Los (quizás) últimos presupuestos del Estado sin reglas fiscales
Alemania se ha mostrado abierta a reformar las normas fiscales, que la Comisión Europea discutirá este otoño
MADRIDLos de 2023 –si salen adelante– pueden ser los últimos presupuestos generales del Estado aprobados sin reglas fiscales europeas (y también españolas). "Pueden", porque de hecho estas normas ya tenían que volver el año que viene, o esta era la intención inicial de la Comisión Europea. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha obligado a Bruselas a cambiar sus planes y a prorrogar, de nuevo, la suspensión temporal de las reglas fiscales, aprobada excepcionalmente con la pandemia del covid-19. Ahora, el año marcado en rojo en el calendario es el 2024. Pero la incógnita es si el pacto fiscal volverá tal como se conocía o si la Comisión Europea decidirá tocar unas reglas del juego que, a ojos de algunos países, no pueden ser ni homogéneas ni tan estrictas como hasta ahora.
Tener estas reglas fiscales suspendidas ha implicado dejar en stand-by el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo y, por lo tanto, los objetivos de déficit y deuda públicos. Esto ha ayudado a los gobiernos a no tener que estrecharse el cinturón a la hora de pensar en el gasto, más en un contexto de crisis. Desde el momento en el que Bruselas activó la llamada "cláusula de salvaguarda" los países podían incumplir las normas.
Ahora bien, conscientes de que esta barra libre se acabará –así lo ha dicho la Comisión Europea– los Estados miembros no han dejado de pensar en la "prudencia fiscal", a la cual tantas veces ha hecho referencia la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la hora de diseñar las cuentas públicas. Por eso, los presupuestos del Estado para 2023 estarán marcados por la "responsabilidad presupuestaria". Como explicaba este diario, el techo de gasto aprobado por el Gobierno español es de "récord", pero "no impedirá reducir el déficit". El motivo: si se ajusta el gasto al contexto inflacionista actual, este es menor.
La Unión Europea, sin embargo, también tiene claro que no quiere repetir los estragos que provocó, sobre todo en la periferia, mirar con lupa estas normas después de la crisis financiera de 2008 y la posterior crisis de deuda que afectó a la zona euro entre 2010 y 2014. Bruselas tiene intención de abordar el debate este otoño y allanar el camino para 2024. España, uno de los países más golpeados por el diseño de estas normas fiscales, encabeza la lista de Estados miembros que no quieren volver a las pautas del pasado. Paradójicamente, ha encontrado un socio tradicionalmente opuesto en materia económica: los Países Bajos. De la mano, pedirán más flexibilización.
Ahora bien, quien también se ha mostrado abierto a negociar la reforma del pacto fiscal es Alemania. Un gesto poco menor si se tiene en cuenta que todavía hoy resuena el "es necesario dejar de vivir por encima de las posibilidades de cada uno" que Angela Merkel pronunció en 2011. Entonces, la cancillera alemana lanzaba un aviso, precisamente, sobre el peligro, a ojos de Berlín, de que algunos países no cumplieran con las reglas fiscales. Históricamente, el país germánico siempre ha sido muy beligerante con la estabilidad fiscal. De hecho, Merkel apostaba por poder llevar a los Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no cumplían con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo. Pero ni aquel gobierno ni mucho menos el contexto son lo que ahora marca Alemania.
La coalición liderada por el partido socialdemócrata, con los verdes y los liberales como socios, ha hecho pública una propuesta de modificación de las reglas. Por un lado, asumen que los requisitos sobre la reducción de la deuda pública pueden comportar más "ajustes" de la cuenta para algunos países. Es decir, austeridad en aquellos donde la deuda pública está mucho por encima de lo que fijan las normas. A la vez, sin embargo, el gobierno de Olaf Scholz deja claro que "la flexibilidad tiene que ir de la mano de unos límites claramente definidos y mecanismos mejorados para hacer cumplir las normas", arranca el texto.
Déficit del 3% y deuda del 60%
¿Qué dice el pacto fiscal europeo? Este limita al 60% del producto interior bruto (PIB) el nivel de endeudamiento que puede acumular un estado de la UE, mientras que el déficit tiene que ser como máximo del 3% del PIB anual. En estos momentos, España, como otros muchos países, está incumpliendo estos límites. El Estado cerró en 2021 con un déficit del 6,8% del PIB. El Gobierno calcula que este 2022 caiga hasta el 5%, mientras que lo sitúa en un 3,9% en 2023 y en un 3,3% en 2024. No sería hasta 2025 que quedaría por debajo del 3%.
La brecha, sin embargo, entre lo que dicen las normas europeas y lo que pasa en el Estado la marca la deuda pública. Según las últimas previsiones del Gobierno central, este se mantendrá por encima del 100% del PIB hasta 2025, que llegaría al 109,7%. En el año 2021 el Estado acabó con una deuda pública del conjunto de las administraciones del 118,4% fruto del gasto para hacer frente a la pandemia. Queda por ver, pues, si estas últimas crisis modificarán, o no, unas normas que hace 30 años que se diseñaron y que de hecho siempre han estado en el punto de mira de algunos economistas, especialmente los de tendencia más progresista y favorables a un papel más intervencionista del Estado sobre la economía.
