Un piso de 1,9 millones de euros a cambio de contratos "preadjudicados": Aldama apunta de nuevo a Ábalos
El comisionista de la trama Koldo presenta las presuntas pruebas contra varios dirigentes del PSOE en el Supremo
MadridVíctor de Aldama, comisionista de la trama Koldo ahora investigado en el Tribunal Supremo junto a José Luis Ábalos tras su declaración voluntaria en la Audiencia Nacional, ha presentado en el alto tribunal las presuntas pruebas que prometió. A la salida de la cárcel gracias a haber colaborado con la investigación en esa cita, Aldama advirtió a Pedro Sánchez de que podría acreditar todo lo que dijo. El comisionista implicó en los pagos irregulares no solo a Ábalos ya su exasesor en el ministerio de Transportes, Koldo García, sino también a Santos Cerdán, el número tres del PSOE; el jefe de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, y el ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres.
Entre la documentación aportada, consultada por el ARA, no hay ninguna evidencia extra que vincule al presidente del gobierno español en la trama. Sí apunta de nuevo, sin embargo, a Ábalos. Da más detalles sobre el exministro: habría pactado con él un piso de 1,9 millones de euros a cambio de contratos "preadjudicados" a constructoras. Según el empresario, "se proyectó una operación, por la que Ábalos adquiriría, sin contraprestación, el inmueble del paseo de la Castellana número 164 de Madrid", propiedad de Aldama, como "garantía" del cumplimiento del "compromiso " por parte de "determinadas constructoras" de "abonar comisiones, si resultaban adjudicatarias de determinados contratos públicos, preadjudicados, es decir, decididos antes de su licitación".
Aldama asegura que con este objetivo se llegó a concertar el 24 de abril de 2019 una especie de contrato fiduciario que reflejaba un alquiler con opción de compra y que expiraba el 14 de febrero de 2024. Sin embargo, también ha aclarado que "el inmueble nunca fue ocupado por Ábalos". "Se estaban realizando obras de reforma que impedían su empleo y, obviamente, no se pagó ninguna renta, ya que se trata de un mero contrato de fiducia", señala el presunto logrador. En declaraciones a ABC, el exministro ha negado ningún tipo de pacto sobre este supuesto piso y ha desmentido que la letra que aparece en los documentos aportados sea suya: "No aporta ni una sola prueba (...) Se está comprando la versión de un delincuente".
El jefe de gabinete de Montero
Sobre el ministro Torres, Aldama aporta una captura de pantalla de su WhatsApp para acreditar su contacto y en un escrito hace referencia a gestiones que había hecho para facilitarle inmuebles para que participara en "encuentros de diversa naturaleza". Sobre su relación con el jefe de gabinete de Montero, el investigado afirma que le pidió que le facilitara "oportunidades de inmuebles" porque quería comprarse una casa con su pareja, en el marco de la trama Koldo.
A raíz de ello, el empresario le solicitó ayuda para aplazar el embargo de una de sus sociedades; unos contactos que, según la defensa, se produjeron a través de mensajes. Según recoge el escrito, finalmente no acabó produciéndose ninguna operación inmobiliaria entre Aldama y Moreno. El comisionista también aporta una captura de pantalla del contacto de WhatsApp del jefe de gabinete de Hacienda, la imagen de una tarjeta de visita y anotaciones en su agenda que hacen referencia a Carlos Hacienda. No hay capturas de pantalla de los chats que habría mantenido con él. En cuanto a Cerdán, la prueba que aporta Aldama es que en una anotación de la agenda electrónica de Koldo García aparece una cita con el presidente de Civis Global, la compañía que "motivó el encontronazo" con el número tres del PSOE y acabó con el presunto pago de 15.000 euros por calmar a Cerdán.
Ante todas estas acusaciones sin pruebas fehacientes y en paralelo a esta entrega de documentación al Supremo, el juez de la Audiencia Nacional que le había investigado hasta ahora ha pedido a la Guardia Civil que verifique las manifestaciones que va hacer Aldama el 21 de noviembre. A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado solicita al instituto armado que emita informe sobre sus declaraciones.