Las trampas del vino en Catalunya

El vino aspira, cada vez más, a ser una expresión fiel de la uva y del territorio de donde surge gracias a décadas de esfuerzo para elaborarlo cada vez de más calidad. Pero este no ha sido siempre el objetivo. La historia del vino está rellena de capítulos donde se ha puesto el beneficio económico por encima de todo. Y ahora nos podemos encontrar ante un nuevo capítulo con la presunta comercialización fraudulenta de vino de la empresa Reserva de la Tierra, destapada el pasado otoño. Este posible fraude podría alcanzar la venta de entre 9 y 10 millones de botellas anuales desde 2017 y se habrían visto afectadas casi la mitad de las doce denominaciones de origen catalanas: inicialmente eran tres (Terra Alta, Montsant y DOQ Priorat) y ahora se ven afectadas dos más (Tarragona y Catalunya), según fuentes del sector vitivinícola . Estas fuentes apuntan, además, que el fraude también podría afectar otras DO del Estado .

El caso de Reserva de la Tierra, compañía con sede en les Borges del Camp (Baix Camp), parte de una denuncia de la DOQ Priorat y de las DO Montsant y Terra Alta por anomalías en los vinos que comercializaba esta empresa. La Generalitat la inspeccionó y, por otro lado, los Mossos d'Esquadra localizaron distintivos falsificados de estas DO que imitaban los originales y contenían las mismas numeraciones. El vino se destinaba a la venta en supermercados a bajo precio, pero, en el caso de las denominaciones Tarragona y Catalunya, el vino podría haber ido hacia el extranjero, según las fuentes. Un juzgado de Reus abrió una investigación por estos hechos que sigue en proceso de instrucción y, mientras Reserva de la Tierra guarda silencio, las DO defienden su tarea.

Según el presidente de la DO Terra Alta, Joan Arrufí, “la regulación y control de las DO son exhaustivos”. Si bien subraya que “el 99,9% del mundo vitivinícola es gente profesional y honesta”, también admite que “siempre hay ventanas difíciles de controlar” y mantiene que el presunto fraude de Reserva de la Tierra es “un caso aislado”.

A Xavier Pié, de la DO Catalunya, le preocupa “que se genere una sensación de que aquí todo es posible, pero no todo es posible”. Y Pilar Just, de la DO Montsant, opina que “ya era hora que hubiera alguien valiente con estas empresas que han crecido con el fraude bajo el brazo”. Just cree que se ha enviado un “aviso para navegantes: no todo vale”.

Con todo, Pié reclama un sistema más elaborado para detectar posibles fraudes, con más inspecciones de la Generalitat y también con un sector del vino que esté más encima: “Tenemos que tener la madurez suficiente para empezar a denunciar cosas que todos vemos”, explica. Dicho de otro modo, no restar impasibles cuando se puede encontrar un vino tinto reserva de DO, que tendría que haber hecho años de crianza, y que se vende a dos euros y pico en un supermercado, porque es posible que se esté ofreciendo gato por liebre. En todo caso, el posible fraude de Reserva de la Tierra ha hecho aflorar otra práctica irregular encaminada a ganar dinero, y que tiene nombre propio: la “compra de papel”. En el sector se suele hablar con la boca pequeña, pero ahora media docena de enólogos consultados por el ARA Emprenem corroboran su existencia.

En el Registro Vitivinícola de Catalunya aparece identificada cada parcela (como si fuera un DNI propio) y el papel es el volumen de kilos de uva y/o litros de vino que está permitido producir por cada hectárea. Las bodegas y viticultores tienen que declarar la uva vendimiada y el vino obtenido, pero hecha la ley, hecha la trampa.

Pongamos que, en unas parcelas donde el límite es de 8.000 kilos al año, en una se han cosechado 6.000 kilos y en otra 10.000. Quién se ha quedado corto compra aquellos 2.000 kilos de más y así el que ha producido en exceso también queda satisfecho. En el papel todo encaja. Lo mismo pasa con el vino, que cuando se compra acostumbra a ser de zonas donde sale más económico. Un enólogo -que pide no revelar su nombre- fue testigo de como una bodega declaraba que la viña había rendido al máximo autorizado, y su peor vino lo vendía a mares y compraba otro, incrementando el volumen total de vino de una añada, que acababa siendo calificado como DO. “Se habían hecho trampas”, admite.

Otros enólogos consultados hablan del movimiento nocturno de camiones con uva o vino durante la vendimia. Una vez en bodega, es muy difícil trazarlo. “Para pillar a alguien que lleva una cisterna de la Mancha necesitas muchas pruebas. A veces es más fácil hacerlo [mal] que demostrar que alguien lo hace”, reflexiona otro enólogo. Un tercero apunta que, en todo caso, las auditorías anuales han puesto más difícil el fraude, que es más factible en quien mueve grandes volúmenes. “Una bodega pequeña suficiente trabajo tiene en hacer vino y venderlo”, afirma.

La alusión a la Mancha no es casual. En las DO les consta la compra de papel, aunque Pilar Just garantiza que en la DO Montsant han acabado con esta práctica aplicando mejoras en la trazabilidad -como la geolocalización de parcelas- y, de todos modos, “el pequeño fraude que pudiera haber es ínfimo comparado con el de Reserva de la Tierra”.

