Justicia retrocede con los nuevos criterios de seguridad porque necesita presos cubriendo vacantes de trabajo

BarcelonaLa conselleria de Justicia ha rebajado uno de los requisitos para que los presos puedan acceder a un trabajo en la cárcel, una medida que endureció hace sólo unos meses para reforzar la seguridad después de el asesinato de una cocinera en Mas d'Enric. Lo ha hecho al constatar que uno de los criterios que se aplicaron es "excesivamente restrictivo", hasta el punto de que ha dificultado cubrir los puestos vacantes, según reconoce la dirección general de Asuntos Penitenciarios en una modificación de la normativa a la que ha tenido acceso el ARA.

La circular inicial publicada en septiembre fijaba el tiempo que iba a pasar desde el último expediente disciplinario que había tenido abierto un preso hasta que podía optar a un puesto de trabajo. Ahora, una adenda a la circular publicada el martes abre la puerta a que las juntas de tratamiento rebajen hasta la mitad este periodo de seguridad.

El texto original de la circular establecía este período de tiempo como un requisito común para todos los puestos de trabajo dentro de la cárcel, indistintamente de si suponían un mayor o menor grado de riesgo. El tiempo que debía pasar desde el último expediente disciplinario hasta el acceso al puesto de trabajo variaba en función de la gravedad del incidente en el que hubiera estado implicado el interno: por faltas leves, debía pasar un mes; por faltas graves, tres meses, y por faltas muy graves, seis meses.

Ahora este período de tiempo se podrá reducir hasta la mitad si la junta de tratamiento de la cárcel lo autoriza. Para ello, será necesario antes un informe favorable del equipo multidisciplinar que trabaja en las prisiones, según añade la adenda a la circular firmada este martes.

Se mantienen otros requisitos

Aparte de este requisito, la misma circular estipula que para que un preso pueda trabajar en prisión es necesario que no sufra un diagnóstico de salud mental activo y no compensado. También siguen vigentes los requisitos específicos para los puestos de trabajo considerados de riesgo, incluyendo, entre otros, que no puedan trabajar en las cocinas los internos con antecedentes por delitos violentos que hubieran provocado una muerte o lesiones graves.

De esta manera, el departamento se autoenmienda en lo que fue el primer gran movimiento en las prisiones del consejero Ramon Espadaler desde su llegada de la mano del gobierno de Salvador Illa. Las restricciones despertaron la alerta de distintos grupos de derechos humanos e incluso algunos presos apartados de su trabajo abrieron la vía judicial para intentar revocar el despido.