Razones y culpas del aturdimiento político

MadridDice Pedro Sánchez que ya se ha rehecho de la crisis que le provocó el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los negocios ilegales de su ex secretario de organización, Santos Cerdán, pero el ambiente político sigue muy cargado. Para empezar, el Supremo acaba de ratificar la prisión provisional de lo que había sido hombre de confianza del presidente del gobierno. El auto dictado por la Sala de lo Penal habla de la existencia de "poderosos indicios" del "papel activo" de Cerdán en la trama de cobro de comisiones por la concesión de obras públicas. Cabe recordar que se trata de quien había sido interlocutor destacado con Junts, entre otros papeles. La compleja maquinaria de los pactos en esta legislatura a la fuerza debía resentirse del descubrimiento de este caso de corrupción. El debate sobre el decreto ley antiapagones lo puso de manifiesto, demostrando el cansancio y las tensiones que la evolución de este periodo, en el ecuador de la legislatura, está provocando entre los socios del gobierno de coalición del PSOE y Sumar.

En todo caso, la derrota infligida en el ejecutivo de Sánchez es un grave error, sobre todo de la izquierda que colaboró en el rechazo del decreto ley. Pero sobre todo es un perjuicio para el país. La única ventaja es que se trata de una equivocación enmendable, porque la propuesta volverá a ir al Congreso, y habrá posibilidades de rectificar. En otros momentos la extraña coincidencia entre los partidos del no a este decreto ley no pudo producirse. El enrarecimiento del clima político por los casos de corrupción –entre los que también ocupa un lugar muy destacado el caso del exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro– ha causado una especie de saturación y desorientación general comparable a la que provocan los impactos físicos. Es como si los equipos de dirección de los partidos se estuvieran bajando aturdidos de un autocar recién estrellado contra un árbol de una peligrosa carretera. Después de los trompazos cuesta recuperar el equilibrio. Y estamos lejos de conseguirlo. Todo el mundo está muy nervioso, demasiado. Lo demostró la crisis de Torre Pacheco y la avalancha de mensajes de odio que provocó. La Fiscalía especializada en la lucha contra esta figura delictiva está analizando más de cien mil, una barbaridad. La existencia de estos textos es un síntoma muy negativo de cara a una próxima convocatoria electoral.

Digestión pesada

En ese contexto llega el supuesto paréntesis de agosto, con el último acto parlamentario de la mencionada derrota del gobierno, justo cuando hace dos años de las últimas elecciones. Ya sabíamos que no sería fácil, que el PP –habiendo sido el partido más votado– no podría digerir fácilmente la continuación de su período de oposición, por falta de aliados. Pero en estos momentos la digestión pesada es general. Todo el mundo tiene sus motivos para sentir frustración y fatiga intelectual. El PSOE porque se da cuenta de que no funciona lo que dijo Sánchez sobre su voluntad de gobernar con el Parlamento o sin él. Hay que oxigenar el ambiente parlamentario, y tal y como vamos no se ve la oportunidad. El tacticismo y el cálculo electoral lo impregnan todo.

Podemos dijo al inicio de la legislatura que se comprometía con la gobernabilidad. Pero no lo está haciendo. Cada vez que hablan Irene Montero o Ione Belarra se nota el peso de su pasado reciente, cuando formaron parte del poder ejecutivo. Es decir, se percibe que también han sufrido problemas de digestión. En este caso para asumir el papel de exministros de Pedro Sánchez, al que ahora califican de "señor de la guerra" porque no cierra relaciones con Israel y está dispuesto a aumentar el gasto militar, veremos en qué porcentaje. Se confirma lo que ya sabíamos desde la transición del franquismo a la democracia sobre la dificultad de los acuerdos estables entre las fuerzas políticas de la izquierda.

Adolfo Suárez era consciente de ello y, en parte, por eso facilitó la legalización del Partido Comunista de España (PCE). Se corrió el riesgo de la oposición de los militares nostálgicos de la dictadura, pero el gobierno tenía encuestas que daban reducidas expectativas electorales a los comunistas. Felipe González también sabía que no había mucho que hacer con Izquierda Unida y el PCE de Julio Anguita. Tampoco le resultó a Joaquín Almunia, que propuso a Pacos Frutos hacer "causa común" contra los populares, estrellándose en el intento. Quien se aprovechó de estos factores fue José María Aznar, que dejó por la historia las fotos de sus paseos por los jardines de la Moncloa con Anguita, cuando se prestaba a aparecer formando la célebre pinza con el líder del PP. Y la otra foto de ese periodo fue la de las islas Azores, cuando España sí se involucró en una guerra, la de Irak, sin votación alguna en el Congreso. Ahora, veinte años después, las fuerzas en la izquierda del PSOE están más divididas que nunca.

¿Acabará la legislatura?

Con las fuerzas independentistas debería ser posible terminar la legislatura. Puigdemont no tiene otra oportunidad para regresar en libertad a España. Es necesario resolver esta situación antes de cualquier acercamiento de Junts al PP, un partido que no podrá llegar al gobierno sin el apoyo de Vox. Este factor es también insuperable por el PNV. En este contexto son lógicas las continuas advertencias del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre la conveniencia de que las izquierdas, soberanistas incluidos, busquen acuerdos.

En ningún caso imagino una candidatura común en unas elecciones generales. Pero la periferia del país jugará también mucho en la próxima convocatoria. El cuanto peor, mejor nunca funciona. La crisis del caso Cerdán supuso un gran riesgo. Los coaliados aguantaron, en parte también por instinto de supervivencia. El caso Montoro, por otra parte, ha reequilibrado en cierto modo la situación, obligando a los populares a una decisión con pocos precedentes, la de forzar la dimisión de su diputada Noelia Núñez por falsear el currículo que entregó en el Congreso. Pero mucho más grave es que un ex ministro de Hacienda promoviera cambios legislativos para favorecer a empresas del sector energético que habrían pagado por obtener estas modificaciones. Es difícil creer que las pérdidas de fondos públicos serán recuperadas, por mucho que quiera Pedro Sánchez. El gobierno deberá limitarse a cambios normativos para impedir que un caso así pueda repetirse.