Europa alerta de por qué la mayoría de los delitos de odio no se denuncian

BarcelonaMiles de ataques contra minorías religiosas, mujeres, migrantes o el colectivo LGTBIQ quedan cada día impunes en toda la Unión Europea. Entre el 40% y el 90% de las víctimas de los llamados delitos de odio optan por no denunciar la agresión, en parte porque desconfían de las instituciones oficiales o porque les dan miedo las posibles represalias de señalar a sus agresores. Lo advierte la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés) en un informe en el que anima a denunciar y hacer visibles las expresiones de intolerancia. Extrapolándolo, las 1.700 denuncias por ataques discriminatorios que se registraron en España en 2019, el último año recogido por el CGPJ, son la punta del iceberg.

Si bien todo el mundo puede ser diana de la intolerancia, los miembros de las minorías tienen hasta el doble de posibilidades de ser víctimas de discriminaciones y violencia por el solo hecho de formar parte de ellas. Y cada vez más. En España los delitos de odio han aumentado en un 45% desde el 2013, según el ministerio del Interior, coincidiendo con la presencia de la extrema derecha en los medios de comunicación y las instituciones. No se denuncia, pero no porque no exista un marco legal, puesto que la mayoría de países tienen avanzadas leyes que penalizan estas actitudes de odio o han abierto servicios y recursos para atender a las personas agredidas. El artículo 510 del Código Penal castiga con penas de entre uno y cuatro años de prisión aquellos que "públicamente fomenten, promuevan o inciten directamente o indirectamente al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia" por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, así como por el origen nacional, el sexo, la orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad".

"Solo lo denuncias si tienes una prueba, un vídeo en el que se ve que te llaman bollera o maricón, o que te rompen la cara", asegura la presidenta de la Federación de Familias LGTBI, Katy Pallàs, que subraya que, a pesar de que haya leyes, la última palabra depende de la interpretación que haga el juez a la hora de tipificar una agresión como delito de odio o no. Es lo que pasa con el asesinato del joven gallego Samuel, muerto a golpes y al grito de "maricón" pero que de momento se considera una pelea de calle ordinaria.

En SOS Racismo conocen las "infradenuncias" y le ponen cifras: solo el 5% de los migrantes en situación no regularizada denuncian, y de los que tienen papeles, el 45%. Las víctimas acuden a la ONG para explicar el episodio de violencia y discriminación, pero a la hora de dar el paso para formalizar la denuncia frenan por desconfianza en el sistema, el convencimiento que no servirá de nada o el miedo a las posibles represalias, explica la portavoz de la entidad, Larissa Saud. Además, un grueso importante de las quejas por discriminación son contra policías y agentes de seguridad privada. La FRA indica también como factores que frenan la denuncia el hecho de que es un proceso demasiado largo, complicado o incómodo.

Según el informe, si uno de cada 10 europeos afirma haber sido víctima de ataques físicos en los cinco años anteriores, el porcentaje llega a dos de cada 10 cuando se pregunta a miembros de una minoría étnica, el 19% de los no heterosexuales o el 15% de los inmigrantes. La UE alerta que en el caso de la violencia machista la tasa de denuncia es "particularmente baja". Si más de un tercio de las mujeres mayores de 15 años que viven en la Unión Europea han sufrido al menos una vez violencia física o sexual, solo se denuncian entorno al 14% de las agresiones. El resto queda impune.

Para aumentar los porcentajes de denuncias, la agencia europea propone que los estados miembros de la UE desplieguen y apliquen medidas de protección "inmediatas y efectivas", pero también que se facilite el proceso de denuncia estableciendo mecanismos que ayuden y animen a ir a la policía, no sólo a víctimas, sino también a los testigo de crímenes de odio. Para acabar, también se pide formar a la policía y los jueces en diversidad, para que puedan atender estos tipos de delitos desde el conocimiento y la empatía.