Un policía del caso Tsunami: "Me cayó un adoquín en el brazo. Me siento víctima de terrorismo"

Madrid"Como nos consideramos víctimas de terrorismo, que [esta investigación] tenga las repercusiones que tenga que [...]. Un adoquín tirado desde un tejado me cayó en el antebrazo. Me han tenido que operar dos veces y sufro estrés postraumático", ha declarado ante el juez Manuel García-Castellón un agente de la Policía Nacional que intervino en la plaza Urquinaona y en la Vía Layetana de Barcelona el 18 de octubre de 2019, durante las protestas postsentencia. Aquellos disturbios y las lesiones que sufrieron algunos policías son una de las patas para García-Castellón por imputar terrorismo a una docena de investigados por el caso Tsunami Democrático. Este martes dos agentes comparecieron en la Audiencia Nacional.

"Cada día que me levanto me veo una cicatriz de 18 centímetros en el brazo. ¿Cree que puedo olvidar lo ocurrido y pasar página así como así? No es sencillo", ha explicado Ángel Hernández a los periodistas. Los dos agentes que han comparecido son el 104.440 y el 91.464, y están jubilados por incapacidad permanente total a raíz de esa actuación. Uno de ellos sufrió una lesión en el radio y el otro un traumatismo craneal leve que le provocó la pérdida del conocimiento. Según ha explicado su abogado, Ignacio Fuster-Fabra, no recuerda esa noche. Ambos tienen secuelas psicológicas. "Lo único que quiero es que se haga justicia, que los hechos no vuelvan a producirse. Fue una auténtica salvajada", ha dicho uno de ellos.

Su testimonio sirve al magistrado para apuntalar la gravedad de los incidentes, pero no para vincularlos a Tsunami Democrático ni a las personas que considera que estaban detrás. Según ha reconocido Fuster-Fabra, los funcionarios de intervención policial no tienen la potestad ni la capacidad para saber si esta plataforma de movilización motivó las protestas, pero "sí veían que había una organización". "Están convencidos de que [los manifestantes] querían que hubieran muertos", ha destacado. Esa supuesta voluntad de cometer un "daño extremo" e incluso de que se produjeran víctimas mortales es la brecha que quiere explorar el juez García-Castellón para que la ley de amnistía no pueda amparar un caso de terrorismo.

Sin embargo, Hernández no ha querido mojarse sobre la norma. "Sobre la amnistía no voy a responder. No quiero entrar en este debate", ha dicho. El hecho es que este agente, a su vez, también está investigado por su actuación en las protestas postsentencia y, por tanto, podría ser beneficiado por la ley de amnistía. Tiene dos causas abiertas en los juzgados de instrucción número 11 y 30 de Barcelona, ​​una de las cuales por la detención y las agresiones al chico de la sudadera naranja. Durante la comparecencia, el abogado Benet Salellas le ha interrogado sobre esta circunstancia y su abogado le ha interrumpido. Según fuentes jurídicas, el juez se ha visto obligado a modificar su situación procesal a la hora de responder al respecto –como testigo está obligado a contestar a todas las preguntas ya decir la verdad– y él se ha negado a responder.

Contra la amnistía

Este mismo martes los 11 investigados por el caso Tsunami, cuya gran mayoría están citados a declarar el 22 de mayo por videoconferencia, denuncian en un comunicado conjunto cuya "causa política" son víctimas "por parte de unos tribunales que no son competentes ni tampoco imparciales" y aseguran que el objetivo es "impedir la vía que abre la amnistía por resarcir parte de la represión" al independentismo.

"En el contexto de tramitación parlamentaria de una ley de amnistía, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se alinean con la extrema derecha para deslegitimar una ley que cumple los estándares internacionales, tal y como ha confirmado la Comisión de Venecia", afirman en el texto, que además de nombres como Carles Puigdemont, Marta Rovira o Ruben Wagensberg también suscriben Òmnium, Junts, ERC y la CUP.

Los firmantes, que han hecho público el documento el día en que el Senado tumbará la ley de amnistía y la devolverá al Congreso –donde será aprobada el 29 de mayo–, acusan a los tribunales de utilizar "la acusación de terrorismo, que es arbitraria", para criminalizar el ejercicio de derechos fundamentales que supusieron las protestas postsentencia del 2019. "Ante esta situación y la indefensión jurídica que provoca, queremos hacer valer las garantías de nuestros derechos, actualmente amenazados, algo que cualquier estado de derecho debería asegurar en un sistema democrático", concluye el texto.