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Sociedad  /  Vivienda 20/01/2022

Nuevo acuerdo político para recuperar la ley antidesahucios tumbada por el TC

El nuevo texto mantiene la obligación para los grandes tenedores de ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables que estén okupando, según la PAH

3 min
El Gobierno  tiene a punto la nueva ley antidesnonaments

BarcelonaNuevo paso adelante para recuperar la ley antidesahucios catalana. ERC, JxCat, los comuns y la CUP han llegado finalmente a un acuerdo para sacar adelante un borrador de consenso y cerrar la ponencia conjunta donde se renegociaba esta cuestión, tumbada por el Tribunal Constitucional. Ahora falta que el texto pase a comisión parlamentaria –previsiblemente la primera semana de febrero–, donde todavía se podrán hacer más aportaciones, y finalmente al pleno del Parlament, donde se dará el aval definitivo al texto.

Se trata del segundo intento para sacar adelante una norma catalana que limite los desahucios –y en la cual la mayoría de partidos estén de acuerdo–, sobre todo en los casos vulnerables, después de que hace ahora un año el Constitucional anulara por unanimidad el decreto de medidas urgentes impulsado en diciembre del 2019 por la Generalitat. Esta norma preveía que los grandes tenedores estaban obligados a ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables, incluso cuando estaban en una situación de ocupación irregular (sin pagar el alquiler). El PP la recurrió al alto tribunal y los magistrados argumentaron que la forma correcta para articular el texto tendría que haber sido una ley, no un decreto.

Un primer intento fallido

Después del recurso, el junio pasado los movimientos sociales por la vivienda –que fueron los promotores de la medida– ya negociaron un primer intento de proposición de ley para rehacer la norma esquivando los puntos más polémicos y llegar de nuevo a un acuerdo. Pero después de anunciarlo –y cuando solo faltaba un mes para la fecha de aprobación prevista–, el grupo parlamentario de Junts per Catalunya presentó siete enmiendas que, según la PAH, "debilitaban los alquileres sociales obligatorios y difuminaban la mayoría parlamentaria inicial para aprobarla", hecho que provocó un nuevo bloqueo. Junts reclamaba que se compensara a los propietarios y se acotase la definición de gran tenedor y las condiciones para acceder a un alquiler social. Ahora, cuand el nuevo texto llegue a la comisión, habrá que ver la posición del PSC. Según avanzó ayer El Periódico, fuentes socialistas han afirmado que el último texto redactado entre los grupos que proponen la ley "se acerca mucho" a algunas de sus enmiendas.

La reacción de la PAH

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha avalado las negociaciones y el contenido de la ley, celebra que ERC, Junts, la CUP y los comuns hayan llegado a un nuevo consenso. "No tenemos ninguna duda de que la nueva ley, que parará miles de desahucios en todo Catalunya, saldrá adelante y se aprobará", aseguran. "Seguiremos atentas hasta que se apruebe y, después, exigiremos que se aplique desde el primer día al 100%", han advertido en un comunicado.

Según los portavoces de la PAH, que han tenido acceso al texto, la nueva ley antidesahucios recupera algunos puntos clave, como la obligatoriedad para los grandes tenedores (bancos y fondos buitre) de ofrecer un alquiler social para las familias vulnerables, incluso las que no son titulares de un alquiler (es decir, las que viven okupando por necesidad, y pueden acreditarlo, desde antes del 1 de junio del 2021), y también las renovaciones obligatorias de los alquileres sociales de los grandes tenedores cuando lleguen a su fin para evitar los llamados desahucios invisibles . Además, según la plataforma, se consiguen "nuevas mejoras", como por ejemplo la ampliación de la definición de gran tenedor, que incluirá a personas jurídicas con más de 10 viviendas; la duración de los alquileres, en sintonía con lo que diga la ley de arrendamientos urbanos (la LAU); el control de las ofertas de alquiler social también por parte de la Generalitat, y la elaboración de un registro de grandes tenedores para velar por el cumplimiento de la ley y la aplicación de posibles sanciones.

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