El Supremo cree que sería "deseable" una ley de pandemias
Resuelve que con las leyes actuales se pueden limitar derechos fundamentales sin el estado de alarma, pero apunta que una nueva norma ofrecería "máxima seguridad jurídica"
MadridFinalmente el Tribunal Supremo se ha mojado en el debate abierto en el Congreso sobre si hace falta o no impulsar una ley de pandemias para regular las restricciones una vez ya no está en vigor el estado de alarma. Pero lo ha hecho a medias. En una sentencia sobre el confinamiento perimetral entre islas en las Canarias, el alto tribunal considera que con la legislación actual, incluso sin entrar en leyes orgánicas –es decir, con las leyes autonómicas–, es posible restringir derechos fundamentales, como el hecho de no permitir salir de un territorio o bien durante la noche. Ahora bien, señala que las administraciones tienen que justificar muy bien sus razones. Y por eso cree que sería "deseable" poder acudir a "una regulación específica para hacer frente a la pandemia que detallara tantas posibilidades como fueran susceptibles de precisión para ofrecer la máxima seguridad jurídica".
En concreto, la sentencia desestima el recurso presentado por el gobierno canario en contra de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de las Canarias de no ratificar el cierre perimetral de todas las islas por alta incidencia de covid. En la resolución establece que la ley de medidas especiales en materia de salud pública del 1986 puede ofrecer cobertura a limitaciones puntuales de derechos de los ciudadanos, pero siempre que la administración autonómica justifique raonadament las medidas. Esta es la norma que se está usando para las restricciones relativas al coronavirus y que el PP ha propuesto modificar en el Congreso para dar más garantías a los gobiernos autonómicos. A pesar de que el gobierno español hace un año defendió una medida similar, ahora se ha cerrado en banda y asegura que la modificación que propone el partido de Pablo Casado permitiría vulnerar los derechos fundamentales sin el aval de dos poderes del Estado. Y es que actualmente hace falta el de un gobierno y el poder judicial. Los socialistas consideran que tiene que seguir siendo así.
De hecho, la Moncloa decidió la semana antes de que se acabara el estado de alarma que el Supremo tuviera la última palabra a la hora de resolver litigios entre los gobiernos autonómicos y los tribunales. Una manera de marcar jurisprudencia en todo el Estado para que no hubiera el caos judicial que ya empezó a producirse a partir del 9 de mayo. Desde entonces hay comunidades que tienen en vigor el toque de queda nocturno, como el País Valenciano y las Baleares, y otras, como Euskadi y las Canarias, donde los tribunales lo han tumbado. Por eso el Supremo lamenta que hoy tenga que tener en cuenta diferentes leyes diferentes para responder a la pandemia: "Sin ningún tipo de duda habría sido deseable que, en lugar de conceptos indeterminados y cláusulas generales, pudieran acudir a una regulación específica para hacer frente a la pandemia". Lamenta también –a pesar de que admite que no es una novedad y ya pasa en otros campos– que los preceptos examinados a nivel legal "delimitan con una precisión mínima el campo de su aplicación".
La importancia de ser "preciso" en los argumentos
La sentencia puede considerarse poco importante porque el gobierno canario ya desistió de imponer el confinamiento perimetral entre islas, pero sí lo es a la hora de saber el parecer del Supremo y marcar jurisprudencia. Apunta, pues, que a partir de ahora "será necesario examinar cada medida y valorarla atendiendo a los criterios extraídos de los preceptos [legales que blanden las comunidades], si cumplen las exigencias de adecuación, necesidad y proporcionalidad". "En definitiva, la legislación sanitaria sí autoriza la limitación de la libertad de circulación siempre que se den las condiciones previstas", concluye. Es el mismo argumento que hace dos semanas que da la Moncloa: que las comunidades podrán aplicar las restricciones siempre que las justifiquen con "detenimiento y precisión".
Por otro lado, la pandemia sigue estabilizándose, a pesar de que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES), Fernando Simón, ha advertido de que la velocidad de la reducción de casos de covid "se ha suavizado en los últimos días" sobre todo entre los menores de 50 años, la población que mayoritariamente todavía no se ha vacunado. Simón lo ha atribuido al final del estado de alarma. El portavoz del ministerio de Sanidad, sin embargo, ha asegurado que si se producen nuevas oleadas, serán mucho más pequeñas que las precedentes, dado que ya hay un porcentaje importante de la población vacunada: 24,5 millones de personas en el Estado han recibido al menos la primero dosis de la vacuna.
Ante algunas críticas al gobierno español por abrir las fronteras a turistas británicos sin restricciones, Simón ha defendido la medida pero ha pedido "rebajar el tono de euforia" sobre la apertura de España al turismo. "Yo preferiría que se dijera en voz queda", ha asegurado. "Entiendo que hay momentos en una pandemia en los que el criterio sanitario deja de tener tanto peso" en las decisiones políticas, ha dicho.
El responsable del CAES también ha abierto la puerta a hacer que las personas de entre 60 y 69 años vacunadas con una primera dosis de AstraZeneca puedan recibir la segunda dosis de Pfizer, si Sanidad detecta que muchas personas menores de 60 años que están pendientes de recibir la segunda dosis de AstraZeneca finalmente se decantan por no combinar vacunas. Aún así, ha subrayado que hoy por hoy los mayores de 60 años recibirán la segunda dosis de la vacuna de Oxford y no de Pfizer. "Si hay un número muy importante de menores de 60 años que quieren la segunda dosis de AstraZeneca habría que valorar que la gente mayor de este tramo de edad se vacunen con Pfizer", ha asegurado.