Aun así, Joan Arrufí se remonta a la vendimia de 2017 para advertir de su existencia: aquel año se estimaba una bajada de la producción en Catalunya del 15% al 20% debido al estado de la viña, pero solo fue del 3%. “Algún movimiento de vino es posible que haya habido de una zona a otra”, deduce, y avisa que “donde se observa el mayor movimiento de tráfico de papel es de una zona muy productiva de España y hace falta que las administraciones, el Departamento de Acción Rural y la comisión de fraudes empiecen a hacer algo al respecto”. Se refiere a la Mancha, la gran viña de Europa y proveedora de vino a grandes cantidades. Fuentes del sector relatan que incluso se envían contenedores de vino en barco a países de otros continentes.

El secretario de Alimentación de la Generalitat, Carmel Mòdol, defiende que el presunto fraude de Reserva de la Tierra “no es un caso de referencia de las prácticas vitivinícolas en Catalunya, y menos del sistema de las DO”. Su departamento -Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural- se encarga de inspeccionar el vino mientras está en la bodega, pero admite que les faltan inspectores: desde 2008 hay una docena para más de 4.000 empresas agroalimentarias, entre las cuales más de 600 bodegas. Ahora bien, se actúa con un calendario anual de inspecciones aleatorio y se reacciona a denuncias. En el periodo 2017-21 han desembocado en 47 expedientes sancionadores, 12 de los cuales el año pasado, motivados por no llevar bien los registros o carencias en la trazabilidad o el etiquetado.

A pesar de que reconoce que la compra de papel es un aspecto que flota en el aire, asegura que no han recibido nunca ninguna denuncia. “Estaría agradecido que algún día llegara alguna para salir de esta espiral”, asevera, y también ve “plausible” el aviso de Arrufí sobre la llegada de vino de otros territorios. De cara al futuro, se prevé crear un organismo que coordine la inspección con Seguridad Alimentaria y Consumo, así como aplicar tecnología blockchain , para tener un mayor control desde el campo a la mesa.

Los fraudes no dejan de ser una vieja historia, mucho más tolerada cuando no existían normas ni DO, que nacieron el siglo XX justamente para poner orden. Era habitual hacer vinos a la carta, como muestra el semanario Acció publicado en Vilafranca del Penedès en 1928, tal como lo ha recopilado Raimon Soler Becerro, doctor en historia por la UB. Con la creación de la DO Rioja, el uso de este nombre quedó limitado a los vinos del territorio homónimo, y el rotativo apuntaba una solución que todavía hoy puede resultar familiar para atender toda la demanda: “Pronto lo tendrían arreglado porque ya saben el camino. Comprarían vino en el Penedès o en la Mancha, harían los coupages convenientes y lo etiquetarían con el nombre de Rioja”.

En esta manera de hacer tuvieron un papel destacado los almacenistas, dice Soler Becerro. “Una práctica muy habitual era preparar un vino a petición de quien hacía el pedido”, relata. Él mismo trabajó en los años 80 en una bodega del Penedès donde acudía un camión “que cargaba 3 o 4 bocoyes de albariño” y se lo llevaba como si fuera gallego. Esto también lo explica el escritor Santi Borrell en el libro La vinya i el vi del Penedès 1850-2018. A finales de siglo XX se extendió el embotellamiento, pero muchos almacenistas se transformaron en empresas industriales. “Fue un cambio de modelo, sin apostar por la alta calidad y el prestigio”, dice.

El presunto fraude de Reserva de la Tierra se ha destapado cuando menudean las críticas ante el funcionamiento de las DO, las cuales se reivindican con el impulso de nuevas medidas de calidad. La última, los distintivos de la DO Montsant para evidenciar quién elabora el vino y de dónde viene la uva: viticultor-elaborador, elaborador-embotellador y comercializadora . Este último se corresponde a empresas que hacen como Reserva de la Tierra y que venden vinos hechos por encargo. El presunto fraude ha ayudado a desvanecer las reticencias de algunas bodegas al nuevo etiquetado. “Es muy importante que todo el mundo se venda tal como es. ¿Por qué tenemos que esconder cosas?”, dice Pilar Just, y añade: “El vino catalán solo será si somos capaces de aportar transparencia y rigor”.

Con todo, hay voces que piden cambios estructurales. Un punto de inflexión han sido las multas a bodegas fuera de DO, como Dasca Vives, para etiquetar los vinos con el nombre de su municipio, una prerrogativa exclusiva de las DO en el territorio donde actúan. El mismo Mòdol tiene “dudas más que razonables” sobre la existencia de esta norma, de carácter europeo, puesto que considera que “las DO tienen que seducir para que se entre”. Mientras tanto, más de un centenar de bodegas catalanas se solidarizaron con los afectados y de aquí ha surgido el Gremi de Vinyataires Libres [gremio de viñadores libres], con medio centenar de inscritos. “Nos sentimos atacados a pesar de que pagamos nuestros impuestos”, dice el viticultor Rubèn Parera, que pide que sean tratados en pie de igualdad con las bodegas con DO. El gremio tiene el apoyo de una de las enólogas con más prestigio de Catalunya, Sara Pérez, que aboga por repensar las denominaciones y hacer que quepa todo el mundo, adaptándolas a los nuevos tiempos. “Más que poner nuevas normativas, hace falta una revisión”, defiende Pérez, y emplaza al consumidor a informarse. “Tenemos un problema si alguien que ha venido al Priorat e intuye el precio de coste de la uva paga 7 euros por una botella”, razona. Con este importe es difícil que salgan los números cuando el vino surge de los derechos costers del Priorat.