Banca
Economía 13/07/2022

El impuesto a la gran banca sacude el Íbex-35

El gobierno español espera recaudar 3.500 millones en dos años a través del tributo

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CaixaBank

MADRIDLa promesa electoral que el PSOE hizo en 2018 –si bien después se desdijo de ella– ahora sí que será una realidad, o como mínimo así lo ha asegurado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. ¿El motivo? La necesidad de paliar el incremento de los precios y repartir los daños. Así, a partir del 2023, el ejecutivo pondrá en marcha un impuesto extraordinario y temporal (durará dos años) a las grandes entidades financieras. Con este nuevo tributo, el gobierno español estima recaudar 1.500 millones de euros al año, es decir, 3.000 millones hasta 2024.

Si bien el anuncio de Sánchez ha sido recibido con entusiasmo por parte del socio minoritario de la coalición, Unidas Podemos, que ya en su momento había pedido una figura así, no ha caído en tanta gracia al sector bancario, que acto seguido se ha desplomado en la bolsa. ¿Por qué ahora? El argumento de Sánchez para dar luz verde a este tipo de impuesto es el encarecimiento del dinero, que castiga a las familias endeudadas, pero no los bancos. Es decir, la inminente subida de los tipos de interés se traducirá en un balón de oxígeno para las entidades financieras: la materia prima que venden es el dinero y la subida de tipos lo revaloriza de manera automática. Por lo tanto, crecerán sus márgenes comerciales. Además, el anuncio de Sánchez coincide con la intención del Banco Central Europeo (BCE), que ha abierto la puerta a un tributo similar.

A pesar de que la decisión del BCE no llega hasta julio –los tipos subirán un 0,25% y se espera una segunda subida en septiembre–, se da por hecho que se traducirá en miles de millones de beneficios extraordinarios para los grandes bancos. Analistas del Financial Times sostenían que el incremento de tipos podría dar lugar a ganancias adicionales de hasta 24.000 millones. A su vez, la gran banca en España ha estimado que un aumento de un punto porcentual de los tipos se traduciría en más de 3.100 millones de euros, según avanzó Cinco Días.

Si bien todavía quedan por conocer algunos detalles de la medida fiscal, en particular cómo se aplicará, fuentes del ministerio de Hacienda explican al ARA que afectará las compañías financieras con una cifra de negocio alrededor de los 1.000 millones de euros. El impuesto se empezará a recaudar en 2023, pero el impacto será sobre el ejercicio fiscal del año anterior, es decir, sobre el ejercicio de este 2022.

Caída en bolsa

El anuncio de Sánchez se ha traducido en una caída de los principales bancos del Íbex-35, algunos más de un 10% en un primer momento. Las entidades más afectadas han sido CaixaBank, con una caída del 7,75%; el Banco Sabadell (6,9%), Bankinter (5,49%), el BBVA (5,39%) y el Banco Santander (4,67%). En reiteradas ocasiones, las entidades han esgrimido que en los últimos años han convivido con los tipos de interés más bajos de la historia (han estado al 0% desde 2016). Esto ha limitado su capacidad de ganar dinero con el negocio bancario (que surge de la diferencia entre lo que paga la entidad financiera para obtener dinero y lo que cobra para dejarlo a empresas o familias). Ahora bien, esto no quiere decir que el sector financiero pase hoy por un mal momento. De hecho, ha disparado sus beneficios solo dos años después del inicio del covid-19 fruto de otros negocios y de sus filiales en el exterior, y en plena oleada de despidos masivos y cierre de oficinas. Desde la Asociación Española de la Banca (AEB) han criticado la "improvisación jurídica" de un anuncio que "distorsiona" el mercado.

Con todo, la subida de tipos de interés se notará, seguro, en España. El negocio que acaparan las principales entidades financieras en el Estado son hipotecas, créditos a las empresas o préstamos al consumo, de forma que el aumento de los tipos por parte del BCE llevará a las entidades a subir sus propios tipos sobre estos productos, cosa que se traducirá en la mejora de su margen.

Impuesto a las energéticas

Pero esta no ha sido la única figura fiscal que el ejecutivo ha anunciado. Con la prórroga del plan de choque económico por la guerra, Sánchez ya anticipó un impuesto al sector energético (eléctricas, gasistas y petroleras) para rebajar el precio de la factura de la luz. El gobierno estudia una medida similar a la que aplica Italia y que busca gravar los beneficios extraordinarios obtenidos el 2022 y el 2023 (también sería un impuesto temporal que estaría en vigor el 2023 y el 2024) por parte de aquellas compañías con una facturación de más de 1.000 millones de euros. El ejecutivo estima recaudar 2.000 millones de euros al año, es decir, 4.000 millones en total que se añadirían a los 3.000 de la banca. Además, el gobierno también ha anticipado 200 millones de euros para el despliegue del autoconsumo energético en edificios públicos.

Las dos figuras fiscales se registrarán como proposiciones de ley por parte del PSOE y Unidas Podemos para que entren en vigor el 2023. "Es el momento de ver el compromiso social de las grandes empresas", ha dicho Sánchez durante el debate de política general, mientras que ha insistido que "cualquier beneficio indirecto" tiene que ir a parar a la sociedad. Todo ello, sin embargo, deja otra incógnita: cómo se controlará a energéticas y entidades financieras para que los dos tributos no repercutan en los clientes.

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