación del aeropuerto –que Junts había pactado con la entonces ministra Raquel Sánchez– y que Esquerra acabó vetando. Para aprobar sus presupuestos, el ejecutivo buscó la complicidad de los comunes, lo que generó malestar en el que entonces era responsable, el conseller Jaume Giró, que no estuvo en la foto del pacto.

Los republicanos se habían presentado a las elecciones apostando por la vía del diálogo con el Estado, una estrategia de la que Junts se desconfiaba y que causó el primer bache en la coalición: los junteros pidieron que por su parte estuvieran Jordi Turull y Míriam Nogueras, una propuesta que los republicanos vetaron argumentando que la mesa de diálogo era un espacio de negociación entre gobiernos, no entre partidos. La falta de sintonía en esta estrategia y de coordinación en Madrid precipitó que en el debate de política general de 2022 Junts pidiera a Aragonés que se sometiera a una cuestión de confianza, una iniciativa que, de haber prosperado, habría derribado al Gobierno.

Este anuncio enfureció al jefe del ejecutivo, que al día siguiente destituyó al entonces vicepresidente, Jordi Puigneró, a lo que Junts respondió con una consulta a sus bases sobre si debía salir del Govern , tal y como defendía entonces el sector del partido más afín a Laura Borràs. La militancia avaló la rotura con una mayoría del 55,73%. Esto dejó al Govern con 33 diputados, el menor apoyo parlamentario de la historia que ha tenido un ejecutivo catalán.

Perdido el apoyo de Junts, el Govern apostó por recurrir a la geometría variable como fórmula para salvar la legislatura. Tras perder la primera votación en el Gobierno en solitario –la del plan estadístico 2023-2028, aprobado previamente en comisión–, en el primer año sólo los republicanos aprobaron 21 decretos y tres leyes; fuentes del ejecutivo se confesaban aligeradas con la salida de Junts, que les permitió dejar de hacer equilibrios en aquellas carpetas en las que mantenían más diferencias (por ejemplo, en fiscalidad o en infraestructuras), y ya contaban con agotar la legislatura hasta el 2025, algo que no ocurría desde el Gobierno de José Montilla (PSC).

Los frutos de la mesa de diálogo

La mesa de diálogo entre el Gobierno y el Estado que pactaron Esquerra y el PSOE en la investidura de Sánchez en el 2020 se ha reunido oficialmente cuatro veces esta legislatura. La primera fue en mayo de 2021, entre presidentes; pero en breve el escándalo del espionaje político con Pegasus a dirigentes independentistas –entre ellos, el propio Aragonés– enfrió las relaciones entre la Generalitat y la Moncloa. El diálogo no se reanudó hasta julio, con un encuentro entre presidentes, al que siguió la tercera reunión de la mesa de diálogo con delegaciones de ambos gobiernos; el cuarto encuentro se produjo en diciembre de 2023, de nuevo entre los dos jefes del ejecutivo, una vez Sánchez ya había sido investido a cambio de la amnistía. El espacio debía servir para abordar la resolución al conflicto político, una carpeta que Esquerra preveía abrir una vez aprobada la ley de amnistía.

En estos tres años, de la mesa de diálogo han salido los indultos, la reforma del Código Penal para eliminar la sedición y reformar la malversación y acuerdos por el catalán. De la última salió el compromiso de una ley de plurilingüismo, el traspaso del IMV y avanzar en el traspaso de Cercanías.

25 consejeros en tres años

En total, el Gobierno de Aragonès ha tenido 24 consejeros, una vicepresidenta y un viceconsejero. La ruptura de la coalición precipitó la primera remodelación, que Aragonès aprovechó para fichar figuras políticas de otros espacios y apuntalar la tesis de que el ejecutivo que representaba la "Catalunya entera": entraron el exsocialista Quim Nadal, el exdirigente de Podemos Gemma Ubasart y el exconvergente Carles Campuzano; por su parte, Natàlia Mas cogió las riendas de la conselleria de Economía, Manel Balcells cogió las de Salut; Meritxell Serret, consejera de ERC del Govern de Puigdemont, se puso al frente de Exteriores, y Juli Fernàndez lo hizo en Territori. Sobrevivió a la primera remodelación del entonces conseller de Educació, Josep González Cambray, cuestionado por los sindicatos por el adelanto del calendario escolar y debilidad por las sucesivas huelgas del sector. No sobreviviría a la segunda, tras los malos resultados de Esquerra en las elecciones municipales de 2023: Cambray salió y en su lugar entró Anna Simó; también se marcharon Juli Fernàndez y Teresa Jordà, candidata de ERC a las generales, a quienes sustituyeron Ester Capella y David Mascort.

En la última remodelación, el 23 de enero de 2024, Aragonès ascendió a Sergi Sabrià a viceconsejero y Laura Vilagrà a vicepresidenta.

La caída del acuerdo de claridad

El rifirrafe con Junts en el debate de política general de 2022 eclipsó el anuncio de la que debía ser su medida estrella del Gobierno de Aragonés para resolver el conflicto político tras el embate del 1-O: uno acuerdo de claridad con el Estado que fijara las condiciones en las que podría aplicarse el resultado de un referéndum pactado. El objetivo era abordarlo en la mesa de negociación con el Estado después de haber llegado a un consenso en Catalunya sobre en qué condiciones debería volverse a votar la independencia de Catalunya.

La hoja de ruta del acuerdo de claridad preveía la celebración de debates cívicos y una mesa de partidos para explorar un entendimiento, pero las convocatorias electorales para las municipales y las generales obligaron a Aragonés a posponer el proceso. Las negociaciones para investir a Pedro Sánchez y la de los presupuestos catalanes acabaron decantando un último aplazamiento antes de que la falta de consenso en torno a la propuesta, tanto dentro como fuera del mundo independentista, la hiciera descarrilar. Aragonés dio por congelado el acuerdo de claridad en febrero de 2024.

