El Síndic reprocha "laxitud" en la supervisión del preso que mató a la cocinera de Mas d'Enric

BarcelonaUn informe del Síndic de Greuges critica "cierta laxitud" en la supervisión del preso que asesinó a la cocinera de la cárcel de Mas Enric, en el Catllar (Tarragonès), y que después se suicidó. El documento que ha avanzado Catalunya Ràdio concluye la actuación de oficio del Síndic a raíz de la muerte de Núria el 13 de marzo, y reprocha que el preso recuperara el puesto de trabajo en la cocina pese a su perfil. El hombre cumplía una condena de 12 años por asesinar a una prostituta, y había sido sancionado en la cárcel por agredir a otro interno. Sin embargo, cuando mató a la cocinera no había llegado a cumplir los once días de aislamiento ni hizo ningún tratamiento. El Síndic cree que no se podía prever el asesinato, pero que es necesario valorar mejor el acceso de los presos a los puestos de trabajo.

La cocinera coincidía con el preso que la asesinó unos ocho días al mes y habían trabajado juntos en los períodos de febrero de 2018 a octubre de 2019 y de mayo de 2020 a noviembre de 2023, cuando él fue apartado por una falta. Según la secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, no consta ningún incidente previo ni queja de la cocinera sobre el preso.

En cambio, fuentes sindicales aseguran que Núria había elevado una incidencia por una discusión entre ellos y porque "no le gustaba su comportamiento". El Síndic no da por esclarecida esta comunicación en su informe, y fuentes de Justicia insisten en el ACN en que no se elevó ninguna denuncia o queja al respecto.

El Síndic reconoce que no sabe qué programas de intervención debería haber seguido el preso, pero señala que al menos debería haber hecho el específico de delitos violentos (DEVI). El interno firmó la disconformidad para hacerle alegando que "había muerto el único amigo que tenía, que no tenía a dónde ir, y que cumpliría toda la condena trabajando para ahorrar un dinero".

A raíz del asesinato de la cocinera de Mas de Enric, el Centro de Iniciativas por la Reinserción (CIRE), que es la empresa pública que contrata a los presos, empezó a aplicar medidas de seguridad diferentes y se han hecho cambios por ser más estrictos y poner más atención en el perfil del interno, recuerdan fuentes de Justícia.

Huelga "ilícita, abusiva o ilegal"

Otro informe del Síndic también señala a los sindicatos de prisiones por las protestas que supusieron el bloqueo de los centros tras el crimen, con las consecuencias que supuso para los internos, las familias y los funcionarios. Ve "comprensible la indignación y la inquietud del personal", pero recuerda que las protestas "no pueden afectar ni vulnerar a los derechos de las personas internas".

En este sentido, en el documento recordó que la huelga sin preaviso comportó que más de 4.000 personas presas vivieran un "confinamiento forzoso que afectó a su rutina diaria". El Síndic considera que "esta situación puso en peligro la convivencia en los centros", y valora que la huelga "puede ser considerada ilícita, abusiva o ilegal".

Durante los días en que los centros se mantuvieron cerrados por las protestas, los presos hacían vida dentro de las celdas. Durante ese tiempo, sólo se registró un incidente en la cárcel de Lledoners, una agresión entre internos que supuso el aislamiento provisional de los implicados.