La nueva legislatura catalana

El pacto de los comunes y el PSC: 55.000 pisos protegidos, frenar el Hard Rock y recuperar la sexta hora

El acuerdo incluye el compromiso del PSC de no impulsar la B-40 hasta Granollers y sortea la entrada de los comunes en el Govern

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Albiach con la dirección de los comunes durante el Consejo Nacional.

BarcelonaYa es oficial: los comunes han cerrado un preacuerdo de investidura con el PSC y Salvador Illa ya está más cerca de ser investido presidente de la Generalitat (si las bases de ERC lo avalan). Lo ha anunciado este miércoles la líder de los comunes, Jéssica Albiach, frente al consejo nacional del partido, que ha dado luz verde al entendimiento con 124 votos a favor y dos abstenciones. Se trata, de momento, de un acuerdo de investidura y que no aborda la posible entrada de los comunes en un hipotético gobierno de los socialistas que, a la espera del resultado de la consulta a la militancia republicana el viernes, empieza a perfilarse como un ejecutivo en solitario. Sin embargo, el clima este miércoles en la sede de Catalunya en Comú era de cierta satisfacción por haber cerrado un pacto en el que el PSC se ha movido en algunas de las carpetas donde más habían topado a lo largo de la legislatura, como el vivienda o los macroproyectos. Por su parte, los socialistas han celebrado haber cerrado con los comunes un entendimiento "que permitirá que Catalunya avance": "Garantiza el despliegue de políticas progresistas para mejorar la calidad de vida de los catalanes y catalanas. Un pacto que asumimos con la convicción de construir un país socialmente más justo", ha escrito la número 2 del PSC y negociadora, Lluïsa Moret, en X.

Según había defendido el partido de Jéssica Albiach durante la negociación, la vivienda debía ser la columna vertebral del pacto con el PSC de cara a la investidura. En esta línea, ambas formaciones han acordado habilitar 55.000 viviendas protegidas en seis años (15.000 de ellas tendrá que promover el Incasòl en cuatro años) y regular los alquileres de temporada y de habitaciones, ya que según los comunes los propietarios optaban por esta vía para esquivar el topes. De hecho, el Gobierno de Izquierda intentó evitarlo con un decreto ya en tiempos de descuento, pero los socialistas y Junts lo tumbaron.

Todo ello se hará a través de una reforma de la ley de arrendamientos urbanos estatal, que extenderá los derechos de los inquilinos de los alquileres de residencia habitual a los de este tipo de contratos y limitará su duración a los seis meses. Es decir, también les afectarán los topes del alquiler. El hecho de introducir estos cambios directamente en la ley estatal permite evitar un conflicto de competencias con la Generalitat, una de las cuestiones que más preocupaba al PSC. Además, ambos partidos han acordado implementar un régimen sancionador para asegurar el cumplimiento de la ley de vivienda y no relajar las restricciones en los pisos turísticos en Catalunya.

Los macroproyectos

El otro punto que se anotan los comunes en esta negociación es el Hard Rock, una condición sine qua non del PSC la pasada legislatura: tras tumbar los presupuestos para negarse a aceptarlo, los comunes han arañado del PSC el compromiso de que el Gobierno de Isla "no facilitará proyectos como el macrocasino del Hard Rock y, por ese motivo" , eliminar el privilegio fiscal en el complejo turístico previsto en la ley –un punto que el PSC también ha pactado con ERC–. "Lo hemos logrado. El Hard Rock no se hará en Catalunya", ha celebrado Albiach, entre aplausos de los dirigentes de los comunes, en alusión a las críticas de los socialistas y los republicanos a su formación por mantener hasta el final el veto al proyecto frente a los presupuestos fallidos de 2024, algo que acabó precipitando la convocatoria de las elecciones. Sin embargo, el documento hecho público este miércoles no recoge un compromiso explícito de los socialistas de no sacar adelante el plan director urbanístico del macroproyecto, pendiente desde hace meses de un informe ambiental de Acción Climática. Pero tanto republicanos como comunes defienden que la modificación fiscal hará inviable al macrocasino.

