El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha movido ficha este lunes para intentar reconducir la aprobación de la ley de amnistía, que en estos momentos está bloqueada por Junts. La oferta del presidente español es cambiar la ley de enjuiciamiento criminal para limitar la duración de las instrucciones judiciales y así evitar abusos como los que estamos viendo con los casos de Tsunami Democrático en la Audiencia Nacional o el caso Volhov en Barcelona. Se trata de una propuesta que busca no tener que tocar el texto de la ley de amnistía en la dirección que pretende Junts, que quiere ampliar las excepciones a los delitos de terrorismo y traición, porque el PSOE considera que entonces no pasaría el filtro del Tribunal Constitucional y de la justicia europea. Esta es una línea roja de Sánchez, que quiere una ley "100% constitucional" y no tener que pasar por el trance de que el TC tumbe alguno de sus artículos. de la voluntad de llegar a un acuerdo que permita poner en marcha el proceso de aprobación de la ley y también encauzar la legislatura. Ahora el balón está en el campo de Junts, que deberá responder a la propuesta y también valorar si le conviene atrincherarse en una posición de máximos o abrirse a alguna fórmula intermedia entre la posición que defiende y la del PSOE.
Ahora es la hora de la negociación discreta y de ser capaces de encontrar puntos de encuentro que permitan tejer una fórmula en la que todo el mundo pueda sentirse cómodo. La propuesta de limitar las instrucciones es interesante, pero cabe subrayar que el PSOE revirtió la reforma que en ese sentido había hecho el PP, y que en su momento buscaba que las investigaciones judiciales sobre casos de corrupción no se eternizaran. Asistimos, pues, al enésimo cambio de opinión de Sánchez, siempre dispuesto a buscar rendijas que acerquen el acuerdo.
La solución, sin embargo, podría estar más en la redacción de la misma ley, tal como apuntaba este domingo el ARA el negociador de Sumar, Jaume Asens. Se trataría de delimitar aún más la definición de terrorismo para que quede claro que debe haber habido voluntad de matar y no simplemente de "alterar la paz pública". De esta forma quedaría claro que todos los procesados por el Proceso entrarían dentro de la amnistía sin tener que estar pendiente de las decisiones de un juez concreto.
En los próximos días veremos si es posible sacar adelante un acuerdo que es primordial para la sociedad catalana y que debe permitir pasar página de una de las etapas más negras de la democracia española, en la que los poderes del Estado, y en especial el judicial, consideraron que tenían barra libre para reprimir al movimiento independentista. Por eso es importante que todo el mundo sea consciente de su responsabilidad, de lo que está en juego, y, sobre todo, de que las cosas se pueden volver a torcer en cualquier momento si la derecha y la ultraderecha española llegan al poder.
