El Gobierno sanciona a 79 grandes tenedores con 6 millones por no ofrecer alquiler social
Consum incorpora la publicación en el DOGC de los nombres y las multas como medida disuasoria
BarcelonaEl Govern, por medio de la Agencia Catalana del Consumo, ha sancionado a 79 grandes tenedores con 6,07 millones de euros por no ofrecer alquiler social a familias vulnerables desde febrero de 2020. Así lo han detallado este viernes el conseller de Empresa y Treball, Roger Torrent, y el director de Consumo, Albert Melià, que precisaron que dos empresas acumulan casi la mitad de las multas (2,7 millones de euros). Una penalización millonaria que parte de los 1.242 expedientes abiertos en los últimos cuatro años. Melià ha explicado que se ha incorporado, como medida disuasoria, la publicación de los nombres de los grandes tenedores y las sanciones impuestas por no cumplir la normativa, siempre que la sentencia administrativa sea firme.
En concreto, de los 79 grandes tenedores sancionados, 27 acumulan más de un expediente y el 52% de los procesos puestos en marcha se concentran en dos empresas, aunque quizás no deriva en penalización económica. Según ha informado Melià, se trata de Divarian Propiedad (con 423 expedientes) y Promotoria Coliseum Real Estate (221). Ninguna de estas dos empresas ofreció alquiler social antes de iniciar el desahucio del domicilio, tal y como fija la ley de emergencia habitacional.
El director de Consum ha señalado que ya se ha publicado en Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) el nombre de 11 compañías a las que se les ha multado por no cumplir la normativa, como Coral Homes, Altamira Santander Real Estate y Claysburg, entre otras. Melià ha explicado que desde mayo de 2023 la Agencia ha incorporado a todos los procedimientos sancionadores, una vez que las empresas han agotado la vía administrativa, la publicación y difusión de la penalización y su nombre. "Se quiere reforzar ese efecto disuasorio, dirigido a los grandes tenedores ya aquellos que están obligados" a cumplir la regulación, ha subrayado el director.
Asimismo, ha situado las principales actuaciones sancionadoras en el área metropolitana de Barcelona, ya que en la capital catalana las competencias son del consistorio: 110 expedientes en Badalona; 79 en Hospitalet del Llobregat, 66 en Sabadell, 64 en Terrassa, 60 en Santa Coloma de Gramenet, 52 en Mataró, 34 en Vilanova i la Geltrú, 29 en Rubí, 27 en Montcada i Reixac y 26 en Sant Boi de Llobregat .
Multiplicación de las actuaciones
A su vez, Torrent detalló que las inspecciones se han multiplicado por ocho en estos cuatro años respecto a lo anterior, lo que "ha hecho aflorar actitudes a erradicar". Concretamente, el conseller de Empresa y Trabajo ha dicho que las inspecciones realizadas en este periodo se han incrementado un 779% respecto a 2020 (183 frente a 1.792).
Precisamente, este programa que persigue la obligatoriedad de un alquiler social se reforzó el año pasado con la suma de 19 personas profesionales. De este modo, las denuncias entre enero de 2023 y 2024 se encaramaron hasta las 2.031, un 243% más que entre 2020 y 2022; los expedientes abiertos crecieron hasta los 1.087, un 600% más, y las sanciones subieron hasta las 168, un 115% más.
Torrent ha asegurado que la voluntad de esta iniciativa "no es la sanción por la sanción" sino "intervenir en un mercado en torno a un derecho tan sensible como es el del acceso a la vivienda". A su vez, ha recordado que en este ámbito se deben hacer "una batería de políticas" y que buscan "impactar" en este sector, y ha justificado las medidas impulsadas por el Gobierno por la voluntad "que sean efectivas".
