Solo el 19% de los menores tutelados vuelven con su familia

BarcelonaSolo dos de cada 10 menores de edad tutelados por la Generalitat acabarán volviendo a su familia biológica, una cifra baja que para la síndica de greuges obliga a realizar una revisión del sistema de protección, basado más en la separación de las criaturas del su núcleo familiar para encerrarlas en centros que no en la prevención y atención de las situaciones de riesgo. "Estoy convencida de que con mayor ayuda a las familias se podrían reducir los desamparos", ha afirmado este lunes Esther Giménez-Salinas durante la presentación del informe La desinstitucionalización del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, en el que reclama un cambio en el modelo que pase por invertir más en el apoyo y acompañamiento de las familias para poder reducir la alta cifra de niños que pasan años en estos centros.

Este sistema nada tiene que ver con el de justicia juvenil, en el que los menores han cometido algún delito penal. Los tutelados son menores que necesitan una protección debido al comportamiento de los progenitores. La administración, a través de la dirección general de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) pasa a tener su tutela, pero cuando se llega a este punto es porque han fracasado las demás medidas, un factor que la síndica atribuye en parte a la infrafinanciación de los servicios sociales básicos de los municipios, que son los que hacen seguimiento de las familias vulnerables, así como a la exigua partida de Derechos Sociales (el 2% del presupuesto), destinada a promover la parentalidad positiva ya los servicios especializados para atender estas situaciones de riesgo. Por ejemplo, cada niño o la niña con un expediente abierto recibe una atención (psicológica, pedagógica, trabajadoras y educadores sociales) de 49 horas, contando también el tiempo que se dedica a la burocracia. La duración del desamparo se alarga a casi cuatro años de media, un tiempo demasiado largo que acaba perjudicando al menor. "Debemos pasar de separar para proteger a prevenir para proteger", indicó Giménez-Salinas.

Los cambios que plantea también están dentro de los centros de acogida con el objetivo de recortar el tiempo de estancia (dos años en uno mismo centro actualmente) para que la vuelta con la familia biológica sea más rápida y menos traumática. "Estos niños tienen una doble discriminación –argumentó la síndica–. Primero, por las dificultades con su familia y la separación y, después, por el impacto negativo de tener que estar ingresado en un centro", lejos de su entorno conocido, ya que deben cambiar de escuela y la familia vive lejos. En este sentido, apuesta por ser más flexibles en las horas de visita de los padres y que "se piense más en la posibilidad del regreso", aunque admite que en muchos casos hay que vencer las reticencias de los padres a colaborar -ahí. Además, es partidaria de unos centros de acogida más pequeños, con una decena de plazas para crear un ambiente más familiar, mientras que ahora más de la mitad tienen capacidad para una veintena. También critica que la precarización del sector hace que haya mucha rotación de las plantillas y que estén formadas por jóvenes "con poca experiencia vital y profesional", lo que complica que los menores puedan tener vínculos afectivos o referentes, sostiene Giménez-Salinas, quien advierte que entre las criaturas de los centros hay mayor prevalencia de trastornos mentales, abandono escolar y bajo rendimiento escolar. Como síntoma de ese descontento, la síndica ha señalado las fugas de los centros, sobre todo entre los de más de 12 años y las chicas. En abril, 132 de los niños acogidos en centros (que no son de internamiento) se habían escapado, el 2,7%.

Más de la mitad en centros

Sin tener en cuenta a los menores extranjeros que llegan a Catalunya sin referentes de adultos, actualmente la Generalitat tiene en tutela a 8.500 menores de edad, un 16% más que hace seis años. Más de la mitad (53%) de estas criaturas viven en un centro, aunque para la síndica no es la situación más adecuada para su desarrollo afectivo. Giménez-Salinas denuncia especialmente la presencia de menores de tres años –prohibida por ley–, que solo deberían estar en instituciones en casos "excepcionales y de urgencia", pero "nunca" como norma.

Sin embargo, los datos constatan que desde el 2020 la cifra se ha doblado: se ha pasado de 64 a los 114 que había en junio. Es el mismo incremento que los menores de seis años acogidos en un centro residencial, que en tres años han pasado de ser de 123 a 279, aunque una cuarta parte tienen una propuesta de acogimiento familiar. Sin embargo, son los adolescentes de 15 a 17 años el perfil más habitual en estos centros de menores para niños desamparados.

En un 42% de los casos, estas criaturas pueden quedarse con la familia extensa (tíos o abuelos), una buena medida, ha afirmado Giménez-Salinas, pero que también necesita reponerse para dar a estos núcleos más ayudas económicas para el mantenimiento material, así como soporte para que sepan gestionar la nueva situación. En cambio, la acogida en familias ajenas se ha estancado en los últimos 10 años, aunque han aumentado las prestaciones económicas que reciben.