La negociación de la ley de amnistía y la investigación sobre la persecución del independentismo que por primera vez comienza a abrirse paso son dos caras de la misma moneda. Están estrechamente atadas. La primera es necesaria en función de la realidad de una justicia parcial y ad hoc. Y la segunda, es decir, que eventualmente se pueda demostrar el peso del lawfare –no de la ley– que cayó sobre los políticos y ciudadanos implicados en el Proceso, reforzará el sentido de la misma amnistía que están pactando PSOE, ERC y Junts.
El hecho de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón maniobre para saltarse la futura amnistía, retorciendo interpretaciones como la significación de Tsunami Democrático, refuerza y condiciona este vínculo. Ahora mismo, los negociadores independentistas de la ley de amnistía buscan una fórmula que impida que la absurda acusación de terrorismo –basada en la muerte accidental de un turista francés– que el juez asigna a la movilización del aeropuerto de El Prat suponga la exclusión de los implicados en el Tsunami y en los CDR. García-Castellón juega al gato y al ratón con los legisladores.
La amnistía no es más que un nuevo paso más para desjudicializar el conflicto. Pero, como puede verse, hay tribunales que se resisten. La justicia sigue intentando condicionar la política, con magistrados que actúan a remolque y con la complicidad de la derecha y la ultraderecha, y con el eco de su corazón mediático. Ya lo dijo Aznar en diciembre: que todo el mundo, desde su sitio, actúe para frenar la amnistía, que considera una línea roja. Todo vale a la hora de intentar evitar afrontar políticamente la tozuda realidad, la realidad de una Cataluña donde el soberanismo, pese a la derrota del Proceso, sigue teniendo un amplio apoyo, y una realidad que en España ha dado paso a una plural mayoría gubernamental, que ha devuelto a las instituciones a la senda del diálogo y la negociación.
Sin embargo, algunos, como si el Estado fuera suyo y ellos fueran los únicos intérpretes autorizados de España, se empeñan numantinamente en negar la reintegración del independentismo en el juego político parlamentario. Si por ellos fuera, ya no habría habido indultos ni ahora amnistía. La cárcel era su apuesta revanchista, y quienes han buscado y buscan pasar página, tanto con los presos como con los exiliados, son unos traidores. Éste es el discurso del PP y Vox en Madrid, Barcelona y Bruselas. Sin concesiones, por supuesto con el independentismo, pero tampoco con las izquierdas españolas que pactan. De alguna forma, la derecha y la ultraderecha han pasado de la operación Catalunya –la guerra sucia del estado profundo contra el Proceso– a la operación frenar la amnistía.
Ante esta nueva operación, es relevante la respuesta de la Fiscalía de Catalunya al anunciar que abre diligencias para indagar la guerra sucia del gobierno de Rajoy, aunque sólo sea en el caso concreto de las supuestas maniobras de la policía para investigar al ex fiscal jefe de Catalunya Rodríguez Sol. Un primer paso que no debería quedarse aquí. Hay mucha suciedad antidemocrática que destapar.
