Las organizaciones por los desaparecidos de la dictadura resisten la embestida negacionista de Milei

Buenos AiresDurante la última dictadura civicomilitar en Argentina (1976-1983) el terrorismo de estado implementó un plan sistemático de desaparición de la disidencia: normalmente, jóvenes de izquierdas que eran detenidos arbitrariamente, encarcelados y sometidos a torturas y ejecuciones. Entre estas personas, había embarazadas que parían en cautiverio y sus bebés eran entregados a matrimonios del ámbito militar que no podían tener hijos biológicos. Mientras, en la calle, las madres de los jóvenes detenidos buscaban a sus hijos, y algunas a sus nietos. “A mi hija se la llevaron embarazada de siete meses, mi nieto debería haber nacido, queremos saber dónde están”, dice con desesperación una mujer con un pañuelo blanco en la cabeza, rodeada de otros como ella, empujadas por la policía, en un vídeo que se proyecta en uno de los antiguos centros de detención de la ciudad de Buenos Aires, reconvertido en museo de la memoria. La imagen, en blanco y negro, narra el surgimiento espontáneo en los años 70 de dos organizaciones que han sido y son claves en la lucha por los derechos humanos en Argentina: las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Claudia Poblete Hlaczik (46 años) es una de las 133 limpias restituidas por la organización de abuelas argentinas: cuando sólo tenía ocho meses fue secuestrada con su padre y su madre y trasladada a un centro de detención, donde un militar ordenó a su madre que le entregara la niña y le prometió que la llevaría con su abuela. En lugar de eso, la entregaron al teniente coronel Landa y su esposa: “Me criaron como si fuera su hija biológica durante casi veintiún años”, explica Poblete en el ARA. Claudia se crió con el nombre de Mercedes en un hogar de rectitud, estudiando en un colegio de monjas y con unos padres que “se escandalizaban” cada vez que quería saber por qué eran tan grandes: “Me daba vergüenza cuando me preguntaban si eran mis abuelos”, reconoce. Eran los años 80, “la época de la impunidad total” en Argentina, y en casa Claudia se malhablaba de las “viejas locas de la Plaza de Mayo”, que supuestamente querían “vengarse de los militares y que, al al fin y al cabo, tenían la culpa de haber criado mal a sus hijos”, recuerda: “El discurso con el que me crié se parece mucho a lo que sostienen ahora nuestros gobernantes”.

Iniciativas del gobierno Milei

Ya en campaña, Javier Milei prometía acabar con el “negocio de los derechos humanos” en Argentina. Para fortalecer esta posición eligió como compañera de fórmula a la vicepresidenta Victoria Villarruel, hija de un militar de la época que ha pasado gran parte de su vida militante por la impunidad de los represores. Villarruel, que visitaba a Videla en prisión y que sostiene que lo ocurrido en aquellos años fue una “guerra” entre dos bandos, ha cargado repetidamente contra destacados personajes de Madres y Abuelas, como la presidenta de las abuelas, Estela de Carlotto, al que considera "un personaje siniestro" de la historia argentina. Juntos, Milei y Villarruel han alimentado el negacionismo e incluso la reivindicación de la dictadura entre la sociedad, que resulta que no reunía un consenso tan homogéneo en torno a los principios de memoria, verdad y justicia como se pensaba. De las palabras, el gobierno ha pasado a la acción con la retirada de la financiación de organismos de derechos humanos, el despido de trabajadores y el abandono de espacios de memoria, y las amenazas a la continuidad de dos instituciones clave por el proceso de reparación de las víctimas: la unidad de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha cuestionado que Conadi –que funciona bajo el ala del ministerio de Justicia– tenga acceso a los legajos de los efectivos de las fuerzas de seguridad: “No expondremos datos personales de los miembros de nuestras fuerzas por caprichos políticos de un organismo militante”, dijo, y argumenta que estos casos sólo deberían poder investigarlos jueces o fiscales. Claudia Poblete asegura que, en más de treinta años de funcionamiento del organismo, "nunca ha habido filtraciones ni la información se ha usado de forma incorrecta, y justamente el organismo ha servido para reducir las labores del poder judicial". Todavía no está claro qué acabará pasando con Conadi, pero lo que sí se ha logrado frenar ha sido el desmantelamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, el archivo público de información biológica que, mediante pruebas de ADN, ha ayudado cientos de personas –como Claudia– a restituir su identidad. El BNDG peligraba con la aprobación de la Ley Bases, pero finalmente la presión en la Cámara de los Diputados forzó al gobierno a garantizar su continuidad.

Claudia lamenta que los organismos de derechos humanos tengan que vivir bajo la amenaza constante con este gobierno, pero tiene presente el legado de las madres y las abuelas, que es “buscar la verdad y la justicia, no la venganza”. Como miembro de la comisión directiva de Abuelas, resalta la importancia de garantizar su relevo generacional: está convencida de que la embestida negacionista “pasará”: “Hay que seguir trabajando para encontrar los más de 300 limpios y limpias que todavía nos faltan ”.