Puigdemont y Junqueras obligan a Sánchez a olvidarse de los presupuestos

MadridLa última vez que el Congreso de los Diputados rechazó un proyecto de presupuestos del Estado fue el 13 de febrero del 2019. Ante los votos en contra de partidos como PDECat y ERC, entre otros, Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas. Según fuentes de la Moncloa consultadas por el ARA, esto no volverá a ocurrir este año. El presidente español no tiene intención de aprobar unas cuentas si no tiene garantizados sus apoyos. Ha tomado esta decisión teniendo en cuenta que Junts, ERC y Podemos ahora mismo están muy lejos de insuflar ese oxígeno al gobierno del PSOE y Sumar para aguantar toda la legislatura.

El gobierno español considera que sólo necesita unos presupuestos para aguantar hasta el 2027. Los del 2024 eran imposibles teniendo en cuenta que Sánchez fue investido en noviembre del 2023, y los del 2027 serán muy complicados, porque a sólo unos meses de las elecciones generales los partidos estarán en modo precampo. Por tanto, los del 2025 o los del 2026 son los únicos viables y los que permitirían a la Moncloa demostrar que tiene cierto apoyo en el Congreso. "No haremos el kamikaze", apuntan estas fuentes, que reconocen que en estos momentos las posibilidades de aprobar los del 2025 son "mínimas". ¿Por qué? En primer lugar, porque ya estamos en marzo y todo el trámite no culminaría hasta dentro de unos meses: primero debe aprobarse la nueva senda de estabilidad, después los presupuestos en el Consejo de Ministros y, finalmente, deben pasar por las dos cámaras de las Cortes españolas.

Más allá de eso, hay una razón política de los aliados parlamentarios: cuanto más se esperen ERC y Junts a dar ese aire al gobierno español, más tiempo podrán estar condicionando la agenda política. Si, en cambio, dieran su aval de inmediato, Sánchez ya apenas necesitaría su apoyo político, sólo sus votos en leyes concretas. En Moncloa son conscientes de este argumento, si bien sostienen que su deber es intentarlo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, manifestó a principios de año que durante el primer trimestre plantearía el proyecto de presupuestos y todavía no se ha dicho. Sin embargo, cada día que pasa parece más inviable. Sin embargo, desde el gobierno español consideran que todo el trabajo para mantener buenas relaciones con Junts y ERC no es en vano; por el contrario, es necesaria para allanar el terreno de cara a las cuentas del 2026. Además, si se acaba confirmando la prórroga presupuestaria de este año y el ejecutivo quiere realizar ampliaciones de crédito, tendrán que pasar por el Congreso. Los republicanos están dispuestos a hablar de ello.

La deuda y la cuestión de confianza

En la Moncloa existe el convencimiento de que la semana pasada fue muy positiva para un escenario de futuro entendimiento. La condonación de la deuda ha iniciado su andadura en cumplimiento del acuerdo con ERC para la investidura de Sánchez, el paso previo para los avances en la financiación singular. Los republicanos han vuelto a sentirse protagonistas en Madrid, donde Junts se jacta de ser el único actor que realmente condiciona el PSOE. Sin embargo, el eslogan de los de Carles Puigdemont, "Aguantar la posición", se ha resquebrajado con la retirada de la iniciativa sobre la cuestión de confianza. La reflexión que hacen en la Moncloa es que Junts tenía difícil explicar su aprobación de la mano del PP y Vox: ¿cuál habría sido la consecuencia? ¿Suspender negociaciones? Esto ya lo hizo Puigdemont con aquella comparecencia en enero en Bruselas y, después, las reanudó cuando acordó el decreto para la revalorización de las pensiones y la gratuidad del transporte público.

Juntos encontró un argumento para echarse atrás en la cuestión de confianza –se lo pidió el mediador internacional– y una contrapartida: la ratificación en el consejo de ministros del protocolo número 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que habilita a los altos tribunales españoles a consultar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) duda. Lo que se presentó como una novedad, en realidad España ya lo había firmado el pasado 29 de octubre en Estrasburgo. El pasado viernes, en el Congreso, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, interpelado por Junts, no concretaba en qué se traduciría la ratificación de este protocolo. Los de Puigdemont quieren que el gobierno español realice unas reformas legales puntuales para que los jueces estén obligados a acudir al TEDH en muchos supuestos, si bien esta semana se ha demostrado, con el aval a la prohibición de debatir sobre la autodeterminación en el Parlament, que Estrasburgo no siempre sonríe al independentismo.

La doble comparecencia de Bolaños el jueves y el viernes en las comisiones de justicia y constitucional dejó pruebas de las tensiones y la distancia que, sin embargo, se mantiene entre el independentismo y el PSOE. Tanto Josep Pagès (Juntos) como Pilar Vallugera (ERC) reclamaron a Bolaños que se retractara de haber dicho que el Proceso "rompió la convivencia" y "fracturó familias", pero, lejos de rectificar, el ministro presumió de la "normalización política" y que "lo mejor que le puede pasar a la unidad de España". Si no hay ninguna sorpresa, el inminente acuerdo para el traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat no hará que Junts se avenga a hablar de las cuentas del 2025 –insisten en que antes debe cumplirse con las anteriores– y ERC, que quiere huir del estigma de ser una muleta del PSOE a cambio de nada, ya ha decidido que se esperará a los de 2026.