Los partidos siguen bloqueados en la respuesta para proteger la inmersión

BarcelonaLa mayoría del Parlament está en contra de que sea un tribunal el que decida sobre cuál ha de ser la presencia del castellano en las aulas, y más todavía en base a un porcentaje monolítico de igual aplicación en todos los centros. Pero de momento, los grupos no encuentran la manera de dar respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para implantar el 25% de castellano en todos los centros. La justicia ha dado quince días al Govern para cumplir. Pero mientras tanto, el Parlament ha ido posponiendo el impulso de la modificación de la ley de política lingüística a partir de un acuerdo que nació con un consenso amplio –PSC, ERC, JxCat y comuns– pero que al cabo de solo unas horas decayó –cuando Junts pidió más tiempo para tomar una posición– y a estas alturas continúa estancado.

No obstante, con el plazo de 15 días marcado ahora por el TSJC ya no pueden dilatar más la tramitación, una demora que tanto ERC como comuns y PSC atribuyen a la inestabilidad interna en Junts, que el 4 de junio celebrará un Congreso para decidir sobre la dirección del partido, y que le dificulta defender una posición unitaria sobre esta cuestión. La líder de los comuns, Jéssica Albiach, ha puesto esta mañana las cartas sobre la mesa y ha pedido la convocatoria de una Junta de Portavoces de urgencia y que se alterara el orden del día del Parlament de forma que se incluyera la proposición de ley en el pleno que arranca esta tarde y dura hasta el jueves. Sería suficiente con sus votos y los de socialistas y ERC para sacar adelante la iniciativa. Pero los republicanos lo han rechazado de entrada, insistiendo en que hay que buscar el máximo "consenso" en materia lingüística y remarcando que el margen de 15 días hábiles todavía daría tiempo de incluir la cuestión en un próximo pleno.

"Ahora mismo no estamos para pedir esta Junta de Portavoces", ha dicho la portavoz republicana, Marta Vilalta. "S’e ha hecho mucho trabajo buscando este consenso", ha defendido, y ha mantenido que si bien es cierto que es "urgente" hay que buscar la "mejor manera". Vilalta ha insistido que han mantenido contactos con Junts en las últimas semanas para desencallar el acuerdo: "Hemos ido avanzando, con explicaciones sobre el por qué y posibles transacciones en el texto. El problema es la posición definitiva, que no es unánime en Junts, y que no tienen un consenso". Los republicanos esperan multiplicar los contactos en los próximos días para tratar de encontrar una posición unitaria.

Sin embargo, desde los comuns consideran que el consenso se puede continuar buscando una vez la proposición de ley ya haya iniciado su tramitación. La diputada Susana Segovia ha insistido que se trata de una "herramienta necesaria" y ha insistido que ya hay "consenso" suficiente para el primer debate de la ley, y que después se pueden presentar enmiendas: "No son cosas incompatibles". Preguntada sobre si los comuns podrían forzar una votación para alterar el orden del día y obligar a los grupos a pronunciarse en el pleno, Segovia ha respondido que lo harán cuando dispongan de los apoyos necesarios para hacerlo, y seguirán "trabajando" para hacerlo posible: podrían alterar el orden del día tanto hoy como mañana, y por eso mantienen los contactos con el resto de grupos.

De momento, sin embargo, ERC quiere esperar a JxCat, y el PSC se muestra prudente. La portavoz socialista Alícia Romero ha defendido que "quien tiene que desencallar la situación es Junts", y a pesar de que estarían de acuerdo con sacar adelante la iniciativa sin la lista de Laura Borràs, ha defendido que vista la posición de ERC y siendo una cuestión relacionada con "la lengua, un bien que preservar", lo mejor es "intentar ir hacia el máximo consenso posible". Mientras los cuatro partidos buscan una salida, la CUP sigue mostrándose beligerante con la cuestión. Mantiene el rechazo a la reforma y este martes ha pedido la dimisión de Cambray por "querer liquidar la inmersión".

Un intento de dar una salida política al problema

Los partidos que impulsan el acuerdo consideran que es necesario para dar respuesta a la sentencia del TSJC que impone el 25% de castellano a los centros, decisión que justificó por la "inactividad" de la Generalitat a la hora de garantizar la presencia de esta lengua en todos los centros. La propuesta de modificación de la ley de política lingüística puntualiza que el castellano sea empleado en las aulas "en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro" y que "la enseñanza de las lenguas oficiales y en las lenguas oficiales tiene que tener garantizada una presencia adecuada en los currículums y proyectos educativos". Fuentes de republicanos y comuns defienden que sacarlo adelante puede "contribuir" a dar una salida política a lo que a estas alturas se ha convertido en una cuestión judicial. Pero se desconoce si esto se interpretará del mismo modo por parte de un tribunal. De momento, tanto Ciudadanos como Vox han advertido que se querellarán por desobediencia contra la Generalitat si no se cumple con la sentencia.

"Más catalán" en las aulas

En cuanto al Govern, este martes no se ha movido del terreno declarativo. Se ha reafirmado en el recurso contra la ejecución de la sentencia que ya anunció ayer el conseller de Educación, Josep González Cambray, y ha vuelto a criticar la decisión del TSJC, puesto que considera que está "alejada" de lo que debería ser un "sistema judicial objetivo". Antes de la tradicional reunión de los martes del Consell Executiu, han celebrado un encuentro específico sobre este tema el president Aragonès, el vicepresident Jordi Puigneró y los consellers Cambray, Laura Vilagrà, Gemma Geis y Natàlia Garriga. El objetivo oficial, "compartir información", según ha dicho la portavoz, Patrícia Plaja. Fuentes conocedoras del encuentro, sin embargo, apuntan que también ha servido para intentar dar una respuesta cohesionada a todo el lío.

Plaja también ha prometido que en el próximo curso habrá "más catalán" en las aulas del que hay ahora. ¿Cómo es posible si la decisión del TSJC va en la dirección contraria? La Generalitat argumenta que lo conseguirá a través de las dos modificaciones legislativas que prepara: el decreto de modificación de la LEC y los cambios en la ley de política lingüística que están bloqueados en el Parlament. Ninguna de las dos iniciativas, sin embargo, tiene a estas alturas un calendario claro.