Cataluña alcanza los 8 millones de habitantes con una tasa de fecundidad por debajo de 1,20. En 2021, las previsiones más optimistas del Idescat proyectaban la consecución de este hito para 2025. De todo ello se deduce que los retos en materia de inclusión son ya de primera magnitud. Pero, ¿cómo abordarlos?
Desde la década de los 90 el crecimiento migratorio ha estado por encima del crecimiento natural –resultante de la diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones– de la población catalana. Este crecimiento migratorio supuso en la década de los años 2000 la llegada de más de un millón de personas a Cataluña. Estos colectivos que representan a más del 16% de los catalanes en la actualidad constituyen la base de su crecimiento. Por lo que se refiere a las personas nacidas fuera de las fronteras españolas, la cifra sube hasta el 21%, aunque la percepción de la ciudadanía catalana esté muy por encima de este dato: como indica el CEO, con la excepción de los votantes de la CUP, el resto de simpatizantes de los partidos con representación en el Parlament creen que esta cifra está por encima del 30%. La sobredimensión en la percepción de la realidad alóctona lleva a pensar a más del 55% de la opinión pública catalana que estos colectivos "tienen los derechos que deben tener" o que "se les han concedido demasiados derechos" : 1 de cada 4 sostiene esta última afirmación.
Sin embargo, si miramos los datos sobre el acceso al mercado laboral o la capacidad económica, la realidad es otra. Mientras los mayores de 16 años con nacionalidad extranjera presentan una tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión (ERPE) del 50%, este dato se reduce a menos de 1 de cada 5 catalanes con nacionalidad española (19,5%), sin olvidar el racismo inmobiliario en el acceso a la vivienda o la falta de representación en los ámbitos de poder sociales y políticos –alrededor de 3 de cada 4 personas extranjeras carecen de derecho a voto–. Todo esto convierte a la población extranjera en diana de la extrema derecha, que con un discurso securitizador gana votos –llegando incluso a ocupar espacios de poder, como es el caso de Ripoll, con la complicidad del resto de partidos del consistorio– , sin que la población afectada tenga la oportunidad de contrarrestar esta realidad en las urnas.
La tendencia decreciente de la natalidad junto con la tendencia ascendente de la esperanza de vida obligan a las instituciones catalanas a abogar por políticas de inclusión imprescindibles para una convivencia mutuamente beneficiosa. Estas medidas deben pasar por la superación del paradigma intercultural –centrado en promover interacciones mínimas entre los colectivos autóctonos y alóctonos con una finalidad de coexistencia y sin el abordaje del racismo– que se ha demostrado contraproducente para la inclusión , y por una apuesta por la perspectiva antirracista que debe partir del reconocimiento de los agravios estructurales que sufren las personas racializadas. También es necesario elaborar, con la complicidad de los colectivos afectados, medidas valientes contra la segregación urbana y escolar, más políticas redistributivas y una mejor política lingüística capaz no sólo de atraer a nuevos hablantes sino también de revertir la tendencia de retroceso del uso del catalán tanto a pie de calle como dentro de las instituciones.
Otro frente para la inclusión es la aplicación de la perspectiva feminista en todos los ámbitos de la sociedad. En el campo laboral debe comportar la eliminación de la brecha salarial, situada en más de un 20%, y que comporta que a las mujeres no se les abonen dos meses y medio de trabajo al año.
En cuanto a la juventud, se necesitan políticas paliativas de la elevada tasa de desempleo estructural. En un momento en que el paro nacional se sitúa en el 8,5%, el porcentaje en el caso de los menores de 25 años está a más del 20% –comportando, entre otras consecuencias, el retraso de la edad de emancipación –, y no por falta de formación sino por la debilidad de un mercado laboral (estatal) que lidera el ranking europeo de los países con más trabajadores sobrecalificados (34,5% en 2021 según Eurostat).
Además, los poderes públicos catalanes deben asumir el reto, en plena emergencia climática, de democratizar el acceso a un transporte público eficiente en todo el territorio, más allá de la centralidad del área metropolitana de Barcelona. Es necesario que las inversiones en este ámbito se aceleren y se traduzcan en más conexiones intercomarciales e intracomarcales, un transporte resolutivo, arraigado a las necesidades del territorio y sostenible, con el tren como apuesta principal, recuperando líneas ferroviarias desmanteladas –como el Carrilet que unía Olot a Girona– y creando otras nuevas.
Las instituciones catalanas tienen la misión de elaborar y aplicar políticas que reduzcan la fragmentación social, acercando los diferentes estamentos sociales y que se traduzcan no sólo en una mayor garantía de derechos, sino también en una mayor representatividad que pueda derivarse en un reparto más justo de los poderes político y económico. Porque presumir de una población de 8 millones de catalanes debe comportar la inclusión en todos los niveles de todas las diferencias que la componen.
