A votar en plena pandemia
BarcelonaFinalmente no ha habido sorpresa y se ha confirmado la noticia: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en una decisión insólita de la cual el lunes conoceremos la argumentación jurídica, deja sin efecto el aplazamiento de las elecciones y obliga a votar el 14 de febrero. Recordemos que la decisión ya fue avanzada en un auto que aceptaba las cautelarísimas, y en el que cuatro de los cinco jueces destacaban que había un "interés público intenso" en hacer las elecciones para no alargar la provisionalidad. Será interesante ver si el lunes desarrollan este argumento, que fue muy criticado, o si pasan de puntillas por encima.
Porque aquí el núcleo de la cuestión es si, en un contexto excepcional como el que marca la pandemia, un Govern que no ha agotado la legislatura, y con el consenso de la mayoría de partidos, puede decidir, en función de unos informes de las autoridades sanitarias, aplazar unos meses las elecciones para no poner en riesgo a los ciudadanos. No se trata, además, de una medida excepcional. La aplicaron los gobiernos de Euskadi y Galicia el año pasado y acabamos de ver ahora cómo se han aplazado elecciones regionales francesas hasta junio y también en Turingia, en Alemania. Y el pasado domingo se celebraron unas elecciones presidenciales en Portugal que batieron el récord de abstención: solo votaron cuatro de cada 10 electores. Por lo tanto, el contexto y los antecedentes refuerzan los argumentos del Govern a favor del aplazamiento.
El pronunciamiento del TSJC, además, distorsiona la responsabilidad de las administraciones. Hasta ahora los ciudadanos juzgábamos a los cargos públicos por su gestión de la pandemia. Pero ¿qué pasa cuando una determinada decisión la toma la justicia? ¿Ante quién pueden reclamar responsabilidades los ciudadanos? Es evidente que los tribunales tienen que velar por los derechos fundamentales, pero aplicando el sentido común y respetando el papel de cada uno.
En todo caso ahora ya no vale la pena lamentarse, porque las elecciones serán el 14-F. Ahora ya solo hace falta que el Govern ponga todos los medios para que las elecciones sean el máximo de seguras y que los partidos hagan una campaña lo suficientemente atractiva como para que los ciudadanos se sientan interpelados y acudan a las urnas. El hecho de que la campaña sea telemática, sin grandes actos multitudinarios, tendría que jugar a favor de la profundidad en el intercambio de ideas. Los ciudadanos tienen derecho, y más en un contexto de pandemia, a conocer con exactitud cuál es la propuesta política de cada uno, tanto para resolver el conflicto entre Catalunya y España como para reconstruir la economía y superar la actual crisis.
Sería importante también que la justicia tampoco interfiriera en la política penitenciaria de la Generalitat y respetara la concesión del tercer grado a los presos políticos. Si ya es una injusticia su encarcelamiento, todavía lo es más evitar que puedan tener el mismo trato que el resto de presos y, en este caso, participar en la campaña electoral en igualdad de condiciones. Lo contrario sería confirmar que después de aplicar el derecho penal del enemigo se aplica el derecho penitenciario del enemigo.
