Un tira y afloja por las competencias sobre el sinhogarismo que deja un vacío de poder

BarcelonaLa estrategia de echar balones fuera que han practicado las administraciones ante el devastador incendio de la nave industrial de Badalona –en el que han muerto tres personas– daba la razón al relator especial para la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU. Después de haber visitado España –también Catalunya–, el australiano Philip Alston dejó por escrito que los políticos “han fallado en gran medida a las personas que viven en la pobreza” y que no hay oferta de vivienda asequible y los servicios sociales tienen carencias de recursos y de inversión.

El informe del relator, presentado en febrero, antes de la pandemia, no lo detallaba, pero uno de los grandes problemas en Catalunya es que, además, no ha desplegado un plan estructural para hacer un abordaje conjunto del sinhogarismo y son los ayuntamientos los que tienen que batallar con las situaciones. La falta de voluntad política o la ausencia de recursos en los municipios más pequeños hacen que escaseen los programas locales para los que malviven en infraviviendas, y todavía menos para ofrecerles una atención de emergencia. Por no haber, no hay ni un censo fiable de cuánta gente malvive como sintecho en Catalunya y, según ha confirmado el conseller de Afers Socials, tampoco de cuántas naves y asentamientos hay ocupados.

En un ayuntamiento de la segunda corona metropolitana admitían que, si en su municipio hubiera pasado una desgracia similar a la de Badalona, no habrían tenido capacidad de reacción más allá de dar una ayuda económica para la alimentación, porque no cuentan con oferta de alojamiento de urgencia, más allá de pagar alguna noche de hostal. En otros municipios las administraciones afirman con la boca pequeña que recomiendan a la persona que sobrevive en la calle buscar una solución en Barcelona. Precisamente desde el ayuntamiento de la capital catalana la comisionada de Servicios Sociales, Sònia Fuertes, reclama a la Generalitat que tome “el liderazgo” para diseñar una estrategia real a nivel catalán para unificar desde los servicios hasta los mecanismos de evaluación.

Problemas enquistados

Los asentamientos o las naves industriales en desuso ocupados por personas sin ninguna otra alternativa son un fenómeno que se arrastra hace más de dos décadas y que “irá al alza”, afirma Isabel Marquès, síndica de greuges de Terrassa y miembro del Fòrum de Síndics Locals, que constata el enquistamiento de la problemática por la falta de vivienda a un precio adecuado a los exiguos sueldos actuales. Pero el problema inicial es que se ha cerrado el acceso a la regularización de la documentación de muchos de los residentes de estas infraviviendas, como consecuencia de políticas estatales y europeas que castigan el derecho a migrar y empujan a miles de personas "a la irregularidad, la precariedad, la exclusión o el acoso policial", según un comunicado de SOS Racismo.

La potestad de conceder el permiso de residencia es una competencia estatal, pero, como señala la síndica de Terrassa, los migrantes también encuentran muchos obstáculos en los municipios por la negativa de muchos ayuntamientos a empadronar a los vecinos que no tienen un domicilio fijo, a pesar de que la legislación es muy clara y señala el derecho y el deber de disponer de empadronamiento.

Es el círculo perverso que “invisibiliza” a miles de personas que no pueden acceder a derechos básicos como la educación para sus hijos, la asistencia sanitaria u optar a una vivienda social, critica Marquès. “No se está diciendo que el Ayuntamiento dé un piso, sino que tiene que acompañar a la persona para que encuentre un lugar digno, darle derechos”, subraya, y rechaza que cualquier administración se quite de encima las responsabilidades y deje un "vacío de poder". En este sentido, también señala que “la Generalitat tiene mucho que decir” y que no se puede escudar en las competencias, porque tiene que buscar la capacidad para crear bolsas de vivienda social a las que se pueda derivar a quien lo necesite o apoyar a los ayuntamientos para disponer de una “intervención más integral”.

Cerrar los ojos

Sílvia Torralba hace 15 años que frecuenta naves y asentamientos en Barcelona a través de Amics del Moviment Quart Món. Explica que son lugares con una “gran diversidad de personas y situaciones” –familias con niños, migrantes en situación irregular o adultos solo en la extrema pobreza– que no siempre reciben una respuesta diferenciada. La activista lamenta que la inmensa mayoría de los consistorios tratan a los usuarios como si “estuvieran de paso” y evitan hacer políticas a medio y largo plazo esperando que se vayan.

La realidad es que un asentamiento se acaba cuando se produce un “desahucio forzado” y, por norma general, los residentes buscan otros lugares parecidos, aunque sea cambiando de municipio. En el área metropolitana el cambio es imperceptible por la gran conectividad y el continuo urbano, así que la problemática se traslada de territorio pero no desaparece, resume Jordi Mir Garcia, profesor de humanidades de la UPF, para quien el sinhogarismo, como la crisis de acogida migratoria, es la cara de la “vulneración de derechos humanos”, así que tampoco cree que se pueda abordar con soluciones locales.

Como un mantra, expertos y entidades sociales apuntan que la base para perfilar una salida digna es la vivienda. “Las ayudas económicas paran el golpe, pero no son transformadoras”, dice Torralba. Desde la Taula del Tercer Sector recuerdan que la oferta de pisos sociales es casi ocho veces inferior a la media europea (2% frente al 15%), y también reclaman que la renta garantizada de ciudadanía no excluya otras ayudas. Por su parte, desde Cáritas se lamentan de que los que no tienen permiso de residencia legal no puedan entrar ni a la lista de viviendas.

Al baile de competencias, el alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, ha sumado la variable de la responsabilidad del siniestro y ha apuntado directamente a los residentes de la nave, alegando problemas de "convivencia" con el resto de vecinos del barrio. Para el profesor Mir Garcia, la etiqueta de señalarlos "ya no como irregulares, sino como ocupantes ilegales", es peligrosa, porque "manda un mensaje de estigmatización" de un colectivo entero, obviando el debate de que se trata de una situación global y compleja. La síndica Marquès explica que en algún conflicto entre residentes de naves y de pisos convencionales los primeros servicios que se presentan son los de "la policía". SOS Racismo ha acusado al alcalde badalonés de ser "cómplice necesario" de la tragedia "por acción u omisión" y ha lamentado que los derechos humanos se hayan convertido en un "privilegio".