Las Cortes Valencianas aprueban una ley que blanquea el franquismo

ValenciaPrimero Aragón y ahora la Comunidad Valenciana. Este jueves el pleno de Les Corts ha aprobado con los votos del PP y Vox la llamada ley de concordia, que equipara la Segunda República con el franquismo y que elimina la condena de la dictadura y la represión fascista. La norma deroga la de memoria democrática del anterior ejecutivo progresista y ha salido adelante pese a las críticas de la ONU y las entidades memorialistas, que le han calificado de "gran acto de negacionismo y desprecio a las víctimas".

Las asociaciones confían en que la ley valenciana tenga el mismo recorrido que su gemela aragonesa, después de que el Tribunal Constitucional la suspendiera cautelarmente a petición del gobierno español, que también ha anunciado que recurrirá la norma valenciana. El revés judicial fue contestado rápidamente por el ejecutivo aragonés, que hace unos días aprobó un plan de concordia que reconoce "todas las víctimas de la violencia ideológica" sin mencionar específicamente el franquismo ni la Guerra Civil.

Aragón y la Comunidad Valenciana son sólo el primer paso del plan del PP y Vox: tras el parón veraniego llegará el turno del debate de normas equivalentes a Extremadura, Castilla y León y las Islas Baleares, que ya ha iniciado la tramitación parlamentaria. Lo hizo en un pleno en el que el presidente del Parlamento, Gabriel Le Senne, de Vox, arrancó y rasgó un cartel con fotografías de mujeres asesinadas por la dictadura.

La ley valenciana reprocha al preámbulo las "ingerencias, coacciones y restricciones" de "la legislación memorialística" porque, asegura, implica "la intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles" y "limita la libertad de cátedra de los historiadores" si su trabajo "no se ajusta a la interpretación sectaria" de determinados partidos políticos. El articulado equipara "todas las víctimas" entre "en 1931 y nuestros días", sin denunciar el golpe de estado que propició la Guerra Civil. De hecho, reconoce específicamente a "las víctimas de la Segunda República y del terrorismo". La norma incluye también el derecho de "la exhumación y la identificación de las personas desaparecidas", pero no concreta si promoverá o financiará estas actuaciones, tal y como hacía el anterior gobierno valenciano.

"Culminación de una infamia"

En el debate previo a la aprobación de la ley, la diputada del PP Marisa Gayo destacó que la norma amplía la legislación actual y reconoce a las víctimas del "antisemitismo, el antigitanismo y la islamofobia". El discurso del representante de Vox, David Muñoz, fue más polémico: afirmó que durante la Segunda República "no se evitaron los desmanes y el terrorismo". Las palabras de Gayo y Muñoz las ha contestado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, que ha calificado la votación de "culminación de una infamia" dado que la ley "blanquea el franquismo, iguala las víctimas con los verdugos y vulnera los derechos fundamentales y humanos de las víctimas de la dictadura y la Guerra Civil".

Como el PSPV y Compromís, en un informe con fecha del 30 de abril, la ONU denunció que la norma aragonesa, calcada a la valenciana, "invisibiliza las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista". También lo cree el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, para quien la ley hace "uso fraudulento" de la palabraconcordiay supone una "gran operación de blanqueo del fascismo".