La salud bucodental, la gran olvidada del sistema público
La falta de servicios empuja a los catalanes que se lo pueden pagar a la privada y aumenta las desigualdades


BarcelonaEl estado de boca tiene un impacto directo en nuestra salud. Las enfermedades que afectan a los dientes y encías comparten factores de riesgo con otras patologías, como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. A pesar de estar estrechamente relacionadas, la odontología y la medicina han avanzado por caminos distintos a Cataluña, y la mayoría de los pacientes que reciben atención bucodental lo hacen fuera de los centros de atención primaria (CAP), es decir, en consultas privadas. Desde hace décadas, diferentes Gobiernos de la Generalitat han intentado, sin éxito, incorporar de forma efectiva los servicios de dentista en la cartera de prestaciones públicas.
Desde 2020 los CAP ofrecen atención a la salud bucodental a la población infantil hasta los 14 años ya colectivos vulnerables por condiciones sociales y de salud. Son servicios básicos como extracciones de dientes, limpiezas, tratamiento de infecciones y heridas. A los menores, además, se les realiza empastes para tratar caries y sellados, ya los enfermos de cáncer cervicofacial implantes y prótesis. Ahora bien, fuentes sindicales consultadas por el ARA aseguran que no se llega a ofrecer todas estas prestaciones porque no existen recursos suficientes para asumirlas. En este contexto, la consejera de Salud, Olga Pané, ha prometido como prioridad de esta legislatura desatascar de una vez por todas la ley de salud bucodental y ampliar progresivamente estos servicios.
"Llevan 25 años desencallando", ironiza el presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Catalunya (COEC), Germán Pareja, que defiende que es necesaria una apuesta política decidida y destinar más recursos si se quiere desplegar la ley. Actualmente, en Cataluña hay 6.300 dentistas colegiados, pero sólo 400 trabajan en el sistema público de salud. Además, la mayoría de estos dentistas que trabajan en centros públicos lo hace apenas media jornada y el resto de tiempo trabajan en clínicas privadas. Según Pareja, no hay más profesionales trabajando en los CAP porque no se ofrecen más plazas, pero la voluntad del sector está ahí. En cuanto al circuito privado, en Cataluña existen más de 3.600 clínicas dentales autorizadas por el departamento de Salut.
Ya sea por desconocimiento de los servicios que ofrece la sanidad pública o porque no pueden acceder a ellos, la mayoría de catalanes que quieren cuidar su salud bucal recurren al circuito privado prioritariamente. Según un estudio de Key Stone, en los últimos cuatro meses los catalanes se han gastado de media más de mil euros al dentista, un gasto mucho más elevado que en el resto del Estado, donde el promedio por tratamientos odontológicos es de casi 700 euros. El COEC avisa de que las enfermedades bucodentales afectan de "manera desproporcionada" a las personas con menos recursos, que no se pueden pagar un dentista privado, lo que crea unas desigualdades que a juicio del colegio, son "injustas y modificables".
¿Una "herramienta electoralista"?
Cuando Pané anunció que recuperarían la Ley, previó que antes de terminar el 2024 empezarían a ampliarse los servicios de dentista público para las personas con discapacidad y también para aquellas social y económicamente vulnerables. La voluntad entonces era realizar un despliegue progresivo a lo largo de este 2025. Ahora bien, la norma sigue sin arrancar y actualmente Salut está "planificando y analizando los costes de la incorporación de la población en situación de vulnerabilidad social o riesgo de exclusión". Fuentes del departamento han explicado al ARA que, para desplegar la Ley, se necesitan nuevos presupuestos, aunque desde el Govern ya han asumido abiertamente que no conseguirá aprobar las cuentas de 2025 tras la negativa de ERC a negociarlos. Desde el COEC lamentan que el departamento no se ha puesto en contacto con el colegio en ningún momento para hablar del despliegue de la norma.
Xavier Marco, odontólogo, secretario de la Agrupación de Dentistas de Catalunya (ADC) y delegado del sindicato Médicos de Catalunya en el Consorcio Sanitario de Terrassa, considera que el anuncio de Pané es una "herramienta electoral" y cree que no existe una voluntad real de desplegar la atención a la salud bucodental. Cuidado que con los recursos que existen actualmente disponibles no llegan a realizar todas las prestaciones que están recogidas en la normativa vigente desde 2020, no sólo por falta de dinero, sino también de profesionales y de espacios. "En el centro donde trabajo, por ejemplo, no estamos matando nervios porque no tenemos tiempo. Solo tenemos dos sillas y mucha lista de espera. Una visita dura unos 20 minutos y para matar a un nervio necesito una hora", se queja.
