Las entidades tampoco encuentran pisos para mujeres maltratadas o personas con discapacidad

BarcelonaNo sólo son los precios desorbitados del mercado de la vivienda libre o la carestía de promociones públicas, las entidades sociales también encuentran un muro difícil de esquivar en las reticencias de los propietarios a la hora de alquilar los pisos para destinarlos a colectivos vulnerables. Hay quien explica que todo va bien hasta que revelan que el piso se destinará a acoger a una mujer maltratada con sus hijos, un grupo de personas con discapacidad o con patología mental o una familia con pocos recursos económicos.

En más de una ocasión se ha visto a Óscar Giménez, responsable de infraestructuras y logística de lAsociación in via, que ha tenido que oír cómo ni siquiera podía ver el piso con la excusa de que "el propietario no querrá a estos inquilinos porque busca un perfil de familia normalizada". Con la exclusión residencial más agravada, el tercer sector hace un llamamiento apelando a la "solidaridad" de los propietarios porque necesita hacer crecer en 1.500 viviendas la bolsa de pisos sociales, según los últimos datos de 2021.

En la web de la Fundación Mambré hay una pestaña en la página de inicio con una pregunta directa: ¿Tienes una vivienda disponible? Esta fundación se centra en la captación y administración de viviendas sociales y las ofrece a una veintena de entidades. Maira Costa Casas es la directora de programas sociales de la Fundación y aunque señala que el primer gran inconveniente es la falta de oferta, también constata el "miedo" de los propietarios a relacionarse con entidades que tienen una finalidad social.

Es un temor basado muchas veces en "prejuicios", señala Lluís Puigdemont, director de la gerundense Fundación SERGI y miembro del grupo de trabajo de vivienda de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS). Prejuicios y también "estigmas" que la sociedad cuelga a colectivos categorizados como complicados, coinciden todos los responsables de entidades consultadas por este diario. "Si la propiedad o la inmobiliaria pudiera hacer un casting todo el mundo elegiría un perfil concreto", subraya Puigdemont, quien señala, en este sentido, que de este modo –con el rechazo de cierta población– se ha respaldado la "segregación urbana" y se han "protegido barrios" al fijarse precios inasumibles para el grueso.

Seguros y mediación

En estos casos, son las entidades sociales las que firman el contrato de alquiler de viviendas, no las familias. Pero ni siquiera el hecho de que las organizaciones acrediten solvencia económica para hacer frente al pago mensual es suficiente para los propietarios, indica Puigdemont. Además, estas organizaciones aportan más garantías, como la de devolver la vivienda en las mismas condiciones que se entregó, una vez finalice el contrato o si el propietario lo necesita de urgencia. Incluso Giménez indica que también se hacen cargo de las pequeñas reparaciones o de los desperfectos con "seguros multirriesgo", añaden desde SERGI.

Costa manifiesta que ese miedo a la diferencia conduce a situaciones tensas porque "por prejuicio", si hay un incidente en la escala, el resto de vecinos se apresuran a "señalar a los inquilinos" sociales, aunque nada les incrimine. En eso también intentan remediarlo, con grupos de mediación entre ambas partes o el seguimiento y acompañamiento social de sus usuarios. Problemas pueden surgir, pero Costa apunta que "seguramente en comunidades donde hay pisos turísticos hay más conflictividad y molestias", con el agravante de que los propietarios no suelen actuar de intermediarios ni hacer pedagogía entre la clientela.

Más listas de espera

Giménez relata como a menudo, cuando explica que la Asociación in via acompaña a mujeres supervivientes de la violencia machista, se topa con la negativa que atribuye al "desconocimiento de cómo funciona una casa de acogida y al miedo a lo que puede llegar a pasar" si aparece el agresor. En realidad estos pisos son un refugio para estas mujeres, que saben que no pueden revelar su ubicación, precisamente, para salvaguardarlas tanto a ellas como a sus hijos oa las demás mujeres con las que lo comparten. Incluso cuando la asociación está dispuesta a pagar el precio del mercado existe un rechazo a la oferta, lo que hace que crezca la lista de mujeres que esperan dejar un recurso comunitario.

En la cooperativa TEB del barrio barcelonés de Sant Andreu también han tenido que lidiar con desconfianza de vecinos ya no sólo cuando han podido acceder a una vivienda para hacer un piso para las personas con discapacidad intelectual que acompañan. También a la hora de construir una casa-hogar o una residencia en un solar y el vecindario les ha "puesto bastones en las ruedas" alegando en los procesos de permisos de obras. "El corazón te dice que debes denunciar estos casos", señala la directora de promoción cooperativa de la entidad, Pepa Muñoz, quien no lo hace para evitar que la convivencia empeore y, sobre todo, para evitar "más estigmatización". La responsable atribuye el comportamiento de los vecinos al "miedo a que sus viviendas se devalúen", al igual que ocurre cuando se decide la instalación de una sala de venopunción o uno centro de acogida para menores no acompañados.