02/05/2022

Caso Pegasus: todavía es más urgente depurar responsabilidades

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, al inicio del pleno del Congreso

BarcelonaEl escándalo por el espionaje a una sesentena de independentistas catalanes ha hecho un giro inesperado este lunes con la denuncia del mismo gobierno español en el sentido que los teléfonos del presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles , también fueron infectados con el programa Pegasus. En concreto, la peritación del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, ha detectado dos extracciones de información en mayo y junio de 2021 en el caso de Sánchez, y solo en junio en el de la ministra.

La tesis de la Moncloa es que ellos son ahora también víctimas de Pegasus y que en ningún caso el autor de este espionaje ilegal es una "institución del Estado" sino un ente "externo", es decir, principalmente un país extranjero, a pesar de que también podría ser alguien que actúa sin cobertura judicial. Ante esta revelación, en que los presuntos espías se han convertido ahora en espiados, el gobierno español ha puesto una denuncia a la Audiencia Nacional, de forma que la cuestión queda ahora judicializada. Esta puede ser la excusa perfecta para desviar la atención y decir que todo está "en manos de la justicia", que puede tardar años en resolver o avanzar en la investigación. Sin ir más lejos, el caso que afecta a Roger Torrent y Ernest Maragall está encallado en un juzgado barcelonés a la espera de solicitudes de información enviadas a Israel (NSO) e Irlanda (Whatsapp).

Ahora mismo, pues, hay dos escándalos en paralelo y no sirve decir que uno anula el otro. Por un lado, tenemos un espionaje masivo a personas de un mismo ámbito ideológico, una sesentena de independentistas catalanes según Citizen Lab, pero que podrían ser muchos más. Y por el otro hay un fallo gravísimo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno español, de forma que ahora mismo hay alguien que tiene en su poder información sensible proveniente de los móviles de Sánchez y Robles. En los dos casos es imprescindible llegar hasta el fondo y depurar responsabilidades, técnicas y políticas.

Porque no es muy creíble que un gobierno extranjero esté espiando al independentismo catalán con este grado de detalle y de manera tan masiva. En cambio, sí que hay precedentes de espionaje por parte de las llamadas cloacas del Estado (el mismo excomisario Villarejo pinchaba teléfonos para sus trabajos) e incluso por parte del antecedente del CNI, el Cesid, en los 90. En este sentido, puede haber la voluntad de hacer caer a la directora del CNI, Paz Esteban, cosa que sería una maniobra para proteger la verdadera responsable política, que es la ministra de Defensa.

Robles todavía tiene que dar explicaciones por sus declaraciones en el Congreso el pasado miércoles, en que venía a justificar el espionaje. "¿Qué tiene que hacer el Estado cuando alguien vulnera la Constitución? ¿Cuando alguien declara la independencia?", dijo. Y aún más: ella, que negó toda credibilidad al New Yorker, resulta que ahora es una víctima más del espionaje. Su descrédito político y ahora también técnico es tan grande que su continuidad en el consejo de ministros afecta de manera inevitable la imagen de todo el ejecutivo y la relación con sus socios.

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