“Es mejor que ganar la lotería”: comprar el piso en el fondo buitre para no quedarse en la calle

BadalonaTodavía le tiemblan las piernas cuando cuenta que ha pasado de verse en la calle con la camisa a sus espaldas a ser propietaria del piso. "Nos salvamos por la campana, sí", ilustra Anna Pujol (nombre ficticio) para relatar que, después de años de estar amenazada con desahucios, presionada para marcharse sin hacer ruido e intentos desesperados de quedarse, lo consiguió, el miércoles pasado, sólo las 48 horas antes de la comida presentaran para ejecutar el levantamiento. Dos días antes, llegó a un acuerdo con el fondo y firmó las arras para comprar la vivienda en la que ella y su madre habían vivido de alquiler desde hacía veinte años.

El proceso ha sido muy complicado y, emocionalmente, les ha supuesto una travesía por la depresión, la ansiedad y el miedo de la madre, con una discapacidad, y de la hija, una joven estudiante de máster de 24 años que acaba de estrenar su primer contrato laboral, lo que le ha facilitado la concesión de la hipoteca.

Pagar religiosamente

La familia entró en el piso del barrio de la Salut de Badalona en el 2006 y desde entonces "cada primero de mes se ha pagado religiosamente". Primero, al propietario particular que acabó perdiéndole por no cumplir con la hipoteca y, después a los dos fondos buitre que lo adquirieron. "Nunca hemos sido okupas, nunca hemos pedido un piso por nuestra cara bonita", indica Pujol que, desesperada porque ni el abogado de oficio salía adelante ni los servicios sociales municipales le daban un buen acompañamiento, buscó la ayuda de la Plataforma Sant Roc Som Badalona.

La entidad, que nació como una escisión de la PAH local, en plena crisis de las hipotecas del 2011, ya través de un puñado de voluntarios, apoya a las familias que tienen orden de desahucio, ya sea en la calle parando el golpe o asesorándolas desde un despacho. Enric Marín, jubilado del sector de la banca, se encarga, con Montse Conejo, de estudiar casos como el de Anna Pujol y de contactar con los fondos que son propietarios de los pisos para que se avengan a venderlos a los vecinos que ya viven y que tienen posibilidades "reales" de seguir pagando las cuotas de la hipoteca o del alquiler. "No hacemos compras para parar desahucios, sino para que la gente viva", explica en el pequeño despacho del centro cívico comunitario de Sant Roc. Calcula que se han cerrado "un centenar" de operaciones, aunque carece de registros informatizados, pero sí sostiene que casi todos los beneficiados "están cumpliendo".

Todas estas familias tienen informe oficial de vulnerabilidad, trabajan y tienen algún ahorro, pero del todo insuficiente para acceder al mercado inmobiliario ordinario. Al otro lado, casi todos los propietarios son fondos buitre que, con el estallido de la burbuja y crisis a crisis, se han adueñado de "prácticamente todos los pisos del barrio", señala el activista. Los pequeños propietarios son una anécdota, uno cada mes a lo sumo, y la Plataforma se abstiene de plantearles batalla. A pesar de la moratoria, los desahucios nunca se han detenido en el barrio.

Degradación estructural

Este barrio badalonés es uno de los más vulnerables de Cataluña, con datos altos de pobreza, paro, abandono escolar, degradación urbanística, así como de ocupación y desahucios de viviendas. Cada semana, la Plataforma actúa en ocho o diez desahucios. Ya hace unos años, Marín planteó que "la única solución" era presentar ofertas de alquiler social o de compra a los fondos buitre para evitar que los vecinos tuvieran que irse. Esto supuso picar piedra. Primero porque no era fácil encontrar con quien iniciar el diálogo porque los pisos se han ido vendiendo en paquetes y han cambiado de manos: del BBVA a Divarian, del Sabadell a Promontoria. Todo ello hace que el entramado de las empresas sea una telaraña complicada porque "cada fondo tiene una política".

Fátima Salah se encontró con este calvario cuando estaba buscando a quien podía pagarle el alquiler una vez se enteró de que quien creía propietario era realmente un estafador. Califica de "milagro" que hoy viva "tranquila" con sus dos hijos menores en un piso de Sant Adrià de Besòs que ahora está remodelando "poco a poco". Hace una década, entró en elvivienda realquilando una habitación sin saber que, en realidad, era un piso ocupado. Fue la Plataforma quien finalmente "negoció" con el fondo un "precio ajustado" a sus condiciones de familia monomarental vulnerable, aunque, cuando ya había hecho la reserva del piso, se enteró de que el fondo había querido venderlo a un tercero, que se vino a renunciar a él en favor de Salah. Con el banco, los problemas aparecieron por las trabas que los pusieron, puesto que la familia de Marruecos le dejó dinero y tuvo que demostrar que "no procedían del blanqueo de capitales".

Marín explica que existe un negocio "de comprar pisos con personas dentro" de estos pisos y cree que, para aumentar los beneficiarios, hay que aprovechar que los fondos tienen voluntad de deshacerse de una cartera de viviendas que, en estos momentos, está "trillada". Sin embargo, el margen de maniobra de la Plataforma es muy estrecho porque no tiene capacidad para "negociar paquetes de pisos", sino que batalla caso por caso. En este punto, el activista sostiene que si las administraciones públicas adoptaran esta fórmula y se sentaran con los fondos, obtendrían mejores condiciones y más vecinos podrían mantener sus pisos. "Si nosotros, que somos cuatro voluntarios, ¿hemos podido hacerlo, porque no la administración?", lamenta.

A la familia de María Llanos Cortés, la orden de desahucio les llegó en el 2019, justo en un cambio de propiedad del piso, donde llevan casi medio siglo viviendo. De hecho, habían sido propietarios hasta que tuvieron que realizar dación en pago para mantenerse de inquilinos. Nunca fueron morosos y pagaron el alquiler cada mes hasta que unilateralmente se los cancelaron. Para presionarles, el fondo les ofreció "3.000 euros" para dejar el piso vacío. "¿Pero adónde vamos con ese dinero?", se pregunta Cortés, que también recurrió a la Plataforma. Haciendo números, acordaron plantear una oferta de 35.000 euros para comprar la vivienda, pero la empresa no descendió de los 38.000. "Ahora volvemos a ser propietarios del piso de nuevo, y, una vez el banco me aceptó la documentación, esa fue la noche que mejor he dormido de mi vida. Nos ha tocado la lotería. ¡No, ave va! Mejor que la lotería", reflexiona Cortés, que vive con el marido jubilado, una hija y dos nietas.

Conejo señala que "el mejor momento" es cuando los vecinos con problemas "van al notario y firman" para ser propietarios del piso. "Nosotros no les engañamos sobre las posibilidades que tienen de poder comprar y les avisamos de que con la renta garantizada de ciudadanía será muy difícil".