El PSC, los 'comuns' y ERC reprochan a Junts la parálisis en la reforma de la política lingüística

BarcelonaLa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de ordenar la ejecución forzosa del 25% de castellano en todas las escuelas de Catalunya ha cogido a los partidos políticos en plenas negociaciones sobre cómo modificar la ley de política lingüística para intentar driblar al tribunal. El PSC, Junts, ERC y los comuns hace 46 días que mantienen conversaciones y, a pesar de que sabían que el pronunciamiento de la justicia podía llegar en cualquier momento, todavía no han cerrado ningún acuerdo. Socialistas, republicanos y comuns responsabilizan a Junts, a quienes acusan de no querer tomar una decisión hasta que pase su congreso de junio. Por el contrario, el partido de Puigdemont se ha defendido hasta ahora diciendo que, si no hay acuerdo, es porque todavía no hay bastante "consenso" entre los partidos y las entidades prolengua.

La raíz del conflicto de esta negociación tiene su origen el 24 de marzo. Aquel día el PSC, ERC, Junts y los comuns sí que anunciaron un pacto para reformar en el Parlament la ley de política lingüística que, según ellos, blindaba la inmersión a la vez que no fijaba explícitamente cuotas por el castellano. Uno de los puntos más controvertidos de la propuesta decía que el catalán era "la lengua normalmente empleada como lengua vehicular" del sistema educativo, pero introducido el castellano como lengua "usada" en "los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro". La reforma generó ruido en las redes y rechazo a entidades prolengua y, horas más tarde del pacto, Junts se descolgaba de él. Todo quedaba parado.

En todo este tiempo no han reconducido el acuerdo y este lunes han llegado los reproches. La diputada del PSC Ester Niubó ha lamentado que Junts "decidió anteponer sus intereses y este es el resultado de no hacer política". En la misma dirección ha apuntado la líder de los comuns, Jéssica Albiach: "Se ha acabado el tiempo de las excusas y los partidismos: hay que activar ya el acuerdo". También en Esquerra su secretaria general adjunta, Marta Vilalta, pedía esta mañana que Junts fuera diligente en la negociación y que "las disputas internas de una organización política no hipotequen los debates del país". "Es imprescindible no dilatar más el acuerdo", decía horas más tarde, ya con el veredicto judicial hecho público. Por el contrario, Junts se ha centrado en reaccionar a la decisión judicial y no ha dado pistas sobre el futuro: "Las zarpas de la justicia siguen atacando nuestra lengua. [...] La vehicularidad del catalán es incuestionable", ha tuiteado la diputada Mònica Sales. Varias fuentes de la negociación aseguran al ARA que en todo este tiempo ha habido "intercambio de documentos" entre las partes, pero sin señales de acuerdo.

Presiones para desobedecer

La situación todavía se complica más porque los cuatro partidos reciben presiones a ambos lados. De una parte, las entidades contrarias a la inmersión que reclaman que se aplique el 25% de la cuota de castellano sin más demora -Escola Bilingüe y Convivència Cívica Catalana, por ejemplo-. De la otra, organizaciones que son partidarias de desobedecer el TSJC como por ejemplo la CUP: "Es la hora de la desobediencia por el derecho a la lengua catalana", ha dicho el diputado Carles Riera. También el sindicato USTEC y el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) ha instado al conseller Cambray a no acatar la sentencia y asumir él todas las consecuencias: "No puede pasar la patata caliente a los centros". El Consell per la República ha ofrecido apoyo jurídico a los centros que desobedezcan. Entre los que no hablan de desobediencia también reina el descontento. La Intersindical ha criticado la "pasividad" hasta ahora de la Generalitat y Comisiones Obreras ha pedido "responsabilidad" a los partidos para encontrar un acuerdo.