Primer juicio para frenar una muerte digna: Noelia quiere la eutanasia, su familia no

BarcelonaEl derecho a una muerte digna está en manos de los tribunales por vez primera. Este martes, en Barcelona, ​​se ha vivido un juicio inédito en todo el Estado. La eutanasia de Noelia, una joven de 24 años que tiene paraplejía, cuenta con el aval de la comisión de expertos que se encarga de valorar las peticiones para esta prestación, pero está en suspenso desde el 1 de agosto por orden judicial. Su padre, asesorado por el grupo Abogados Cristianos, llevó a los tribunales la eutanasia tres días antes de que le fuera administrada y el proceso está paralizado a la espera de la decisión judicial definitiva. Ante la juez, la joven reiteró su deseo de tener una muerte digna y denunció coacciones de su entorno para que se echara atrás. Según fuentes jurídicas consultadas por el ARA, la joven ha explicado que algunas compañeras del centro de menores en las que había sido tutelada a partir de los 13 años le ponían en la habitación estampillas, cruces y símbolos religiosos.

Con todo, Noelia ha reafirmado su voluntad de recibir la eutanasia, ha dicho que hace mucho tiempo que la pide y que nunca ha dudado, pese a que se ha encontrado con la oposición de la familia.

La joven está ingresada en un hospital residencia de Sant Pere de Ribes a raíz de una lesión medular provocada por un intento de suicidio en el 2022. Ella también ha tenido que declarar en el juzgado, a petición de la Fiscalía ya pesar de la oposición de la Generalitat, que defiende la comisión de expertos. La vista se realizó a puerta cerrada, una decisión que se tomó con la intención de proteger la intimidad de la joven.

También han comparecido en el juzgado contencioso 12 de Barcelona una decena de testigos, sobre todo médicos de diferentes especialidades que han tratado a la chica en los últimos años. Todos han avalado la eutanasia porque se ha acreditado que tiene las capacidades mentales para decidir libremente y cumple los requisitos que fija la ley: un sufrimiento físico y psíquico constante, expresado como intolerable y sin pronóstico de mejora.

¿La familia puede intervenir?

El debate de fondo que deberá resolverse con este caso responde a una pregunta que no se previó con la ley de eutanasia del 2021: ¿la familia de una persona adulta que ha pedido la eutanasia está legitimada para impedirla a los tribunales?

Tras la vista, las partes implicadas tienen cinco días para enviar sus conclusiones al juzgado, donde se posicionarán sobre cómo quisieran que la sentencia resuelva el caso. Además de Abogados Cristianos y la Generalitat, también enviará su escrito la Fiscalía, que hasta ahora no se había pronunciado, si bien en agosto fue partidaria de suspender provisionalmente la eutanasia y esperar al juicio para evitar un daño irreparable.

En noviembre, en un caso idéntico que se resolvió a través de un auto, otro juzgado consideró que un hombre no estaba legitimado a intervenir ante la petición de su hijo de recibir la eutanasia. Tanto aquella resolución como la que se derive de la vista de este martes –que se publicará en los próximos días– pueden llegar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) si alguno de los implicados recurre. De hecho, el colectivo Abogados Cristianos ya ha advertido de su intención de llevar el caso al TSJC y, en su caso, al Tribunal Supremo, ya la justicia europea en caso de que la sentencia no cumpla sus pretensiones.

Ocho meses de espera

En el caso de Noelia, la chica expresó su voluntad de acogerse a la muerte asistida ante un notario, y los forenses han acreditado que es capaz de decidir sobre su vida. Su petición recibió la luz verde de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el órgano formado por médicos, juristas, enfermeros, trabajadores sociales y psicólogos que se encarga de validar o tumbar las peticiones de eutanasia.

El padre de la chica abrió el camino a los juzgados con una demanda contra este órgano. Los argumentos que ha presentado el letrado de Abogados Cristianos se basan en que los antecedentes psiquiátricos de la hija invalidan su voluntad, una perspectiva que se ha contrapuesto a los argumentos de la Generalitat, que defiende la decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación. Los 19 miembros de este órgano validaron por unanimidad la petición el pasado julio. La joven lleva casi ocho meses esperando recibir la muerte asistida.

"Anular" la ley en los tribunales

La Asociación Derecho a Morir Dignamente se ha pedido "si la ley que determinadas fuerzas políticas no pudieron detener en el Congreso ahora quiere anularse mediante los tribunales", y advierte que podría tratarse de un "abuso de derecho, ya que podría equivaler a entorpecer de forma fraudulenta la aplicación de una ley". También hizo hincapié en el sufrimiento que puede suponer la judicialización de estas peticiones para quien ya se le ha aprobado la prestación, y en que antes de aprobarse una petición de eutanasia es necesario el visto bueno de diferentes médicos a través de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña.

Una de las vocales de esta comisión es la jurista especialista en bioética Núria Terribas, que también es directora de la Fundación Víctor Grífols y vicepresidenta del Comité de Bioética de Catalunya. "Es una cruzada ideológica, la última persona en la que piensan es ella", valora en declaraciones al ARA sobre el caso de Noelia. Defiende que la única persona con legitimidad para impugnar una resolución sobre la eutanasia es la propia paciente; por eso la ley sí prevé que el afectado pueda recurrir a la justicia si la comisión deniega su petición. Otro aspecto de ese caso que para Terribas merece una "crítica severa" es el tiempo de espera que está suponiendo el procedimiento judicial. "¿Dónde queda el derecho que reconoce esta ley si cualquiera puede paralizar esto durante meses?", se pide.

"La persona tiene derecho a rechazar un tratamiento médico, sea cual sea"