A pesar de que era una noticia anunciada, todavía se podía pensar que la justicia buscaría la manera de evitar el trance que supone enviar a la prisión, por primera vez desde la recuperación de la democracia, a un cantante por la letra de una canción. Pero no fue así y el rapero leridano Pablo Hasél fue detenido y trasladado este martes al centro penitenciario de Ponente. Recordamos que la justicia ha considerado ilegal la letra de la canción Juan Carlos el Bobón y una sesentena de tuits por los delitos de injurias a la Corona y a las instituciones del Estado y por enaltecimiento del terrorismo (por sus referencias a ETA y los Grapo). La condena era de nueve meses y un día, pero las condenas anteriores de Hasél y su negativa a pagar la multa han acabado en una situación que es una infamia y una ignominia para cualquier demócrata: que se pueda encarcelar a un artista (al margen de la opinión que tengamos sobre su obra y su contenido) por expresar opiniones críticas con el sistema político.
Ya hace tiempo que la deriva autoritaria de la justicia española, amparándose en un Código Penal obsoleto y anacrónico, está recortando derechos tan básicos como el de la libertad de expresión o, como se vio con el 20-S o el 1-O, el de manifestación. Hasta el punto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido que recordar a España, con ocasión del caso de la quema de fotos del rey, que según la jurisprudencia europea este derecho ampara la crítica a la Corona en cualquier forma. Despacio, pues, España se va convirtiendo en una excepción en Europa, un lugar donde hay encarcelados líderes políticos y sociales por organizar un referéndum, jóvenes vascos acusados de terrorismo por un incidente en un bar con unos guardias civiles, y ahora un cantante antisistema. Y decimos que es una deriva porque a lo largo de los últimos 45 años ha habido multitud de letras de canciones mucho más ofensivas con el rey o críticas con las instituciones sin que pasara nada. ¿Por qué ahora no se tolera la crítica?
El caso Hasél ha movilizado el mundo de la cultura, que ha hecho piña como hacía años que no se veía en defensa de la libertad de expresión. En este sentido, resulta significativo que el Liceu, y también el resto de las principales instituciones musicales del país, se hayan puesto junto al rapero. En Madrid incluso el PSOE se ha dado cuenta en los últimos días de que esto es una auténtica barbaridad y ya ha anunciado que quiere introducir cambios en el Código Penal. Si lo hacen, sería bueno que hicieran una reforma global y eliminaran de una vez delitos obsoletos y peligrosos en manos de una judicatura cada vez más escorada a la derecha, como el de injurias a la Corona o el de sedición.
El caso Hasél demuestra que los déficits democráticos del estado español no afectan solo a los independentistas y ponen en riesgo los derechos fundamentales de toda la población del Estado. De hecho, Òmnium ya hizo una campaña en 2018, con el lema "Mañana puedes ser tú", en la que alertaba de lo que estaba pasando. Esperemos que el gobierno español entienda que cada día de Hasél en prisión es una mancha para la imagen de España y una vergüenza para la democracia. Y que actúe rápido.