No es la única cesión que han hecho los socialistas en materia de grandes proyectos. El PSC también ha aceptado no impulsar el Quart Cinturó hasta Granollers esta legislatura, pese a haberlo defendido en campaña. De hecho, el Hard Rock, el Cuarto Cinturón y la modernización del aeropuerto de Barcelona fueron los tres macroproyectos que el PSC forzó a aceptar al Govern de ERC para aprobarle los presupuestos de la Generalitat del 2023, los primeros desde que Junts salió del ejecutivo. Lo que sí se mantiene es la obra del Cuarto Cinturón hasta Sabadell, Terrassa y Castellar pactado en esos presupuestos, y ya firmada con el gobierno español. El pacto de investidura de los comunes y el PSC nada dice sobre el aeropuerto, otro de los caballos de batalla de los de Jéssica Albiach: los comunes no sólo han cargado contra su ampliación, sino que insisten en que es necesario reducir los desplazamientos en avión para hacer frente a la crisis climática. Fuentes de la negociación se remiten a lo que prevé el entendimiento entre ERC y el PSC, que habla de "transformar" El Prat dándole un "nuevo impulso" preservando el espacio de la Ricarda.

En materia de educación, el PSC y los comunes han pactado recuperar la sexta hora en la educación pública de forma gradual (a través del diálogo con los sindicatos) y garantizar dos tardes de extraescolares gratuitas y el comedor gratuito en todos los centros. Por otro lado, el documento recoge medidas para reforzar la sanidad pública y mental –por ejemplo, con un psicólogo gratuito para jóvenes– y el transporte público. Con el fin de limitar el turismo y su impacto, también han acordado impulsar un estudio para analizar cuántos turistas puede asumir Cataluña y reducir los cruceros que llegan a ello. En fiscalidad, se comprometen a mantener los impuestos de sucesiones y patrimonio.

Sin coalición, de momento

¿Quieren los comunes entrar en el Gobierno de Salvador Illa? Esta es una cuestión que los de Jéssica Albiach se emplazan a valorar "en un tiempo", explican fuentes del partido, en función de cómo evolucionen las relaciones con el PSC, tensas desde la pasada legislatura –en campaña, Albiach va acusar a Isla de parecer el líder "de una cementera" por su apuesta por grandes proyectos–. Los comunes habían priorizado entrar en el ejecutivo antes de las elecciones e inmediatamente despuéspero ahora quieren ver cuáles son los primeros pasos de Isla y qué ejecutivo configura antes de ponerlo encima de la mesa. Así lo trasladaron a los negociadores del PSC en las conversaciones, afirman otras fuentes del partido. Por el momento, el acuerdo prevé que los socialistas compartan con los comunes los decretos y proyectos de ley (incluidos los presupuestos) que planteen aprobar desde el ejecutivo.

Pero sobre este planteamiento se cierne el precedente de Barcelona, ​​donde los comunes cedieron sus votos a Jaume Collboni con la idea de entrar después en el gobierno de la ciudad y vieron que, meses más tarde, el alcalde escogía Esquerra como pareja de baile –un acuerdo de gobierno, sin embargo, que está en stand-by a la espera de cómo se resuelve la negociación de la investidura en la Generalitat–. Fuentes de los comunes afirman que en las conversaciones para investir a Isla no se ha hablado de Barcelona.

Pero incluso si la investidura de Isla sale adelante con sus votos, los comunes tienen otro frente abierto: el proceso interno que pusieron en marcha tras los resultados del 12-M (pasaron de ocho a seis diputados), que culminará con una asamblea en noviembre en la que habrá una renovación de la dirección del partido. Esto deja en el aire el futuro de sus tres máximas dirigentes: Jéssica Albiach, Candela López –una de las negociadoras del pacto– y Ada Colau.

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