Las crisis de educación, las oposiciones y los campesinos

La gestión de la conselleria de Educación ha sido conflictiva a lo largo de todo el mandato, especialmente a raíz de la decisión del Govern de avanzar el calendario escolar, que situó a Cambray en la diana de las críticas de los sindicatos. Su sucesora, Anna Simó, tuvo que asumir la gestión de los malos resultados de PISA, los peores en toda la historia de Cataluña. El fiasco de las oposiciones organizadas por Cegos también desató una crisis dentro del ejecutivo que Vilagrà, al frente de Presidencia, capeó cesando la directora general y ordenando que la Generalitat exigiera responsabilidades a la empresa.

La última gran sacudida en la legislatura la han hecho los campesinos: después de días de reivindicaciones y protestas en todo el país, el Govern se abrió a estudiar una renta básica agraria ya cambiar el nombre de la conselleria de Acción Climática. También les ofreció una reducción de los trámites administrativos e intentar mediar con el gobierno español para que apruebe bonificaciones del combustible a ganaderos y agricultores.

La gran sequía en Cataluña

La sequía ha sido y es uno de los grandes problemas en Cataluña durante la legislatura. La falta de agua comenzó hace más de dos años y cogió a la Agencia Catalana del Agua con la ejecución de inversiones sobre el ciclo de agua a medias. La oposición presionó al Gobierno y, tras una cumbre quiebra, avaló un decreto de emergencia que preveía sanciones a los ayuntamientos que gastaran más agua de la cuenta a cambio de ayudas que les permitieran ponerse al día y nuevas inversiones en infraestructuras hídricas. Pero la situación ha llegado a ser tan grave que Gobierno y Estado han acordado llevar agua con barco hacia Cataluña desde la desalinizadora de Sagunt. Por el momento, el ejecutivo catalán mantiene el veto al trasvase de agua desde el Ebro mientras no descarta cortes en la zona de Barcelona en otoño si la situación no mejora.

Sin presupuestos, el ejecutivo catalán deberá ver qué partidas prioriza para realizar inversiones comprometidas. Sin embargo, las grandes obras que deben permitir disponer de más agua, como la desaladora de la Tordera o de Foix, dependen de fondos del Estado, que se ha comprometido a invertir 500 millones de euros. La obra en la depuradora del Besòs también está garantizada gracias a fondos europeos.

De los presupuestos tripartitos a las elecciones

A raíz de la ruptura con Junts, el Gobierno republicano tuvo que plantearse sus alianzas y, en sus primeros presupuestos con solitario para 2023, repitió la alianza con los comunes, que firmaron con Aragonés mejoras en vivienda, movilidad, energía, atención primaria y fiscalidad. Esquerra tuvo que plantearse si aceptaba la mano que Salvador Illa extendía al Govern desde el principio de la legislatura, una opción que las bases veían con reticencias. La negociación fue dura y vino condicionada por las exigencias del PSC sobre macroproyectos: desatascar el Hard Rock, construir la carretera de la Ronda Norte, y ampliar el Aeropuerto de Barcelona.

El pacto fue posible después de que Aragonés tragara el sapo de la B-40, en contra del parecer del territorio y del entonces consejero Juli Fernàndez. Los comunes, incómodos con la propuesta socialista, acabaron justificando su sí argumentando que las cuentas no preveían ninguna partida por estas infraestructuras. Pero Esquerra en el Govern no aprobó el plan director urbanístico del Hard Rock y se encontró con un PSC que, al año siguiente, le pidió cumplir con la palabra dada. Esto provocó el enroque de los comunes, que cinco meses antes habían avisado de que sería su línea roja.

El primero en llegar, esta vez, fue el pacto con el PSC. Salvador Illa encajó la mano de Aragonès a cambio de un incremento del 10% del presupuesto de Educación y 4.000 viviendas de alquiler social en 2024. De hecho, el Gobierno defendió que eran los más expansivos de la historia, con 43.673 millones y aún sin las limitaciones que se prevé que vuelvan a aplicarse al tope de gasto una vez recuperadas las reglas de disciplina fiscal (en suspensión debido en la pandemia). Con este argumento, Aragonès presionó a los comunes hasta el final, que no cedieron siquiera cuando el Gobierno se abrió a estudiar una moratoria a macroproyectos –sin garantizarles que afectara al Hard Rock– y revertir los beneficios fiscales para el casino. Con los presupuestos tumbados, Aragonès convocó elecciones.

Tasas universitarias y alquileres sí; Cercanías todavía no

La gratuidad de P2, la dispensación de productos menstruales sin coste para las usuarias, la puesta en marcha de una energética pública y la bajada de las tasas universitarias son algunas medidas implementadas desde la Generalitat en estos tres años. Justo esta semana ha entrado en vigor también el tope en los alquileres. Aragonés también ha recuperado la interlocución con la Comisión Europea, congelada desde 2015. Sin embargo, la convocatoria electoral deja algunas iniciativas importantes a medias, como el traspaso de Cercanías, pero también existe la propuesta de financiación singular que el Gobierno quería negociar con la 'Estado para recaudar todos los impuestos en Cataluña.

Es una incógnita qué pasará con el pacto entre el PSOE y Junts para traspasar las competencias en inmigración a la Generalitat, que el Gobierno de Esquerra no pidió, pero que se mostró dispuesto a gestionar alertando, sin embargo, de la necesidad de separar este tema de las políticas de seguridad. Juntos había vinculado el auge de la reincidencia con la llegada de personas recién llegadas a Cataluña.