En la prehistoria del Proceso estaba la financiación. Y en la posthistoria, también. Es la otra gran partida política que siempre ha estado latente, que no ha dejado de estar presente todos estos años. El fuerte desequilibrio endémico entre lo que Cataluña aporta al conjunto del Estado y lo que recibe es una realidad incontestable, aunque en función del método de cálculo de las balanzas fiscales –flujo de beneficio o flujo monetario– el resultado es malo o muy malo. Esta situación que se arrastra desde hace décadas ha lastrado y lastrado el progreso económico, los servicios sociales y las infraestructuras del país. Cataluña aporta más que muchas zonas, pero, en cambio, después del reparto de impuestos, recibe menos que otros territorios que menos aportan.
Junto al llamado derecho a decidir (autodeterminación), la financiación es el otro reto al que es necesario encontrar una solución pactada inaplazable. El independentismo creció y se hizo fuerte en la denuncia del maltrato fiscal, un maltrato que, sin embargo, está reconocido en distinta medida por casi todos los actores políticos catalanes. De hecho, este mismo fin de semana pasado el presidente español, Pedro Sánchez, prometía que si Salvador Illa (PSC) se convierte en presidente de la Generalitat habrá más autogobierno, una promesa que no se entendería sin más recursos. De hecho, en diferentes etapas los socialistas catalanes han liderado intentos de mejorar la financiación, en especial durante el tripartito con Antoni Castells como conseller de Economia, en 2009. Desde ese intento, aunque la ley obligaba a revisarla en 2014, no ha habido cambios. Y el problema se ha enquistado.
El gobierno de la Generalitat ha presentado ahora una propuesta de nueva financiación que, al estilo del concierto vasco o navarro, incluye la recaudación de todos los impuestos y, en paralelo, una cuota de solidaridad con el resto de comunidades autónomas y una transferencia al Estado. Recuerda mucho el pacto fiscal que en el 2012 el entonces presidente Artur Mas, con un amplio apoyo parlamentario (el documento también contaba con el aval parcial del PSC), ofreció al gobierno español del PP y fue rechazado sin matices. "No existe autonomía real sin autonomía financiera", afirma ahora la consellera Natàlia Mas, para quien se trata tanto de una "reivindicación histórica" como de una "necesidad de primer orden". Más de una década después, la desigualdad fiscal se mantiene y los argumentos son clónicos.
Elsistema actualsólo da a la Generalitat la capacidad para recaudar unos 4.900 millones de euros en tributos propios (como patrimonio o sucesiones y donaciones), es decir, un 9% de todos los impuestos que pagan los catalanes. El resto lo recauda la Agencia Tributaria estatal y, posteriormente, el ministerio de Hacienda transfiere a las autonomías algunos tributos cedidos y el 50% del IVA y el IRPF, que en total suman unos 25.600 millones. El resto del dinero recaudado, unos 21.400 millones, se queda en las arcas del Estado.
No cabe duda de que el contexto electoral que ahora arranca no ayudará en una eventual negociación. Pero tampoco se debe seguir aplazando sine die el problema, no es nada recomendable para nadie. Gobierne quien gobierne en Catalunya a partir del 12-M, debe ser una prioridad.
