Los 132 policías y guardias civiles candidatos a la amnistía por las cargas del 1-O

BarcelonaLas cargas de los agentes antidisturbios de la Policía Nacional y la Guardia Civil del 1 de octubre del 2017 acabaron con más de 900 personas heridas y unas imágenes de brutalidad policial que dieron la vuelta al mundo. Seis años después de los hechos todavía no se ha registrado ni una sola condena. Los pocos casos que se han juzgado han terminado con absolución y las grandes causas o bien se han archivado o siguen pendientes de juicio. Hay 132 agentes –algunos de ellos mandos a pie de calle durante la jornada del referendo– que siguen procesados e investigados. Una futura ley de amnistía para las causas del Procés como la que se discute ahora podría cambiar su situación. Pero la gran pregunta es si los policías del 1-O deberían formar parte.

Y la respuesta no es unánime. El abogado Lluís Maria Anglada –que representa al exalcalde de Dosrius y un concejal lesionados por algunos de los 46 agentes investigados por las cargas en este municipio y que al mismo tiempo también están imputados por desobediencia y resistencia a la autoridad– asegura que “la ley de amnistía, nos guste o no, debe ser bilateral porque es necesario respetar la "equidad" entre todas las partes. El abogado entiende que todos los procedimientos judiciales relacionados con el 1-O deben estar afectados por la amnistía.

Por el contrario, para la entidad de derechos humanos Irídia –que ejerce de acusación popular contra los 45 policías nacionales procesados por las cargas en diferentes escuelas de Barcelona y de particular en el caso de los 5 procesados por las lesiones a Roger Español– el tipo de delito que se atribuye a los agentes es clave. Aunque todavía no hay escrito de acusación, el abogado y portavoz de la entidad, Andrés García Berrio, argumenta que todos los procesados cometieron un delito de torturas o contra la integridad moral y recuerda que el derecho internacional "establece que este tipo de delitos deben quedar fuera de cualquier proceso de amnistía. De hecho, García Berrio considera que la causa por las cargas policiales del 1-O, "aunque se ha dilatado mucho", es una de las investigaciones "por vulneraciones de derechos humanos más importantes de las que se han hecho hasta ahora".

"No es una pipa de la paz"

También Òmnium Cultural, que ejerce la acusación popular en la mayoría de las causas por las cargas del 1-O, recuerda que la amnistía es "un instrumento político –y no judicial– del que dispone un estado de derecho para enmendar la vulneración de derechos fundamentales". "No podemos equivocarnos: la amnistía no es una pipa de la paz entre dos bandos, porque estos dos bandos no existen, sino el de los que ejercieron derechos y el de los que los reprimieron", aseguran fuentes de la entidad.

Más allá de cómo afecte a una futura amnistía las causas por la violencia policial del 1-O, Òmnium recuerda que, a pesar de los "numerosos requerimientos" de diferentes organismos internacionales y ONGs, "seis años más tarde el estado español todavía no ha impulsado ninguna investigación efectiva" por las cargas durante la jornada del referendo. "Ha sido la sociedad civil organizada quien ha tenido que forzar esta investigación y la apertura de causas judiciales contra los policías y sus mandos, ejerciendo de acusación popular", insisten desde la entidad.

De las grandes causas por las cargas del 1-O las dos que están más cerca del juicio son la de Barcelona y Gerona. Hace dos semanas la Audiencia de Barcelona confirmó el procesamiento del escopetero que vació el ojo a Roger Español con un balón de goma, junto a tres miembros de la cadena de mando de la Policía Nacional a pie de calle y uno quinto agente por otras lesiones. El juzgado de instrucción 7 de Barcelona también procesó a otros 45 policías por las cargas en diferentes escuelas y abrió la puerta a que no solo fueran acusados de lesiones sino de torturas y atentado contra la integridad moral. En ambos casos, todavía no existen escritos de acusación.

Tampoco en el caso de las cargas en Girona, con 28 policías nacionales procesados por lesiones y daños leves, y Aiguaviva (un guardia civil procesado). En Lleida también debe señalarse fecha de juicio para un policía nacional para quien Òmnium pide 3 años de cárcel y una indemnización de 33.075 euros.

Recursos en el Constitucional y en Europa

En los juzgados de Manresa se llegaron a abrir cinco causas por las cargas en Callús, Castellgalí, San Juan de Vilatorrada y Fonollosa. Sólo la causa contra tres guardias civiles por una detención ilegal en este último municipio sigue viva. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) ha admitido el recurso presentado por vulneración de derechos fundamentales en la causa de Callús y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) valora otro por el operativo policial en el Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, según fuentes de Òmnium. En cambio, tanto el TC como el TEDH tumbaron los recursos para el caso de Castellgalí.

También está pendiente de recurso, pero en la Audiencia de Tarragona, el caso de las cargas en el pabellón municipal de la Ràpita, que implica a 14 guardias civiles , entre ellos un capitán del cuerpo. El abogado de los lesionados, Josep Canicio, considera que han "pagado la lenta tramitación" que sufren esta y otras muchas causas penales a causa del colapso judicial. Hasta ahora la Audiencia de Tarragona siempre se ha pronunciado en favor de investigar el caso hasta el final.