Justicia

Plan de choque contra los suicidios en las prisiones y las agresiones a funcionarios

El departamento de Justicia incorporará a 111 profesionales a los que formará específicamente en las dos materias

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El patio de la cárcel de Brians 1 en una imagen de archivo

BarcelonaEn lo que va de año cinco internos se han quitado la vida en las cárceles catalanas o mientras estaban de permiso o en tercer grado, un dato que mejora sustancialmente el récord de conductas autolíticas que se registró el año pasado, con 14 suicidios , 13 de ellos en el interior de los centros penitenciarios, y 154 tentativas. Sin embargo, el departamento de Justicia ha puesto en marcha un plan de choque que supondrá la contratación de 111 profesionales formados específicamente para prevenir tanto este tipo de conductas como las agresiones a funcionarios penitenciarios, que también habían registrado un repunte en los últimos años. Se trata de una "apuesta histórica", en palabras de la consejera de Justicia, Gemma Ubasart.

Los nuevos profesionales se incorporarán a los centros penitenciarios en marzo del próximo año, después de pasar por una formación específica. La idea es que integren un equipo multidisciplinar, con un psicólogo y un educador para cada centro penitenciario especializados en ambas conductas. En el caso de la prisión de Brians 1 (el centro de referencia para el ingreso de presos preventivos del área de Barcelona), serán dos psicólogos y dos educadores. También se reforzarán los técnicos especializados en el régimen de aislamiento. También se suma personal de tratamiento interno, así como técnicos especialistas en vigilancias y prestaciones. El nuevo modelo parte de una experiencia piloto que ya se ha testado en el centro penitenciario de Quatre Camins, donde hay un psicólogo y un educador especializados en la materia.

A pesar de la mejora de los datos este año, el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó, ha recordado que la pandemia ha acentuado el incremento de las problemáticas de salud mental entre la población penitenciaria. En 2021 ya se actualizó el protocolo contra los suicidios (elaborado conjuntamente con el departamento de Salut). El nuevo plan implica dar un paso más en la misma dirección. "Había que romper la tendencia", ha insistido también Ubasart.

Una cuarentena de agresiones graves

Una parte de los nuevos profesionales también se especializarán en la prevención de las agresiones al personal penitenciario, uno de los caballos de batalla de los sindicatos, que hace tiempo que denuncian un aumento progresivo de la agresividad en los centros penitenciarios y una falta de medios para hacerlo hay frente. El pasado año se registraron una cuarentena de agresiones graves a profesionales de las prisiones y 330 de carácter leve.

La idea es que los nuevos profesionales trabajen en diferentes enfoques para intentar prevenir y reducir este tipo de ataques. "Las conductas violentas son la consecuencia, no la causa, que es sobre lo que es necesario intervenir", ha puntualizado Calderó. Se trata de un cambio de política respecto al refuerzo de las medidas de contención en las prisiones que había introducido Junts els dos primers anys al frente de la conselleria, ahora en manos de ERC. La anterior consejera, Lourdes Ciuró, modificó la circular de la anterior consejería republicana, que pretendía limitar al máximo las contenciones en prisión.

Ahora ERC recupera los cimientos de esa circular. En este sentido, Calderó ha recordado que el objetivo es conseguir "cero contenciones" en los centros penitenciarios y sustituir este tipo de intervenciones por otras "estrategias alternativas", como el uso de celdas acolchadas, aunque todavía no se han testado. Tampoco se ha probado el uso de esprays por parte del personal penitenciario, uno de los últimos acuerdos que el departamento había firmado con los sindicatos de funcionarios de prisiones. Calderó ha dejado claro que estos sprays están previstos en el reglamento general de las cárceles, pero el departamento no ha "querido aplicarlos nunca", y ha recordado que su utilización está pendiente de evaluación y protocolo. "No los pondremos en marcha si no es con garantías absolutas de seguridad para los internos y profesionales", ha dicho.

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