Los API lamentan un daño reputacional injusto y que Catalunya sea "un laboratorio legislativo"

BarcelonaLa nueva etapa de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC) y del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI), con la reciente elección de la jurista Montserrat Junyent como presidenta, ha arrancado con un gran objetivo: construir una estrategia "común, estable y realista" para afrontar la crisis de la vivienda. "Pedimos mirada larga", ha dicho Junyent -la primera mujer que lidera la institución en más de 75 años de historia-, y ha añadido que se presentan como "colaboradores efectivos" y que procurarán "transmitir datos" en el debate. Lo ha expuesto este jueves acompañada de algunos miembros de su junta en una rueda de prensa, durante la que nada más empezar también ha lamentado la situación reputacional que atraviesa el sector: "La imagen que se transmite de colectivo no es la real".

La propuesta principal de las nuevas caras de la asociación que representa a los agentes inmobiliarios catalanes –que se dedican a intermediar el proceso de compra y alquiler de viviendas– es un "pacto transversal" con el que, dicen, quieren responder a la falta de acuerdos políticos en materia de vivienda. Y sobre todo, resolver lo que consideran que conduce al colapso: una actividad "casi enfermiza" de poner normativas. "Cuando convocas reuniones de 50 o 60 miembros, siendo la mayoría departamentos de la Generalitat, no es representativo. Somos nosotros quienes queremos interpelar", ha dicho Joan Franquesa, vicepresidente primero del COAPI de Barcelona, ​​sobre el Consejo Asesor de la Vivienda que ha puesto en marcha el gobierno catalán.

Junyent ha cargado contra la clase política catalana, a la que ha acusado de estar demasiado pendientes de la aritmética parlamentaria. "Estamos en contra de que la vivienda se constituya en un instrumento ideológico, y se coja como discurso. La vivienda es una necesidad y debemos solucionarla con independencia de la proyección política de los partidos", ha dicho. La jurista considera que estos cálculos son los que han llevado a Catalunya a convertirse en un "laboratorio legislativo experimental". Sobre la última decisión del Govern en el ámbito regulador de analizar la prohibición de las compras especulativas de vivienda, Junyent admitió que no les gusta porque "no se aclara". "Hay que dejar de centrarnos en prohibir y es necesario garantizar más", ha dicho.

Incentivos fiscales

Más allá de construir, la apuesta a medio y largo plazo que han defendido los agentes inmobiliarios como única vía para resolver la crisis residencial son los incentivos fiscales a sus propietarios. Aún así, también piden que se aumente la partida de los presupuestos del Estado en esta materia. "El corto plazo lo veo negro, muy difícil de resolver. A quien quiera poner una vivienda, se le debería poner una alfombra roja", ha dicho Guifré Homedes, vicepresidente segundo.

Los incentivos que existen ahora, como las bonificaciones para los propietarios que rebajen el precio de alquiler –pueden deducirse hasta el 90% de los rendimientos netos obtenidos del alquiler en el IRPF– les parecen insuficientes. "En una operación inmobiliaria, por cada euro que se genera, el 30% es coste tributario, se lo lleva la administración pública. Hay mucho recorrido para favorecer medidas fiscales: un IVA reducido en las viviendas protegidas o una rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), por ejemplo", ha dicho Franquesa. Ésta es la manera de evitar, dicen, que viviendas de alquiler regulado vayan al mercado desregulado, al alquiler de temporada y de habitaciones o al mercado de compraventa.

Preguntada por si la imagen del colectivo responde a las prácticas de algunas inmobiliarias que han seguido cobrando los honorarios a los inquilinos –como es el caso de Alquiler Seguro, a quien el gobierno español quiere multar con 3,6 millones de euros– o que han buscado la brecha para subir el alquiler por vías sobres que no hay consenso jurídico –como la repercusión en el precio del IPC acumulado o de el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)- Junyent ha dicho que ellos no son responsables de estos problemas de acceso a la vivienda. En este sentido, ha achacado estas prácticas a los cambios internos de funcionamiento del sector. "Muchas veces se lanzan [acusaciones a los agentes inmobiliarios] con cierta impunidad, y se les duele reputacional. Arrastramos esa imagen de denuncias inconcretas que no se traduce en una realidad. Somos la víctima fácil para culpar, a la administración ya le va bien", ha añadido.