Hace dos cursos, el 66% de los profesores de las universidades públicas catalanas tenían un contrato temporal, mientras que en el resto del Estado la media de temporalidad en el sector universitario no superaba el 16%. Cataluña es la segunda comunidad con más profesores universitarios temporales del Estado, sólo por detrás de Baleares. Poner fin a esa persistente anomalía se había convertido en un clamor universitario. No sólo para los afectados de la precariedad laboral, sino por lo que suponía de degradación de la docencia. Los falsos profesores asociados se habían convertido en una enquistada realidad vergonzosa.
El anuncio realizado este jueves por la consejera Núria Montserrat y la ministra Diana Morant marca un punto de inflexión para resolver este agujero negro del sistema universitario catalán. El compromiso adoptado, para el que existe una previsión presupuestaria compartida por Generalitat (40% del coste) y Estado (60%), consiste en que antes de acabar el curso 2027-28 las universidades públicas de Cataluña incorporen 1.168 plazas de ayudante doctor. Serán pues profesores a tiempo completo con un contrato de seis años de duración, que serán contratados a través del Programa María Goyri de incorporación de talento docente y de investigación.
De hecho, el acuerdo responde a la obligatoriedad marcada por la nueva ley universitaria española (LOSU), impulsada por el entonces ministro Joan Subirats, de reducir las tasas de temporalidad, tan exageradas en el caso catalán por la figura de muchos asociados y sustitutos que se habían convertido en mano de obra barata. Para los párrocos de los siete centros beneficiados, se trata de un giro histórico largamente anhelado. Pero tal y como advierten los propios rectores, la renovación de las plantillas deberá realizarse con cuidado para asegurar la transmisión de conocimiento de un notable grueso de profesorado que entró en las universidades en las décadas de los años 70 y 80 del siglo XX y que ahora se está jubilando. Durante demasiados años, el acceso de nuevo profesorado titular ha quedado bloqueado, por lo que no se ha producido el necesario relevo generacional. La medida ahora adoptada debe propiciar, pues, un imprescindible rejuvenecimiento.
Sin embargo, este salto adelante no será por sí solo la panacea. El funcionamiento de las universidades pide más cambios, mayor flexibilidad en la gobernanza y la gestión para atraer talento e impedir que se vaya. La reciente noticia sobre el hecho de que 300 investigadores de alto nivel, venidos de fuera, hayan quedado colgados sin contratación tras ser captados por el programa María Zambrano, demuestra que hay mucho que rectificar. No sólo se trata de crecer presupuestariamente, que también –el objetivo declarado por la consellera es llegar al 1% del PIB–, sino también de subir el nivel general: atraer a los mejores profesores y alumnos, encontrar más y mejores mecanismos de transferencia del conocimiento a la sociedad, encontrar el equilibrio entre las modalidades presencial y online, así como el equilibrio entre investigación y docencia. Hay mucho trabajo por hacer.
