¿Quién controla al CNI?
BarcelonaEn todos los estados, incluso los democráticos, hay una zona gris que corresponde a la actuación de los servicios secretos y hay grandes debates sobre los límites de lo que se denomina la razón de estado. Pero en todas las democracias, incluso en la española, existe un control parlamentario de sus actividades, y sus responsables tienen que rendir cuentas de lo que hacen con los fondos reservados ante una representación de diputados electos. En el caso español, el Centro Nacional de Inteligencia, adscrito al ministerio de Defensa, es el principal sospechoso del espionaje a independentistas catalanes a través del software israelí Pegasus, pero, aún así, ningún miembro del Congreso puede ejercer la función fiscalizadora que le otorga la ley porque la comisión de secretos oficiales hace tres años que no se ha constituido.
El motivo son los vetos cruzados, puesto que los miembros de la comisión tienen que ser elegidos con tres quintas partes de la cámara. Así, como la derecha no quiere votar a representantes independentistas ni la izquierda a diputados de extrema derecha, la comisión está inactiva. El resultado es que si ya es bastante difícil controlar lo que hacen unos servicios secretos, porque, como explica Joan Tardà, nunca sabes si la información que facilitan al Congreso es toda la que hay, ahora resulta del todo imposible, puesto que no hay ni siquiera la posibilidad de formular preguntas a sus responsables. El escándalo del Catalangate es suficientemente gordo para que se constituya no solo esta comisión sino para que haya una de investigación específica sobre el caso. El PSOE no se tendría que poder negar a investigar un caso de espionaje ilegal a representantes de partidos democráticos que en algún caso son socios suyos, y tendría que dar todas las facilidades para que se pueda convocar a todas las personas que puedan estar involucradas, tanto del gobierno anterior como del actual.
Si, como afirma el gobierno español, en España no se espía a nadie sin cobertura judicial, no tendría que haber ningún problema para sacar adelante la investigación. Hay que subrayar que la legislación española es especialmente garantista respecto al secreto de las comunicaciones, y que un móvil solo se puede intervenir con autorización judicial previa. Solo en casos de "bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes" se puede pinchar un teléfono sin cobertura judicial (a pesar de que lo tiene que autorizar el ministro del Interior en persona o su número dos), pero con la obligación de comunicarlo de manera inmediata a un juez, que dispondrá de 72 horas para confirmar o revocar la decisión. El CNI cuenta con un juez adscrito al Tribunal Supremo y estaría bien saber si existe o no esta cobertura judicial, y si es así, por qué motivo. Si no es el caso, como parece por el elevado número de espiados, estaríamos ante una actuación ilegal y sus responsables tendrían que ser llevados ante la justicia.
En este caso el PSOE cuenta con muy poco margen si quiere mantener la confianza de sus socios. Simplemente, tiene que responder a una pregunta: ¿quiere aclarar este caso de espionaje a la disidencia política, sí o no?
