El periodismo se la juega esta semana

La justicia británica empezará a decidir este jueves si acepta los argumentos de Julian Assange por no ser extraditado a Estados Unidos, donde se enfrenta a una posible sentencia de 175 años de cárcel. Es su última oportunidad para evitar ser juzgado según una ley de espionaje que, de forma inédita, sorprendente e injusta, quiere utilizarse para amenazar a quienes facilitan el acceso de la ciudadanía a información opaca. Las filtraciones que publicó Wikileaks evidenciaron varios crímenes de guerra contra civiles, por los que nadie fue jamás procesado. En cambio, está a punto de convertirse en dolorosa realidad aquella vieja máxima que, contra las noticias incómodas, lo mejor que se puede hacer es matar al mensajero. Y no es sólo de manera metafórica: las condiciones de privación de libertad a las que ha sido sometido Assange han sido terribles, su salud mental ha declinado agudamente, según los que han podido verlo, y este enero incluso tenía una costilla rota de tanto toser por la enfermedad respiratoria que ha contraído. Y eso en suelo británico: no cuesta mucho imaginar que si es enviado a Estados Unidos se le aplicará el régimen más duro disponible.

No es sólo Assange quien se enfrenta a una semana crucial. También lo tiene el periodismo, este reto, porque el poder está atacando uno de los eslabones fundamentales de la cadena que permite, en esta era de información cerrada con cerradura y cerrojo, abrir una rendija a través de la que fiscalizar a las administraciones. Recordemos, además, que ninguno de los periódicos que publicaron todos aquellos documentos asociándose a Wikileaks ha sufrido ninguna consecuencia legal, porque sería impopular ir contra la prensa. Es más fácil ir contra el individuo, catorce años después y cuando el mundo ya lo ha olvidado casi. Pero es un escarmiento que, en el fondo, afecta al periodismo y, por tanto, también a los ciudadanos.