Desde el COEC avisan también que hay inequidades territoriales que hay que revertir. Por ejemplo, los tratamientos de la caries en menores de hasta 14 años están incluidos dentro de la sanidad pública, pero por ahora "no se ofrecen en la totalidad del territorio". Otra de las prestaciones básicas que no está garantizada en gran parte del país es el tratamiento de traumatismos osidentarios, es decir, cuando existe la fractura de un diente. Según el Colegio, estos pacientes pueden recibir atención, diagnóstico y valoración por los equipos de odontología de la atención primaria, pero "en la mayoría de casos no se posee la infraestructura ni material necesarios para su tratamiento". También lamenta que no existe ningún circuito de derivación en centros públicos donde se pueda atender a los pacientes.
El dentista de Colau
Ada Colau y los comunes también hicieron de la salud bucodental a uno de sus caballos de batalla y se propusieron impulsar un servicio de dentista municipal en Barcelona abierto a todo el mundo y con tarifas hasta un 40% más económicas. El pleno del Ayuntamiento aprobó el proyecto en el 2019, pero nunca llegó a ponerse en marcha porque rápidamente quedó atascado en los tribunales. Fue el COEC quien denunció la puesta en marcha de este servicio alegando que el consistorio no tiene competencias para ofrecer servicios de odontología, puesto que corresponden exclusivamente "a la Generalitat como administración sanitaria".
A finales del año pasado, el servicio de dentista municipal quedó definitivamente enterrado antes de que abriera consulta médica para dar atención más económica a los ciudadanos de la capital catalana que no se pueden pagar este tipo de servicio. El Tribunal Supremo dio la puntilla al programa ya con Jaume Collboni a la alcaldía, que respondió a la sentencia asegurando que respeta plenamente las decisiones judiciales y pasó el balón al Gobierno. Así pues, el Ayuntamiento instó a la Generalitat a desplegar la ley, que todavía tiene que empezar a andar.
Más prevención
Mientras la ley no llega, los expertos insisten en que existen otras formas de cuidar la salud bucodental de la ciudadanía desde el sistema público. En 2022, por ejemplo, Salut empezó a incorporar higienistas a los CAP y hasta ahora ya se han incorporado más de 288 profesionales, casi un 80% de los previstos. Además, el departamento defiende que se están poniendo muchos esfuerzos en materia de prevención, con consultas y actividades grupales. Pareja defiende que ésta es una medida muy efectiva para disminuir la incidencia de las enfermedades en los dientes y encías y, en cambio, no tiene un coste tan elevado como el despliegue efectivo de la ley. Además, recuerda que estas enfermedades pueden relacionarse con otras patologías fuera de la boca, por lo que también se reduciría la incidencia de éstas, como la diabetes.
La odontóloga Núria Vallcorba, que ha sido presidenta de la Sociedad Catalana de Odontología y Estomatología, de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración y de la Fundación SEPA de Periodoncia e implantes dentales, también pone el foco en la prevención. La detección precoz, subraya, también puede abaratar el tratamiento tanto al paciente como al sistema sanitario. "Hay que hacer pedagogía de un buen cepillado, el uso de pasta con flúor y la higiene interdental. Así disminuiremos mucho estas enfermedades", argumenta la experta.
Reconocer las especialidades
Otra de las mejoras que reivindican a los odontólogos es el reconocimiento de especialidades en odontología. El presidente de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, José Nart, explica que hace 20 años que el sector intenta conseguir este reconocimiento, como ya han hecho la mayoría de países europeos, pero no ha tenido éxito. "La carrera de cinco años no te da todas las aptitudes para tratar según qué tipo de patología, que puede ser más severa, o realizar según qué tipo de tratamiento, que puede ser más complejo", asegura. Así pues, la propuesta de las sociedades científicas es que se reconozcan especialidades como periodoncia, prótesis, ortodoncia, cirugía oral, endodoncia u odontopediatría, entre otras.
Nart defiende que este reconocimiento beneficia a los pacientes, ya que así "se asegura la máxima calidad asistencial" en todo momento. Para que el ministerio estudie la propuesta, sin embargo, las sociedades científicas necesitan el apoyo de al menos siete comunidades autónomas, y de momento sólo han conseguido la firma de Murcia y Aragón. Aún así, prevé que este 2025 sumen las restantes firmas y empiecen a avanzar hacia un modelo con especialistas que, sin embargo, no se hará efectivo este año.