La Moncloa consolida España como séptimo exportador mundial de armas

BarcelonaHay un sector de la economía española que no sufre tanto las crisis: la industria militar. Hace una década que España forma parte del top 10 de los países que más armas exportan en el mundo, un lugar muy por encima de su capacidad económica o de su peso político mundial. Según el último informe del Stockholm International Peace and Research Institute (SIPRI), publicado hace dos semanas, ocupa la séptima posición en el ranking mundial de exportadores de armas en el periodo 2016-2020, solo por detrás de las grandes potencias militares del planeta: los Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, China y el Reino Unido. En 2018 se situó en quinto lugar. En los últimos años, un 3,2% de todas las armas que se han vendido en el mundo fueron fabricadas en España, con las correspondientes autorizaciones para comercializarlas del gobierno de Madrid. Las exportaciones de armas made in Spain se han disparado un 295,4% entre 2010 y 2019. Todo un negocio que crece en la opacidad, amparado en la Ley de Secretos de Estado.

De Narcís Serra a Pedro Morenés

¿Cómo ha podido la industria militar española situarse en los últimos años en un lugar tan preponderante en el mercado mundial? La respuesta, como tantas otras cosas, se tiene que buscar en la Transición. “El primer gobierno socialista, con Narcís Serra de ministro de Defensa, consideró que una manera de democratizar el ejército español era situarlo cerca de sus homólogos europeos, y esto se podía hacer implicándolo en contratos de investigación y producción. Y además la economía se podía beneficiar de ello”, explica al ARA Tica Font, investigadora del Centro Delàs de Estudios por la Paz.

La maquinaria se puso en marcha entonces, pero cogió velocidad de crucero después del batacazo económico de 2008-2009, cuando Pedro Morenés (que había sido directivo de Construcciones Navales del Norte y de la empresa paneuropea de misiles MBDA o de Instalaza, la firma de Zaragoza que fabricaba bombas de dispersión, hoy prohibidas) ocupó la cartera de Defensa del primer gobierno de Mariano Rajoy. “La industria militar se había implicado en proyectos muy costosos incentivada por el gobierno, y con la crisis se encontraron que no podrían mantener las ayudas y créditos públicos. Entonces el gobierno optó por “compensar” a los fabricantes de armas ayudándolos a exportar a otros países”, añade Jordi Armadans, de Fundipau. Las amistades peligrosas de la monarquía española con sus homólogos del Golfo, y en particular Arabia Saudita –que hace algunos años que protagoniza una carrera armamentista para situarse como actor regional de primer orden en el Oriente Próximo–, han hecho el resto.

La secretaría de Estado de Comercio, de quien depende el control de las exportaciones, justifica la posición de España como país exportador de armas argumentando que "alrededor del 80% del valor de las exportaciones realizadas corresponde a aeronaves que son acopladas o modificadas en España y en que participan otros miembros de la UE y países terceros en el marco de programas de cooperación". En cuanto al apoyo financiero que la administración da al sector, se limita a señalar que "las exportaciones de material de defensa y seguridad están incluidas en el ámbito de actuación de los instrumentos tradicionales como el Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española". El sector da trabajo a 21.000 personas y factura cada año 6.200 millones de euros, un 0,5% del PIB, según el gobierno.

Una gran cartera de compradores

¿Y quién compra armas españolas? Según las últimas estadísticas oficiales, que corresponden al primer semestre de 2020, el 71% de las exportaciones de material de defensa se destinaron en países de la OTAN (incluida Turquía), que en muchos casos corresponden a proyectos militares conjuntos de la UE, que intenta armonizar los 27 ejércitos de los estados miembros para que puedan actuar de manera conjunta. El resto se vendieron a Arabia Saudita, Kazajistán, los Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Omán. El gobierno, que tiene que autorizar todas las exportaciones, paralizó la venta de sistemas de control y lanzamiento de misiles para fragatas en Birmania, aplicando los acuerdos europeos. También se exportó material policial y de seguridad a Togo, Túnez, Portugal, los Estados Unidos y Francia, y lo que se conoce como material de doble uso (que puede tener un uso civil pero también militar, como sensores y software), de nuevo en Arabia Saudita, los Estados Unidos y China. En la última década se han acelerado las exportaciones a Asia y al Oriente Próximo, dos zonas del planeta que viven una auténtica carrera armamentista.

Una de las claves del éxito de la industria militar española es la diversificación, lo que le permite ofrecerse a muchos países: desde los socios de la UE con alta capacidad tecnológica (Bruselas prevé en su presupuesto de los próximos años subvencionar las compras conjuntas de armas para facilitar la homogeneización de los ejércitos) hasta otros países con un bajo índice de desarrollo. Se fabrican desde aviones hasta munición, simuladores y programas informáticos.

Los contratos más substanciosos son los de los aviones de Airbus que se fabrican en Madrid y las fragatas de Cádiz, que en los últimos años han estado marcados por la polémica por los grandes contratos firmados con Arabia Saudita que, a diferencia de socios europeos como Italia, Alemania y Francia, el gobierno español ha decidido mantener a pesar del escándalo del asesinato del periodista Jamal Kashoggi o las evidencias de crímenes de guerra cometidos por el ejército saudí en Yemen. Entre 2010 y 2019 España vendió material de defensa en Arabia Saudita por valor de 3.736 millones de euros. Unas exportaciones que, según han denunciado ONGs en la campaña Armas Bajo Control, vulneran la legislación –el tratado internacional de 2014, por la posición común europea de 2008 y la ley española de 2007, un entramado legislativo producto de la presión de los movimientos pacifistas–, que pone énfasis en que no se pueden exportar armas a países donde haya indicios que se utilizarán para vulnerar los derechos humanos. En sus informes han alertado que entre el 15% y el 25% de las exportaciones de armas españolas son cuestionables desde este punto de vista.

Escopetas de caza y munición

Sin embargo, también hay contratos menos importantes en términos económicos que son preocupantes. Uno de los ejemplos es Ghana, que ha importado municiones y armas de caza fabricadas en España por valor de 38,2 millones de euros durante la década pasada. “Ni que toda la población de Ghana se pasara el día cazando se podrían gastar tantas armas y tanta munición. Parece bastante evidente que lo que hacen es reexportarlas a otros países, y esto no se está controlando”, advierte Font.