El desafío polaco eclipsa la crisis energética en la cumbre europea

BruselasHasta última hora de este miércoles, diplomáticos y asesores del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, estuvieron discutiendo si incluir o no a Polonia y su desafío a la estructura jurídica de la Unión Europea en la agenda de la cumbre que se celebra este jueves y viernes en Bruselas. Entre los gobiernos que preferían evitarlo está el español, porque había conseguido colocar de manera prioritaria la crisis energética después de semanas de llamamientos e iniciativas en Bruselas para buscar soluciones conjuntas a la escalada imparable de precios. Finalmente, sin embargo, hay gobiernos mucho más interesados en enfrentarse al reto que implica la sentencia polaca que en abrir el melón de la reforma energética, que ha acabado perdiendo protagonismo. 

Fuentes gubernamentales españolas confesaban este miércoles que la Moncloa era contraria a abordar el debate para que no monopolizara la cumbre, pero los acontecimientos han caído por su propio peso. La sentencia del Constitucional polaco ataca el esqueleto jurídico de la Unión y el tono desafiante del primer ministro Mateusz Morawiecki en el frente a frente que mantuvo el martes en Estrasburgo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no ayuda. El mandatario ultraconservador cargó contra el “centralismo” y los dobles estándares de las instituciones y apuntó de manera indirecta a los Países Bajos, acusándoles de paraíso fiscal. El gobierno de Mark Rutte ha sido precisamente uno de los que ha insistido más en debatir. 

En la práctica no se esperan decisiones, pero el debate político puede ser encendido si recordamos el precedente de la cumbre en la que el mismo Rutte acabó invitando a Hungría a marcharse de la UE por las leyes homófobas impulsadas por Viktor Orbán. La cuestión es que gobiernos como el neerlandés quieren mandar un mensaje más contundente del que Bruselas ha mantenido hasta ahora. La Comisión está analizando la sentencia y está a punto para activar el mecanismo que permite congelar fondos europeos ante vulneraciones del estado de derecho, pero fueron los mismos gobiernos europeos los que acordaron no activarlo hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolviera un recurso presentado por Hungría y Polonia, que consideran el instrumento ilegal.

Los socios europeos son conscientes de este acuerdo, pero algunos creen que Bruselas tendría que marcar territorio y decir claramente a Polonia todas las medidas que se emprenderán una vez se haya resuelto el caso en el tribunal de Luxemburgo. Otros gobiernos, como el alemán o el español, cierran filas con la Comisión, prefieren esperar la sentencia y creen que el Consejo no ha de tener ningún papel. 

La crisis energética

Donde tampoco hay nada de consenso pero también se espera un debate como mínimo vivo es sobre el papel que tiene que tener Europa ante la escalada de precios de la electricidad en el mercado mayorista común. El bloque que lidera España tiene claro que hay que ir más allá de lo que menciona el actual borrador de conclusiones de la reunión, donde solo se hace eco de las medidas presentadas por la Comisión Europea, e insta a Bruselas a explorar medidas a medio y largo plazo sin mencionar directamente las compras conjuntas de gas o la reserva estratégica que propone España.

El gobierno de Pedro Sánchez no está satisfecho y presiona para extender la sensación “de urgencia” a un problema que otros gobiernos consideran temporal o coyuntural. Sánchez se reunirá a primera hora bilateralmente con Michel y después con Von der Leyen. Fuentes comunitarias califican el debate de “muy complejo” y reiteran que las posiciones son muy diversas. Países como Francia se aferran a la vertiente más geoestratégica del debate y apuestan para desvincular el precio de la luz del del gas y buscar más autonomía estratégica. Otros aprovechan para cargar contra las políticas verdes, mientras que otros defienden que el sistema actual funciona a la perfección. 

Todo ello en una cumbre que también aprovechará para revisar las restricciones de movimiento por la pandemia ahora que ha aumentado la tasa de inmunizados, para facilitar el transporte a los vacunados y adecuar los criterios a la nueva situación.