El concierto económico y la Transición

BarcelonaLa inesperada intervención del ex president Jordi Pujol en un acto organizado por el ARA con el actual y tres de los últimos consellers de Economía para hablar de la infrafinanciación de Catalunya han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre si la Generalitat dejó escapar la oportunidad de reclamar el concierto económico durante la Transición. Más allá de la responsabilidad de este o aquel representante político o la veracidad de la supuesta oferta que el gobierno de Suárez habría hecho en este sentido a Ramon Trias Fargas, lo cierto es que el concierto económico no figuraba en la agenda catalanista de la época. En la mente de los políticos catalanes de aquel tiempo había otras prioridades, como por ejemplo poner en marcha el autogobierno por la vía rápida y conseguir herramientas para poder proteger el catalán. Poca gente, con la excepción precisamente de Trias Fargas, había estudiado la cuestión de la financiación de manera seria.

Y, además, había otro factor muy importante que explica por qué las fuerzas de izquierdas, hegemónicas en el periodo 1977-1980, no quisieron hacer de él un campo de batalla. Tanto para el PSC como para el PSUC, con la figura de Josep Benet al frente, el hecho migratorio tenía una importancia capital en el discurso del catalanismo. Por lo tanto, existía una conciencia muy viva de que Catalunya tenía que ser solidaria con el resto de España. No en vano, en la década de los 60 y 70 llegaron más de un millón de personas procedentes de otros lugares del Estado que salían de una pobreza extrema. También existía el convencimiento de que Catalunya tenía que hacer de locomotora del sistema autonómico con un sistema que tenía que ser extrapolable y, por lo tanto, perdía sentido un régimen especial. Si a todo esto se suman las reticencias de importantes dirigentes de CDC al concierto para no tener que asumir el desgaste que suponía recaudar impuestos en un contexto de crisis económica, el resultado fue que el concierto no figuró entre las principales reclamaciones catalanas de la época.

Sea como fuere, lo que en su origen fue un acto de responsabilidad para facilitar el acuerdo y para mostrar el camino de la autonomía al resto de territorios, se giró en contra de Catalunya. El sistema de régimen común se acabó convirtiendo en un corsé, en un lastre que provocaba un déficit fiscal descomunal que impedía una suficiente financiación para los servicios transferidos, como la salud y la educación. Solo a través de duras negociaciones con el estado central, con el famoso peix al cove, y aprobando un nuevo Estatut en 2006 se consiguieron pequeñas mejoras que no compensaban el desequilibrio inicial.

El resultado es que Catalunya ha estado infrafinanciada durante las últimas cuatro décadas, y este fue uno de los motivos que encendieron el proceso soberanista. Lo más grave, sin embargo, es que una vez Catalunya renunció a pagar el pato con la financiación, ningún gobierno español se ha atrevido a todavía con una reforma. El sistema actual está caduco desde el 2014, y nada hace pensar en un acuerdo próximo. Visto así es una obviedad que no reclamar el concierto durante la Transición fue un error. Un error provocado por la buena fe y una solidaridad que en el Estado nunca se reconocerá.