La obligación de fichar en el trabajo cumple cinco años sin reducir las horas extras no pagadas
Sindicatos e inspectores de trabajo piden cambios en el registro horario obligatorio para controlar mejor las infracciones
BarcelonaPara muchos trabajadores españoles se ha convertido ya en una parte esencial de la rutina matutina. Sea desde casa o al llegar a la oficina, haciendo un clic rápido en una aplicación móvil o apuntando la hora de entrada en una hoja de papel de forma más rudimentaria. Hace cinco años que entró en vigor el registro horario obligatorio, una medida impulsada por el primer gobierno de Pedro Sánchez, cuando todavía era la socialista Magdalena Valerio quien dirigía el ministerio de Trabajo. Convertir en ley el hecho de fichar en el trabajo había sido una petición reiterada por parte de los sindicatos y los inspectores de trabajo para luchar contra el exceso sistematizado de horas extras no pagadas. "La introducción del registro de jornada debe contribuir a corregir la situación de precariedad, bajos salarios y pobreza que afecta a muchos de los trabajadores que sufren abusos en su jornada laboral", rezaba el texto del real decreto ley publicado en el BOE en 2019. ~ BK_SALTO_LINEA~ Un lustro después de su puesta en marcha, la iniciativa vuelve a recibir críticas de los mismos flancos, y ahora es la vicepresidenta segunda y actual responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, quien se abre a reformarla en el marco de acuerdo para la reducción de jornada. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), durante el 2023 los trabajadores españoles siguieron promediando 2,5 millones de horas extras no pagadas a la semana. Esta cifra prácticamente no se ha movido desde 2021, el primer año en que el Instituto Nacional de Estadística (INE) empezó a recoger estos datos: entonces eran 2,6 millones las horas que los empleados dedicaban de más a trabajar sin remuneración alguna.
"No es una herramienta eficaz para controlar la regulación de la jornada de trabajo", valora Teresa Marcos Buitrago, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT). Desde esta organización lamentan que, pese a tratarse de un registro obligatorio para todas las empresas, la ambigüedad del redactado dejó la puerta abierta a las irregularidades. El gobierno español permite que sea válido cualquier sistema o medio, tanto si el soporte está en papel como telemático, siempre que proporcione "información fiable, inmodificable y no manipulable a posteriori". Lo que se han encontrado los inspectores es que con los recursos actuales –de plantilla y sistemas informáticos– no pueden asegurar con toda la certeza que muchos de los registros no se hayan falseado. "A menudo no tenemos suficientes elementos para levantar un acta de infracción, a no ser que sea muy evidente, como cuando directamente no hay registro", dice Marcos Buitrago.
Así pues, defiende que a menudo los registros no reflejan la realidad de las jornadas laborales de los trabajadores y plantea una propuesta que también ven con buenos ojos el ministerio de Trabajo y los sindicatos: que la Inspección de Trabajo pueda acceder a esta herramienta de control de forma remota. "Quizá sean necesarios sistemas de verificación más vinculados a un registro oficial, con algún mecanismo de interconexión con las administraciones, como ya ocurre en otros aspectos de las relaciones laborales como las bajas médicas o las altas en la Seguridad Social", esgrime Cristina Torre, secretaria de acción sindical de CCOO en Cataluña.
El diagnóstico de Núria Gilgado, secretaria de política sindical de UGT en Catalunya, es que se han cumplido los malos presagios que ya tenía el sindicato cuando se aprobó la norma: "Creemos imprescindible una reforma del registro horario para poder hacer realmente efectiva la reducción de jornada. Se hacen muchas horas extras que no se están registrando y que, por tanto, no se están pagando”. En su opinión, también habría que cambiar el sistema actual por una fórmula que permitiera a la Inspección acceder directamente al registro de cada empresa. "Sería más efectivo y evitaría muchos de los incumplimientos", añade Gilgado.
15,5 M€ en multas
El otro elemento en el que coinciden las críticas de los detractores de la norma vigente es el régimen sancionador. Fuentes del ministerio de Trabajo constatan que en 2023 la Inspección de Trabajo llevó a cabo 35.501 actuaciones relacionadas con el tiempo de trabajo y las horas extraordinarias, que desembocaron en 14.292 infracciones. Es decir, en el 40% de las inspecciones se halló algún tipo de incumplimiento que resultó en una sanción. El total de las multas impuestas ascendió a 15,5 millones de euros y hubo 147.861 trabajadores afectados por estas infracciones.
"Francamente, el régimen sancionar no es disuasorio. Quizás para una pyme sí, pero en muchos casos la empresa prefiere pagar", apunta Josep Manel Raya, abogado, graduado social y socio del despacho DMS Legal. Sin embargo, admite que el registro ha servido para invertir la carga de prueba a la hora de acreditar las horas extras no pagadas, ya que ahora es la empresa y no el trabajador quien debe justificarse ante la justicia . El laboralista explica que en los últimos años ha llevado a los tribunales casos en los que, por ejemplo, la compañía establecía unas horas prefijadas en el registro que después no se correspondían con la jornada real de sus empleados. Sin embargo, Raya tiene dudas sobre la viabilidad tecnológica y económica –por el elevado coste de la inversión– que tendría un sistema público que conectase directamente a las empresas y la administración pública.
El registro horario obligatorio, sin embargo, sí ha tenido un beneficiario evidente: las empresas de software de recursos humanos que ofrecen este servicio. Es el caso de la catalana Woffu, que creció un 300% en el año en que entró en vigor la medida. "Desde entonces hemos experimentado un incremento sostenido y significativo y estamos contentos de poder decir que en 2024 son ya más de 300.000 usuarios los que gestionan su tiempo con Woffu", asegura Miguel Fresneda, director y cofundador de la plataforma. El directivo, que prefiere no hablar de "control horario" sino de "transparencia horaria", defiende que la obligatoriedad del registro también permite a las empresas recopilar y analizar datos que antes no tenían para incrementar así tanto su productividad como el bienestar de los empleados.
